PP, Cs y Vox prev¨¦n legalizar 1.461 hect¨¢reas que esquilman el acu¨ªfero de Do?ana
La propuesta parlamentaria andaluza para aumentar los cultivos de fresa contraviene al Tribunal de Justicia de la UE y a la Unesco, que reclama informaci¨®n a Espa?a
El saqueo de agua ilegal que ha esquilmado durante d¨¦cadas el acu¨ªfero de Do?ana hasta provocar su declaraci¨®n de ¡°sobreexplotado¡± hace un a?o y medio ha hallado este martes unos aliados inesperados. PP, Ciudadanos y Vox han presentado dos proposiciones de ley en el Parlamento andaluz para legalizar 1.461 hect¨¢reas de invernaderos de fresas ubicadas en el entorno de la reserva natural y cuyos agricultores han robado el agua de su acu¨ªfero mediante un millar de pozos ilegales. En el l¨ªmite de la reserva de la biosfera conviven agricultores legales con permisos para captar agua subterr¨¢nea y otros ilegales que la roban en zonas cartografiadas, 1.461 hect¨¢reas de regad¨ªo de las que sobresalen 335 sobre suelo forestal con la m¨¢xima protecci¨®n ambiental.
El cambio legislativo propuesto por los tres grupos parlamentarios atenta contra la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, que el pasado junio conden¨® a Espa?a por no haber frenado el expolio provocado por los invernaderos clandestinos de frutos rojos ¡°con extracciones de agua ilegales¡±. En paralelo, la medida contraviene a la Unesco, que mantiene los humedales de Do?ana como Patrimonio de la Humanidad pero que en sus informes ha urgido a las Administraciones espa?olas a respetar el plan dise?ado para proteger el acu¨ªfero. Y justo ese plan es el que pretenden alterar PP y Cs, que gobiernan en la Junta andaluza, con el apoyo de Vox, muleta parlamentaria necesaria para alcanzar la mayor¨ªa y aprobar leyes. El objetivo es aumentar las extracciones legales del acu¨ªfero ya esquilmado y si su tramitaci¨®n parlamentaria no se tuerce ser¨¢ una realidad antes de verano.
¡°La Unesco le pedir¨¢ a Espa?a m¨¢s informaci¨®n antes de pronunciarse, tal y como lo marca la convenci¨®n del patrimonio mundial. Entretanto, se remite a la ¨²ltima decisi¨®n del comit¨¦ mundial en la que pide a Espa?a que cumpla con todas las recomendaciones de la misi¨®n de 2020¡å, advierten fuentes del organismo internacional que vela por el patrimonio cultural y natural. Entre esas recomendaciones al Gobierno espa?ol, la Unesco exig¨ªa que avanzara en el desarrollo del plan para proteger el acu¨ªfero de Do?ana, y del que cinco a?os despu¨¦s de su puesta en marcha, la Junta andaluza solo hab¨ªa ejecutado el 17% de sus medidas, seg¨²n denunci¨® la organizaci¨®n conservacionista WWF.
Tanto el Gobierno central como los grupos ecologistas han salido en tromba este martes para denunciar la intenci¨®n de los tres partidos m¨¢s a la derecha en Andaluc¨ªa en a?o electoral. La Confederaci¨®n Hidrogr¨¢fica del Guadalquivir (CHG), dependiente del Ministerio de Transici¨®n Ecol¨®gica, ha advertido que la iniciativa est¨¢ ¡°carente de armaz¨®n jur¨ªdico¡± y lament¨® su ¡°falta de lealtad institucional¡±. La CHG gestiona el agua y los permisos de riego para las bayas plantadas junto a Do?ana.
Mientras Unidas Podemos y Adelante Andaluc¨ªa tildaron la medida de ¡°atentado medioambiental¡± y ¡°amnist¨ªa para los ilegales¡±, el PSOE andaluz guard¨® silencio. Los socialistas alegan que est¨¢n estudiando la proposici¨®n de ley porque es un ¡°tema muy complejo¡±, a pesar de que la conocen desde hace una semana.
La paradoja es que el espacio protegido m¨¢s emblem¨¢tico de Espa?a tiene su enorme acu¨ªfero de 2.409 kil¨®metros cuadrados bajo m¨ªnimos y sus lagunas casi del todo secas. La sequ¨ªa afecta a 4,3 millones de personas en la cuenca del Guadalquivir, especies de flora y fauna pelean por sobrevivir en Do?ana y los expertos alertan de que la previsi¨®n es que cada vez llover¨¢ menos en el sur peninsular. Sin embargo, los dos partidos que gobiernan Andaluc¨ªa y la ultraderecha prev¨¦n aumentar el regad¨ªo en 1.461 hect¨¢reas que consumen unos siete hect¨®metros c¨²bicos al a?o al borde de la reserva natural, seg¨²n los c¨¢lculos de los expertos en regad¨ªo agr¨ªcola.
¡°Es un ataque directo a Do?ana y esto causar¨¢ una imagen terrible al sector de la fresa. Ahora atacaremos en los supermercados europeos y los agricultores legales pagar¨¢n justos por pecadores, pero es que es una desfachatez por intentar salvar a unos cuantos ilegales en Lucena y Moguer¡±, ha censurado Felipe Fuentelsaz, coordinador de agricultura en WWF. ¡°Los mismos agricultores que le pegaron a la guarder¨ªa fluvial, se les premia legaliz¨¢ndoles, y a los que cumplen la ley, los desprecian. Es lo m¨¢s desastroso que he visto en pol¨ªtica por un pu?ado de votos¡±, ha a?adido.
