El Consejo de Seguridad Nuclear denuncia presiones para que autorice una mina de uranio

El futuro de la mina de uranio que la compa?¨ªa australiana Berkeley lleva a?os intentando poner en marcha en un pueblo de Salamanca depende en gran medida del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). Si el organismo supervisor emite un informe negativo sobre la planta de procesado necesaria para explotar el yacimiento, el proyecto de Retortillo ser¨¢ inviable. La empresa ha emprendido en los ¨²ltimos tres meses una campa?a para instar al consejo a que conceda esa autorizaci¨®n. Desde el 16 de octubre han llegado al ¨®rgano supervisor cuatro cartas en esa l¨ªnea: una firmada por Francisco de Paula Bell¨®n, presidente de Berkeley, dos de asociaciones que dicen defender los intereses de sus accionistas y otra m¨¢s del despacho de abogados contratado por la empresa para pleitear con la Administraci¨®n. El CSN ha dicho basta y ha hecho llegar esos requerimientos al Congreso y a la Abogac¨ªa del Estado. ¡°Son presiones¡±, sostienen fuentes del supervisor.

El presidente del CSN, Josep Mar¨ªa Serena i Sender, traslad¨® este mi¨¦rcoles a la Comisi¨®n de Transici¨®n Ecol¨®gica y Reto Demogr¨¢fico del Congreso de los Diputados las cartas. ¡°Contienen, en nuestra opini¨®n, solicitudes e insinuaciones impropias, que este organismo regulador considera conveniente hacerle llegar¡±, se?ala la comunicaci¨®n del m¨¢ximo responsable del CSN. Adem¨¢s, Serena i Sender explica que ha enviado la misma informaci¨®n a la Abogac¨ªa del Estado, seg¨²n los documentos a los que ha tenido acceso EL PA?S. En las cartas la empresa advierte de las consecuencias judiciales de tumbar el proyecto.

El CSN es el organismo encargado de velar por la seguridad nuclear en Espa?a. Es un ente p¨²blico y rinde cuentas ante el Congreso de los Diputados. Por eso el presidente del CSN y el resto de consejeros han decidido enviar su queja al Parlamento, en concreto, al presidente de la Comisi¨®n de Transici¨®n Ecol¨®gica, el diputado Juan L¨®pez de Uralde (Unidas Podemos), para que la comparta con el resto de grupos. Fuentes del CSN explican que el asunto se ha llevado tambi¨¦n a la Abogac¨ªa del Estado porque consideran que son ellos con los que deben hablar los letrados de la empresa. Y, tambi¨¦n, para que estudie si ¡°esas presiones¡± pueden suponer alg¨²n tipo de delito, a?aden estas fuentes.

Sin embargo, Berkeley ha asegurado este jueves a trav¨¦s de un comunicado que estas comunicaciones se han producido ¡°dentro de la absoluta legalidad y del m¨¢ximo respecto por las instituciones y organismos de la Administraci¨®n¡±. Y ha argumentado que se han llevado a acabo debido al ¡±dilatado tiempo que se est¨¢ empleando en la evaluaci¨®n del proyecto¡±.

Los responsables del proyecto de esta mina de uranio llevan desde 2012 tramitando los permisos ante varias Administraciones. A pesar de que ha generado una importante pol¨¦mica, ha recibido hasta ahora el apoyo de la Administraci¨®n local y auton¨®mica. Tambi¨¦n recibi¨® el aval del Ejecutivo central, del PP, hasta 2018. Si saliera adelante, ser¨ªa la ¨²nica mina a cielo abierto de uranio de Europa. Aunque no cuenta con todas las autorizaciones, los trabajos previos ya incluyeron la tala de encinas centenarias en el municipio de Retortillo.

