Los alcaldes no podr¨¢n bloquear las obras de los almacenes de residuos radiactivos

La Ley de Cambio Clim¨¢tico y Transici¨®n Energ¨¦tica impedir¨¢ que los Ayuntamientos puedan bloquear la construcci¨®n o ampliaci¨®n de los almacenes de residuos radiactivos dentro de sus t¨¦rminos municipales. Adem¨¢s, los alcaldes tampoco podr¨¢n vetar las obras de desmantelamiento de las centrales nucleares que tienen que ir cerrando progresivamente ...

La Ley de Cambio Clim¨¢tico y Transici¨®n Energ¨¦tica impedir¨¢ que los Ayuntamientos puedan bloquear la construcci¨®n o ampliaci¨®n de los almacenes de residuos radiactivos dentro de sus t¨¦rminos municipales. Adem¨¢s, los alcaldes tampoco podr¨¢n vetar las obras de desmantelamiento de las centrales nucleares que tienen que ir cerrando progresivamente hasta desaparecer completamente en Espa?a de aqu¨ª a 2035. Una disposici¨®n incluida por PSOE y Unidas Podemos en la ley clim¨¢tica durante la tramitaci¨®n parlamentaria elimina las competencias municipales a la hora de conceder licencias para este tipo de actuaciones; el Gobierno las considerar¨¢ a partir de ahora como ¡°obras p¨²blicas de inter¨¦s general¡±, con lo que evita el control municipal.

La ley de cambio clim¨¢tico, que tras su aprobaci¨®n esta semana en el Congreso entra en su recta final, contiene varios mandatos para aprobar a su vez otras normas. As¨ª ocurre con la futura ley de movilidad, la propuesta de reforma el¨¦ctrica, la ley de residuos y la creaci¨®n de diversos planes y estrategias verdes, que tendr¨¢n que ponerse en marcha desde el Ejecutivo en los pr¨®ximos meses. Tambi¨¦n establece, por ejemplo, la creaci¨®n de un grupo de expertos que deben preparar una propuesta de reforma fiscal, con especial atenci¨®n a los impuestos verdes. Pero la ley del clima, que todav¨ªa debe recibir el visto bueno definitivo en el Senado, cuenta adem¨¢s con un amplio cuerpo de disposiciones adicionales. Y una se refiere al almacenaje de los residuos radiactivos, que debido a su peligrosidad requieren de un tratamiento y unas instalaciones especiales.

Espa?a cuenta en estos momentos con un almac¨¦n para desechos radiactivos de media y baja intensidad en el municipio de Hornachuelos, en la provincia de C¨®rdoba. El Cabril, su denominaci¨®n oficial, comenz¨® a recibir basura de este tipo de forma clandestina a principios de los sesenta del siglo pasado, durante la dictadura franquista. Con la democracia se sigui¨® usando, pero ya con permisos oficiales y no de forma secreta. De hecho, hoy son las ¨²nicas instalaciones del pa¨ªs que pueden albergar basura de baja y media actividad.

Adem¨¢s de El Cabril, existen otros seis Almacenes Temporales Individualizados (ATI) en Espa?a. Est¨¢n ubicados en las centrales nucleares y sirven para guardar de forma temporal principalmente el combustible gastado de estas plantas ¡ªconsiderado un residuo de alta intensidad, por lo que nunca podr¨ªa ir a El Cabril¡ª.

Hasta ahora, para construir un nuevo almac¨¦n de este tipo o para ampliarlo, lo que ha resultado m¨¢s conflictivo, se requer¨ªan licencias municipales. Pero, seg¨²n explican fuentes de Enresa, la empresa p¨²blica propietaria de todas las instalaciones de este tipo y la encargada de la custodia de los residuos radiactivos, en algunos casos los Consistorios han bloqueado esas obras y los permisos de ampliaci¨®n o han amenazado con hacerlo. El caso m¨¢s sonado ha sido el de El Cabril, aunque tambi¨¦n se han producido encontronazos con ampliaciones de algunos ATI de centrales nucleares.

Las celdas de El Cabril donde se guardan los desechos estar¨¢n completamente llenas en 2028, seg¨²n las previsiones del ¨²ltimo plan nacional de gesti¨®n de residuos radiactivos. Ahora, seg¨²n fuentes de Enresa, est¨¢n en alrededor de un 80% de ocupaci¨®n y, cinco a?os antes de que se llenen por completo, deber¨ªa comenzar el proceso para ampliar las instalaciones. El Cabril cuenta con 27 celdas y la idea es instalar 12 m¨¢s en una primera fase.

