Se?ales

En los ¨²ltimos cinco a?os en promedio al d¨ªa al menos 100 personas se han ido a vivir a asentamientos irregulares en el pa¨ªs, de acuerdo con datos de D¨¦ficit Cero. Por su parte, el catastro del Ministerio de Vivienda y Urbanismo 2024 consigna que los campamentos en Chile crecieron 31,3% desde 2022, la mayor¨ªa de ellos en torno a grandes centros urbanos. La ONG Techo Chile, que desde hace a?os viene aportando datos alarmantes en este ¨¢mbito, consigna en su sitio web que desde 2010 se observa un aumento explosivo de personas viviendo en asentamientos precarios. Seg¨²n su catastro 2022-2023 el n¨²mero de familias en estas condiciones aument¨® casi 40% en unos casi 1.000 campamentos a ese a?o y que cifras m¨¢s recientes ya sit¨²an en unos 1.400.

Pero eso no es todo. El explosivo aumento de las llamadas villas miseria, favelas o barrios marginales es s¨®lo una expresi¨®n m¨¢s de una compleja realidad de contornos m¨¢s amplios, con manifestaciones que abarcan al mercado inmobiliario formal, el que se encuentra estancado desde hace a?os, en donde las altas tasas de inter¨¦s hipotecarias, las trabas al desarrollo de nuevos proyectos y el alto valor de las propiedades, entre otras cosas, explican que las expectativas ciudadanas de poder acceder a la casa propia se sit¨²en en s¨®lo 15%, cuando en 2014 eran 48% y en 2009 de 55% (seg¨²n la ¨²ltima Encuesta Bicentenario 2024 de la Universidad Cat¨®lica).

En este contexto, que ciertamente tiene muchas complejidades y un repertorio de causas muy heterog¨¦neo, el gobierno y los propietarios de un terreno tomado en el Cerro Centinela de San Antonio acordaron suspender por seis meses lo que promet¨ªa ser el dif¨ªcil desalojo instruido por la justicia de unas 10.000 personas distribuidas en m¨¢s de 4.136 viviendas irregulares dentro de un terreno de 256 hect¨¢reas. El objetivo de la autoridad al avanzar en este camino es lograr una f¨®rmula que permita a las familias organizarse en cooperativas para que, con respaldo estatal, puedan adquirir el terreno en un precio que deber¨ªa situarse en una zona intermedia entre las tasaciones del gobierno y las de los propietarios.

Desde el sector construcci¨®n, think tanks y mundo jur¨ªdico no se ha dudado en calificar el camino seguido como una amenaza al derecho de propiedad y como un precedente que podr¨ªa terminar originando problemas mayores que el que se trat¨® de amortiguar. El gobierno, en cambio, ha dicho que al buscar esta soluci¨®n ha buscado ¡°enfrentar la realidad¡±.

El punto es que, como se vio m¨¢s arriba, la realidad a la que se enfrenta la autoridad no es otra que una donde la precarizaci¨®n habitacional no ha parado de crecer a lo largo de los a?os, donde los propietarios de terrenos (e incluso de viviendas terminadas que a¨²n no se entregan) se sienten amagados y desprotegidos por el Estado de derecho y en donde las soluciones ambiguas s¨ª sientan precedentes, como lo confirma la experiencia en muchos planos.

Ejemplos pueden darse muchos, pero hay uno que probablemente resulta especialmente ilustrativo de los comportamientos que producen las se?ales de la autoridad. Es el caso del explosivo aumento que se ha observado los ¨²ltimos a?os en la morosidad de los deudores del Cr¨¦dito con Aval del Estado (CAE). Seg¨²n datos de la Comisi¨®n Ingresa, al cierre de 2024 el n¨²mero de morosos duros del CAE se duplic¨® en los ¨²ltimos cuatro a?os, per¨ªodo en el que la promesa de condonaci¨®n alcanz¨® altos decibeles en el discurso pol¨ªtico.

Sin ir m¨¢s lejos, el camino seguido en este episodio ha alimentado un intenso debate en torno a la se?al que env¨ªa la autoridad a las miles de familias en situaci¨®n irregular. De hecho, ya se abri¨® una pol¨¦mica sobre c¨®mo proceder con las cerca de 90 familias de la toma Lajarillas en Re?aca Alto, en la Regi¨®n de Valpara¨ªso, sobre las cuales tambi¨¦n pesa una orden de desalojo.