El presidente de la Conferencia Hidrogr¨¢fica del Guadalquivir (CHG), Joaqu¨ªn P¨¢ez, ha criticado que la iniciativa solo traer¨¢ mala publicidad para las bayas onubenses, el 80% de cuya producci¨®n acaba en los supermercados europeos. ¡°Poner en el disparadero internacional, europeo y nacional a Do?ana y su industria agr¨ªcola, con mercados tan sensibles en cuanto a la sostenibilidad y su trazabilidad ambiental, es una temeridad¡±. P¨¢ez censura que tanto la Junta, como el PP, Ciudadanos y Vox saben que tras la legalizaci¨®n de los invernaderos, estos deber¨¢n contar con la asignaci¨®n del agua, y el organismo que la concede es la Confederaci¨®n Hidrogr¨¢fica.
Con la reciente declaraci¨®n de sequ¨ªa se ha abierto un escenario hasta ahora in¨¦dito en el entorno de Do?ana: cada vez llueve menos y los recursos son m¨¢s escasos, as¨ª que si aparecen nuevos agricultores con hect¨¢reas de riego y adquirieran derechos de agua, los primeros perjudicados ser¨¢n los agricultores legales que recibir¨¢n menos agua de las reservas ya menguantes. El nuevo Plan Hidrol¨®gico prev¨¦ una reducci¨®n de los cultivos de regad¨ªo del 5% hasta 2027. Mientras, los embalses de la cuenca del Guadalquivir est¨¢n solo al 28% de su capacidad y sigue sin llover de manera copiosa.
Ante las alertas internacionales y la denuncia de la Comisi¨®n Europea a Espa?a, en 2014 la Junta andaluza movi¨® ficha tras siete a?os de estudios y consensu¨® un plan que legaliz¨® 9.340 hect¨¢reas y dej¨® fuera de ordenamiento esas 1.461 hect¨¢reas de cultivos en los municipios de Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y Rociana del Condado, todos en Huelva. La Junta andaluza presume de tener en marcha una revoluci¨®n verde y mantener un comisionado del cambio clim¨¢tico y la transici¨®n energ¨¦tica, iniciativa y organismo sin apenas contenido real. Tanto la Consejer¨ªa de Medio Ambiente como el comisionado, Juan Manuel Mu?oz, rechazaron este martes pronunciarse sobre la medida parlamentaria planteada.
La justicia tiene abiertas multitud de causas contra estos agricultores ilegales tras el fracaso de la v¨ªa Administrativa. ¡°Una propuesta de ley es una cuesti¨®n pol¨ªtica y en las elecciones los ciudadanos sabr¨¢n lo que tienen que hacer. Si se aprueba, ya veremos c¨®mo afecta, pero a priori no afectar¨¢ a las investigaciones penales¡±, ha matizado el fiscal jefe de Huelva, Alfredo Flores. La Fiscal¨ªa recurrir¨¢ ¡°casi con toda seguridad¡± la sentencia que absolvi¨® recientemente a 13 agricultores y dos exalcaldes juzgados por extracciones ilegales de agua en 13 fincas. Tras el fallo, el ministerio p¨²blico y la Abogac¨ªa del Estado han pedido al tribunal aclaraciones para subsanar omisiones.
Tanto la Guardia Civil como la CHG han multado a los agricultores incumplidores, pero estos han sido respaldados por sus alcaldes y otras autoridades, como el vicepresidente del PP de Huelva, Alberto Fern¨¢ndez, que areng¨® a ¡°seguir peleando¡± a los agricultores de Lucena del Puerto hace dos a?os. ¡°Lo est¨¢is haciendo de puta madre¡±, les dijo. Hasta ahora, cuando una patrulla de agentes medioambientales clausuraba un pinchazo en la tierra del entorno de Do?ana, los agricultores hac¨ªan otro a pocos metros para seguir regando, as¨ª hasta dejar sobreexplotado el acu¨ªfero y sus reservas bajo m¨ªnimo.
El parlamentario del PP que ha presentado este martes la proposici¨®n de ley, Manuel Andr¨¦s Gonz¨¢lez, defiende el cambio del plan: ¡°No nos preocupa para nada la Unesco porque no se va a amnistiar a nadie. La mayor¨ªa de fincas afectadas est¨¢n a 30 kil¨®metros de Do?ana, es solo que el plan se llama as¨ª. Pedimos su legalizaci¨®n para que el Gobierno haga las infraestructuras h¨ªdricas que permitan a los agricultores regar con agua superficial¡±. El PP alega que el Gobierno debe ejecutar un trasvase proyectado desde la cuenca del r¨ªo Tinto hasta los cultivos cercanos a Do?ana, unas obras de momento aparcadas por el Ministerio de Transici¨®n Ecol¨®gica.
Las dos proposiciones de ley se tramitar¨¢n en el ¨²ltimo periodo de sesiones de la legislatura antes de que se convoque las elecciones andaluzas. Los grupos que apoyan al Gobierno no podr¨¢n tramitar las dos iniciativas por lectura ¨²nica, ya que no cuentan con el apoyo de la oposici¨®n. S¨ª pretenden que se tramite por la v¨ªa de urgencia que acorta los plazos a la mitad. La Mesa del Parlamento de Andaluc¨ªa se re¨²ne el pr¨®ximo 2 de febrero y ah¨ª ordenar¨¢ el debate del primer pleno del a?o que se celebrar¨¢ los d¨ªas 9 y 10 de febrero. Fuentes parlamentarias calculan que entre el debate en comisi¨®n hasta su aprobaci¨®n final en pleno transcurrir¨¢n ¡°un m¨ªnimo de dos meses¡±.
Mientras los cultivos y los pozos ilegales permanecen pese a la acci¨®n policial y se nutren del acu¨ªfero, las lagunas temporales de Do?ana han pasado de 2.867 en 2004 a solo dos en la actualidad, la de Santa Olalla y la Dulce, ambas con escasa profundidad.
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