Transcurrido un a?o, vuelta a la casilla de salida. Con el parque de Do?ana en el mismo estado cr¨ªtico de biodiversidad, de nada han servido las amenazas de la Comisi¨®n Europea para multar a Espa?a, los informes cient¨ªficos en contra, las quejas de los ecologistas y los propios agricultores de la zona, los avisos de las cadenas de supermercados europeos que mermar¨ªan las exportaciones, y la advertencia del Gobierno de que acudir¨ªa al Tribunal Constitucional por invasi¨®n de competencias. La derecha andaluza ha retomado su proposici¨®n de ley para aumentar los regad¨ªos junto a Do?ana ¨Ccon peque?os cambios¨C y este viernes ha reactivado las cr¨ªticas de los ecologistas, los cient¨ªficos y el Ministerio para la Transici¨®n Ecol¨®gica.

A tres meses de las elecciones municipales, el PP andaluz de Juan Manuel Moreno ¨Cque insiste en su fuerte conciencia ecol¨®gica¨C ha presentado este viernes junto a la ultraderecha una ley para aumentar los invernaderos de fresas junto a la emblem¨¢tica reserva. Y la reacci¨®n en contra ha sido severa: ¡°Vuelven los tambores de guerra contra Do?ana y la legalidad. Que no haya la menor duda: nos opondremos a cualquier ataque a este valioso espacio natural¡±, ha censurado la vicepresidenta y ministra para la Transici¨®n Ecol¨®gica, Teresa Ribera, en Twitter.

El ministerio no descarta denunciar la ley ante el Tribunal Constitucional por invasi¨®n de competencias, tal y como advirti¨® hace un a?o, y recuerda que Bruselas ya alert¨® de que al desproteger el humedal se desobedec¨ªa al Tribunal de Justicia de la UE. ¡°La proposici¨®n de ley es un atropello (¡­) Aumentar el regad¨ªo en estas zonas, cercanas al Parque Nacional de Do?ana, da?ar¨ªa m¨¢s una zona ya gravemente afectada por la sequ¨ªa¡±, critica el Gobierno.

El lenguaje b¨¦lico augura otro crudo enfrentamiento entre los gobiernos central y andaluz, mientras la ciencia y la Comisi¨®n Europea advierten de los da?os en una reserva ya muy deteriorada, con el mismo escenario de fondo: a pocos meses de las urnas ¡ªahora municipales, hace un a?o auton¨®micas¡ª, la derecha ha primado el beneficio electoral de contar con unos 1.500 agricultores onubenses que hoy riegan con pozos ilegales y cuyas fincas se convertir¨¢n en regables, sobre las cr¨ªticas que recibir¨¢ por los da?os al medio ambiente.

La posible invasi¨®n de competencias se basa en que la Junta pretende por ley garantizar que los agricultores freseros, a los que les cambiar¨¢ la calificaci¨®n del suelo a regable, dispondr¨¢n de agua, pese a que el ¨®rgano que decide sobre los derechos de agua es el ministerio. La justicia ya se pronunci¨® en una treintena de sentencias para aclarar que precisamente el plan anterior de 2004 que ahora se tumbar¨ªa no invad¨ªa competencias al contar con la opini¨®n de los t¨¦cnicos en aguas del ministerio, que ahora son ignorados.

El PP proclama que su propuesta ¡°no habla ni de Do?ana ni de aguas, solo de ordenaci¨®n del territorio¡±. ¡°Do?ana es intocable¡±, dice, y asegura que los recursos h¨ªdricos no saldr¨¢n del acu¨ªfero que nutre el Parque Nacional, sino de aguas superficiales. Para ello es necesario una serie de obras que competen a la Junta y tambi¨¦n al Estado. ¡°Si hay un cambio de Gobierno tras las elecciones de diciembre, se acelerar¨¢n¡±, pronostic¨® el presidente del PP de Huelva, reconociendo expresamente el inter¨¦s electoral de la propuesta. Tambi¨¦n admiti¨® que ¡°mientras no haya aguas superficiales no se va a solucionar nada¡±.

Para los ecologistas, la ley desprotege Do?ana, sedienta en pleno invierno: ¡°Es una pura cobard¨ªa el procedimiento para modificar el plan de 2004 [de la corona forestal, denominado plan de la fresa] y rebajar los informes sectoriales porque ser¨ªan negativos. Es inaudito confeccionar una ley singular para esto¡±, critica Juan Jos¨¦ Carmona, coordinador del WWF para Do?ana.

Tambi¨¦n en contra del plan est¨¢ Eloy Revilla, director de la Estaci¨®n Biol¨®gica de Do?ana (CSIC), que representa el conocimiento cient¨ªfico sobre la reserva y su precaria evoluci¨®n actual. ¡°Legalizando unos usos de agua que son ilegales se genera un gran problema que solo ampliar¨¢ la complejidad. Es un enga?o a los propios agricultores, se est¨¢ hablando de un recurso de agua que no existe¡±. La pregunta es c¨®mo llegar¨¢ la informaci¨®n sobre la disponibilidad del agua a los agricultores de la zona.

?Por qu¨¦ es relevante la f¨®rmula escogida?

