Gobierno y Junta ofrecen hasta 100.000 euros por hect¨¢rea a los agricultores de Do?ana que eliminen sus invernaderos

Tras 685 d¨ªas de pol¨¦mica, lleg¨® la paz a cambio de una lluvia de millones. Desde que present¨® su proposici¨®n de ley a principios de 2022 para ampliar regad¨ªos junto a Do?ana, la derecha andaluza ha recorrido un largo camino lleno de espinas con la oposici¨®n de la Uni¨®n Europea, que ahora ha hecho recular al Gobierno de Juan Manuel Moreno. Este lunes el presidente andaluz ha anunciado que retira su norma a cambio de un acuerdo de 350 millones de euros firmado con Teresa Ribera, vicepresidenta tercera y ministra para la Transici¨®n Ecol¨®gica, para compensar a la comarca onubense de El Condado y otros nueve municipios por dejar de esquilmar el acu¨ªfero sobreexplotado con sus invernaderos de fresas.

Ambos dirigentes han presentado en Almonte (Huelva) el acuerdo por el que el PP se compromete a retirar el proyecto de ley auton¨®mico que supon¨ªa legalizar cientos de hect¨¢reas del entorno de Do?ana que actualmente se riegan con agua del acu¨ªfero del que tambi¨¦n vive este emblem¨¢tico espacio protegido. A cambio, el Gobierno se ha comprometido a invertir 350 millones de euros para intentar llevar a cabo una reconversi¨®n de cultivos y de actividad econ¨®mica en la zona para rebajar la presi¨®n sobre ese acu¨ªfero (que se suman a los otros 356 millones del plan de infraestructuras que ya tiene en marcha).

De los 350 millones del ministerio, 116 ir¨¢n destinados a los agricultores para que levanten sus cultivos. Eso s¨ª, las tierras beneficiadas ser¨¢n de 14 pueblos con v¨ªnculos con el acu¨ªfero de Do?ana, de las provincias de Sevilla y C¨¢diz, no solo de la comarca de El Condado. Cada empresario fresero que decida suprimir sus invernaderos, sean legales o ilegales, para ¡°renaturalizarlos¡± recibir¨¢ a lo largo de una d¨¦cada 100.000 euros del Gobierno, que aporta el 70%; la Junta pone otro 20% y la Diputaci¨®n de Huelva el 10% restante.

Los empresarios no necesitar¨¢n tener derechos de riego sobre sus tierras para optar a las ayudas, por lo que los ilegales que han regado sin autorizaciones durante a?os tambi¨¦n podr¨¢n beneficiarse del plan social trazado. ¡°No hemos comprado terrenos de regad¨ªo ni derechos de agua que no existen (...) No hemos hecho ning¨²n tipo de revisi¨®n, censo o catastro. La vigilancia del cumplimiento de la legalidad se mantiene y en paralelo se ofrecen buenas alternativas para las personas preocupadas o los vecinos de las 14 localidades¡±, ha defendido Ribera este lunes.

Por contra, los cientos de freseros con multas administrativas de los agentes medioambientales y el medio centenar con condenas por v¨ªa penal denunciados por Fiscal¨ªa seguir¨¢n afrontando las sanciones, aunque con la billetera llena. ¡°No habr¨¢ vetos pero tampoco amnist¨ªa¡±, resumen fuentes del Ministerio para la Transici¨®n Ecol¨®gica. Moreno asegur¨® que los agricultores cobrar¨¢n las ayudas ¡°en cinco a?os¡±, pero el Gobierno, que distribuir¨¢ el grueso de los fondos, insiste en que ser¨¢ a lo largo de 10 a?os.

¡°Los pagos se har¨¢n anualmente y solo si se demuestra que se est¨¢ cumpliendo con rigor. No les adelantamos ahora 100.000 euros¡±, matizan dichas fuentes. Adem¨¢s, ese abandono de los cultivos deber¨¢ ser durante un plazo de 30 a?os, aunque el dinero se cobre en la primera d¨¦cada. El precio de mercado de una hect¨¢rea de regad¨ªo de fresas ronda los 100.000 euros y si la finca carece de autorizaci¨®n legal para regar, oscila entre 20.000 y 30.000 euros, seg¨²n fuentes del sector. La diferencia es que a cambio de estos ¨²ltimos pagos el fresero vende sus tierras, mientras que con las subvenciones de las Administraciones mantendr¨¢ la propiedad, aunque durante tres d¨¦cadas no podr¨¢ cultivar. Adem¨¢s, las tierras de secano de los 14 municipios tambi¨¦n podr¨¢n optar a las ayudas millonarias.