Pero el Ayuntamiento de Hornachuelos sostiene que se opone de manera frontal a la ampliaci¨®n prevista en El Cabril. ¡°Es una aberraci¨®n y una imposici¨®n; la decisi¨®n deja sin amparo los derechos del Ayuntamiento¡±, afirma Teresa Dur¨¢n, concejal de Medio Ambiente de este municipio cordob¨¦s de 4.600 habitantes, sobre la disposici¨®n incluida en la ley de cambio clim¨¢tico.

Fondos

M¨¢s all¨¢ de la ampliaci¨®n, esta edil del Grupo Independiente de Hornachuelos mantiene que, si le retiran las competencias para otorgar las licencias, ¡°se dejar¨ªan de percibir ingresos¡± y perder¨ªan ¡°el control urban¨ªstico frente a Enresa¡±. ¡°Nos quieren apartar de las decisiones¡±, dice. Seg¨²n este Ayuntamiento, con la nueva norma dejar¨¢ de percibir 1,2 millones de euros en impuestos, un 14% del coste total de la ampliaci¨®n ¡ªtasada en su d¨ªa en 8,9 millones (un 4% de la licencia de obra y 10% de compensaci¨®n por situarse en suelo no urbanizable)¡ª. ¡°La cifra es millonaria¡±, destaca Dur¨¢n.

¡°No queremos ahorrar en los costes ni reducir los ingresos de los Ayuntamientos¡±, contesta Enresa. La ley clim¨¢tica incluye otra disposici¨®n adicional en la que se sostiene que el Gobierno impulsar¨¢ los convenios necesarios para que Enresa pueda financiar determinadas actividades de los Ayuntamientos encaminadas a ¡°contribuir al desarrollo socioecon¨®mico o ambiental de los municipios y promover la generaci¨®n de empleo, la actividad econ¨®mica en sectores vinculados a la transici¨®n ecol¨®gica, la creaci¨®n de tejido empresarial local y el reto demogr¨¢fico¡±.

La Junta de Andaluc¨ªa (gobernada por PP y Ciudadanos) de momento no se ha pronunciado a favor ni en contra de la ampliaci¨®n de El Cabril, salvo para decir que deber¨ªa ser consultada en la toma de decisiones. ¡°Si hay cualquier tipo de necesidad o ampliaci¨®n al respecto, tendr¨¢n que hablarlo ambos Gobiernos, y no solamente una empresa¡±, declar¨® Carmen Crespo, consejera de Agricultura, Ganader¨ªa, Pesca y Desarrollo Sostenible andaluza, el pasado noviembre.

Enresa asegura que la aprobaci¨®n de estas disposiciones no supondr¨¢ ¡°de ninguna manera suprimir las autorizaciones para este tipo de obras del ministerio, ni las del Consejo de Seguridad Nuclear, ni los informes de impacto ambiental¡±. Fuentes de esta empresa p¨²blica afirman que al considerar la construcci¨®n o ampliaci¨®n de los almacenes radiactivos como obras de inter¨¦s general ¡ªpara lo que se modifica la Ley de Energ¨ªa Nuclear de 1964¡ª se iguala estas actuaciones al resto de obra p¨²blica.

Si se cumple el calendario acordado entre el Gobierno y las propietarias de las centrales ¡ªque son las grandes compa?¨ªas el¨¦ctricas del pa¨ªs¡ª, las cinco nucleares todav¨ªa operativas tendr¨¢n que cerrar de forma escalonada entre 2027 y 2035. Los residuos de media y baja intensidad podr¨¢n ir a El Cabril, como ya ha ocurrido en el pasado.

Pero Espa?a a¨²n no tiene resuelto el problema para los desechos de alta intensidad. El Ministerio para la Transici¨®n Ecol¨®gica debe decidir si opta por crear un solo Almac¨¦n Temporal Centralizado (ATC) o varias instalaciones de este tipo repartidas por el pa¨ªs. Lo que est¨¢ claro es que, se opte por una soluci¨®n o por otra, las obras no deber¨¢n contar ya con licencia municipal ni podr¨¢n ser vetadas por los Ayuntamientos gracias a la disposici¨®n incluida en la ley clim¨¢tica. El PP apadrin¨® un ATC en Villar de Ca?as, Cuenca, pero el rechazo del PSOE de Castilla-La Mancha y las dudas sobre los terrenos elegidos hicieron que el actual Gobierno parara ese proyecto en 2018.

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