La clave es que la proposici¨®n de ley sustituye una acci¨®n de regular un territorio concreto que siempre ha ejercido la Junta andaluza mediante un procedimiento administrativo. A trav¨¦s del Parlamento, los populares y Vox evitan a todos los expertos que advertir¨ªan de la dificultad de justificar una alteraci¨®n del suelo en un ¨¢rea tan tensionada y cartografiada como el entorno de Do?ana, donde cada hect¨¢rea tiene una clasificaci¨®n y un color sobre el mapa.

Y sobre todo, los populares, que gobiernan con mayor¨ªa absoluta, eluden la cascada de informes de la Junta y ajenos: el Consejo de Participaci¨®n de Do?ana, los dict¨¢menes del ministerio y los ayuntamientos de la zona, su propio estudio de evaluaci¨®n ambiental, informes de otras consejer¨ªas afectadas, el periodo de alegaciones que puedan presentar los agricultores de la zona perjudicados por los nuevos derechos de agua concedidos¡­ Adem¨¢s, la ley se tramita por v¨ªa de urgencia y quiz¨¢ se apruebe antes de agosto.

La derecha defiende que el plan actual es distinto del de 2022 porque ya no dar¨ªa aguas subterr¨¢neas a los agricultores que hoy son ilegales con suelo no regable, sino que ser¨ªan superficiales y respetar¨ªa al acu¨ªfero sobreexplotado. La ley convertir¨¢ las nuevas fincas en suelo ¡°preferente¡± y los agricultores hoy ilegales podr¨ªan tener prioridad sobre otros con derechos de agua, pero con el grifo hoy cortado por la sequ¨ªa. ¡°A los dem¨¢s, esto nos mata¡±, lamenta uno de ellos que pide anonimato.

PP y Vox presentan el texto sin cartograf¨ªa para evitar se?alar de antemano a qu¨¦ fincas beneficiar¨ªa la medida y han eliminado el n¨²mero de hect¨¢reas que podr¨ªan verse beneficiadas, como en la propuesta registrada en la legislatura pasada, pero admiten que rondan las 1.600 hect¨¢reas, seg¨²n afirm¨® el portavoz parlamentario del PP, Toni Mart¨ªn, y el presidente del PP de Huelva y diputado, Manuel Andr¨¦s Gonz¨¢lez. En la propuesta se ha incorporado la creaci¨®n de una oficina t¨¦cnica que revisar¨¢ ¡°caso por caso¡± si los terrenos pueden tener la consideraci¨®n de regables. Si consiguen el visto bueno, ¡°podr¨¢n reclamar¡± agua a la Confederaci¨®n Hidrogr¨¢fica del Guadalquivir, sobre el que la Junta no tiene competencias. Fuentes de la Consejer¨ªa de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Econom¨ªa Azul reconocen que es ¡°una cuesti¨®n pol¨ªtica¡±. Este viernes el consejero, Ram¨®n Fern¨¢ndez-Pacheco, ten¨ªa previsto participar en un besapi¨¦s a la imagen de Jes¨²s Cautivo de Medinaceli en Almer¨ªa, pero lo ha cancelado a ¨²ltima hora.

La Confederaci¨®n Hidrogr¨¢fica del Guadalquivir, dependiente de Transici¨®n Ecol¨®gica, repite a menudo que no hay m¨¢s agua que repartir, realidad que est¨¢ plasmada en su Plan Hidrol¨®gico que abarca hasta 2028, y que rechaza la posibilidad de que m¨¢s agricultores llamen a su puerta en busca de agua para cultivos de regad¨ªo intensivo.

La oficina t¨¦cnica es una de las reivindicaciones del PSOE que los populares han incorporado al texto, aunque los socialistas niegan que hayan pactado nada con el PP. Tampoco el Ministerio para la Transici¨®n Ecol¨®gica se siente implicado con la propuesta. Las dos reuniones que el consejero Fern¨¢ndez-Pacheco mantuvo con el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Mor¨¢n, acabaron sin acuerdo despu¨¦s de que este ¨²ltimo pidiera sin ¨¦xito su retirada.

Los populares aseguran que han incluido la reclamaci¨®n del ministerio sobre la ley forestal. ¡°Hemos hecho un corta y pega¡±, dice Gonz¨¢lez. La Junta tambi¨¦n celebr¨® una reuni¨®n en Bruselas con el director de Biodiversidad, Humberto Delgado, el pasado 8 febrero a la que asistieron el viceconsejero, Sergio Arjona, y el director general de Espacios Naturales Protegidos, Jos¨¦ Enrique Borrallo.

El PSOE, en un comunicado, reproch¨® al presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, que ¡°vuelva a esconderse tras su grupo parlamentario y no asuma su responsabilidad¡± sobre los regad¨ªos en Do?ana. Los socialistas reclaman que sea el Gobierno regional el que presente un proyecto de ley que requiere una serie de informes preceptivos y el dictamen favorable del Consejo de Participaci¨®n de Do?ana donde est¨¢n presentes todos los sectores afectados. Tambi¨¦n piden ¡°la creaci¨®n de una comisi¨®n bilateral o mesa t¨¦cnica con el Gobierno de Espa?a, que tambi¨¦n tiene competencias en la cuesti¨®n de agua, que es la clave¡±.

Ante este panorama repetido, est¨¢ por ver la respuesta de la Comisi¨®n Europea, que hace un a?o ya advirti¨® a Espa?a de nuevas multas por infringir la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, que le hab¨ªa exigido proteger Do?ana para que la biodiversidad se recuperara y vio que la direcci¨®n de Andaluc¨ªa era la opuesta.

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