La primera carta, firmada por el presidente ejecutivo de Berkeley Minera Espa?a es del 16 de octubre de 2020. La fecha no es balad¨ª. Dos d¨ªas antes, se hab¨ªa cerrado en el Congreso el plazo para la presentaci¨®n de enmiendas a la ley de cambio clim¨¢tico que se tramita en el Parlamento. Y, como adelant¨® EL PA?S, el PSOE y Unidas Podemos hab¨ªan pactado la inclusi¨®n de una enmienda para vetar la miner¨ªa de uranio en Espa?a, lo que complica todav¨ªa m¨¢s el proyecto de Retortillo.

Las cuatro misivas enviadas al CSN est¨¢n plagadas de alusiones a esa enmienda. Seg¨²n el escrito del despacho de abogados Herbert Smith Freehills Spain, fechado el 10 de diciembre de 2020, la enmienda ¡°atenta gravemente contra los intereses de la miner¨ªa del uranio en general y de los proyectos de Berkeley en particular¡± y es ¡°manifiestamente ilegal¡±. En la misma l¨ªnea, la Asociaci¨®n Espa?ola de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (Aemec) dice haber ¡°recibido la preocupaci¨®n de muchos accionistas e inversores de Berkeley¡± por que la ley de cambio clim¨¢tico pueda ¡°truncar el desarrollo del proyecto¡±.

De hecho, una de las demandas principales de la empresa es que el informe sobre la autorizaci¨®n de la planta necesaria para que opere la mina se adopte antes de que se apruebe definitivamente la ley de cambio clim¨¢tico. Aemec pide directamente que el CSN otorgue la concesi¨®n y que se haga ¡°con diligencia, lo que significa prontitud, y desde luego, sin interferencia pol¨ªtica, lo que significa no esperar la posible aprobaci¨®n de la enmienda planteada a la ley de cambio clim¨¢tico¡±. En un tono algo m¨¢s sutil, el despacho Herbert Smith Freehills Spain sostiene que ¡°ser¨ªa beneficioso para todos los actores involucrados que el CSN se pudiese pronunciar con car¨¢cter inmediato, y en cualquier caso previamente a la aprobaci¨®n de la ley de cambio clim¨¢tico¡±. Por su parte, la World Federation of Investors (WFI, siglas en ingl¨¦s de la Federaci¨®n Mundial de Inversores) envi¨® otra carta el 31 de diciembre en la que se exponen los mismos argumentos y dicen hablar en nombre de accionistas de la empresa. En su escrito la WFI pide que el CSN resuelva ateni¨¦ndose solo a criterios ¡°t¨¦cnicos¡± y no a criterios ¡°pol¨ªticos¡± o ¡°ideol¨®gicos¡±.

Consecuencias legales

Todas las cartas dejan entrever consecuencias judiciales si no se autoriza el proyecto. El despacho de abogados Herbert Smith Freehills Spain sostiene en su escrito que la enmienda propuesta por PSOE y Podemos es ¡°inconstitucional y expropiatoria¡±. ¡°De aprobarse finalmente nos llevar¨¢ a reclamar cuantas responsabilidades nos ampare el Estado de derecho¡±, sostiene el despacho. M¨¢s directa, la Aemec afirma que si no se concede la autorizaci¨®n habr¨¢ ¡°a buen seguro numerosos conflictos jur¨ªdicos que pueden derivar en la exigencia de cuantas responsabilidades personales, patrimoniales o de otra ¨ªndole sean exigibles a sus responsables como consecuencia de la falta de diligencia de este consejo [en referencia al CSN], y ello no solo ante los tribunales espa?oles sino tambi¨¦n internacionales¡±.

En todas las misivas se lamenta la tardanza en conceder la autorizaci¨®n definitiva a la planta, que seg¨²n la empresa y los accionistas lleva cuatro a?os tramit¨¢ndose. Y en la del despacho de abogados se solicita una reuni¨®n con el CSN para abordar este asunto y, en su defecto, se pide que se les transmita ¡°con la mayor precisi¨®n posible¡± la fecha en la que se emitir¨¢ el informe sobre la autorizaci¨®n. El presidente del CSN ha rechazado reunirse con Herbert Smith Freehills Spain y ha emplazado al despacho a ponerse en contacto con la Abogac¨ªa del Estado.

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