Moreno ha tildado el acuerdo de ¡°hist¨®rico¡± y ha destacado que ¡°blinda¡± Do?ana ante una situaci¨®n ¡°enquistada¡±. Para el presidente andaluz, el pacto alcanzado tras casi dos meses de negociaci¨®n para cerrar flecos, concilia la protecci¨®n del parque con el progreso social de El Condado. ¡°Todo el mundo gana y nadie pierde con el acuerdo. Do?ana son sus municipios y las m¨¢s de 200.000 personas que la habitan¡±, ha a?adido. Moreno ha equiparado la inversi¨®n del Estado con la de la Junta y ha asegurado que esta ¨²ltima aportar¨¢ 728 millones, con los que ha elevado la cifra de inversi¨®n total hasta los 1.400 millones ¡°en Do?ana y su entorno¡±. Sin embargo, esa enorme cifra tiene fondos muy alejados del coraz¨®n de Do?ana, como depuradoras de Sevilla capital por 124 millones, un total de 334 millones en infraestructuras hidr¨¢ulicas y hasta ayudas al sector pesquero por valor de 23 millones.

La clave ecol¨®gica para que Do?ana reverdezca est¨¢ en el plan de canalizaciones para reflotar el acu¨ªfero que el ministerio present¨® hace un a?o, pero sobre todo en que se cumpla el Plan de la Fresa de 2014, cuya ejecuci¨®n depende de la Junta y nueve a?os despu¨¦s su nivel de cumplimiento es muy deficiente. ¡°La gran preocupaci¨®n es la revisi¨®n del plan de la corona que hoy ha planteado la Junta. ?Eso significa revisar la cartograf¨ªa para intentar meter m¨¢s superficie?¡±, interroga Felipe Fuentelsaz, de WWF.

El acuerdo entre Junta y Gobierno se cierra con el aliento de Europa en el cogote. Porque la Comisi¨®n Europea ten¨ªa en el punto de mira a Espa?a por esa propuesta de legalizaci¨®n de cultivos irregulares, que ha despertado un importante rechazo de los grupos ecologistas y del mundo cient¨ªfico. Bruselas hab¨ªa amenazado abiertamente a Espa?a con denunciarle ante el Tribunal de Justicia de la UE si se segu¨ªa adelante con la norma.

Aunque Ribera y Moreno han comparecido juntos, cada Administraci¨®n ha presentado su propio plan de actuaciones e inversiones. Uno de los principales puntos de fricci¨®n para cerrar este pacto ha sido si se abr¨ªa la puerta o no a la expropiaci¨®n de hect¨¢reas ilegales. Ribera dej¨® claro que el Gobierno central no estaba dispuesto a comprar ¡°ni un metro cuadrado¡± de tierra ilegal ¡ªde secano puesta en regad¨ªo¨D, mientras que para Moreno era una de las soluciones id¨®neas para este problema. Finalmente, las tierras no se expropian, sino que se apuesta por un plan de subvenciones directas a los agricultores. Adem¨¢s, los freseros no deben ser propietarios, tambi¨¦n ser¨¢n beneficiados los que explotan las fincas propiedad de los Ayuntamientos gracias a concesiones administrativas.

Plan del ministerio

El Ministerio de Transici¨®n Ecol¨®gica ya ten¨ªa en marcha un plan de inversiones (para el cierre de pozos y regad¨ªos, entre otras medidas) que ascend¨ªa a 356 millones de euros. Ahora, a?ade esos 350 millones. En el documento de 59 p¨¢ginas del ministerio se hace un desglose del destino de los fondos y el grueso, 116 millones, se destinar¨¢ al sector agr¨ªcola. Lo que se pretende, con tres l¨ªneas de ayudas, es una reconversi¨®n para eliminar regad¨ªo.

Una primera l¨ªnea, que se conceder¨¢ durante un per¨ªodo de 10 a?os y por un importe de 7.000 euros por hect¨¢rea, ser¨¢ para la renaturalizaci¨®n. Es decir, para transformar los cultivos en zona forestal. A eso, se le a?adir¨ªa otros 3.000 euros de la Junta y la Diputaci¨®n, hasta llegar a los 10.000 anuales que se convierten en 100.000 al transcurrir una d¨¦cada. Pero el compromiso es mantener las tierras como forestales 30 a?os, seg¨²n figura en el plan del ministerio.

Otra segunda se destinar¨¢ para la conversi¨®n de cultivos de regad¨ªos en secano; se conceder¨¢n durante un per¨ªodo de cinco a?os y ascender¨¢n a 2.500 euros la hect¨¢rea. Los propietarios tendr¨¢n que mantener ese cultivo as¨ª durante al menos 10 a?os. Por ¨²ltimo, se abrir¨¢ una tercera l¨ªnea de ayudas (por cinco a?os y de 1.000 euros por hect¨¢reas) con la finalidad de reconvertir explotaciones para que sean de agricultura ecol¨®gica. Adem¨¢s, el ministerio se compromete a invertir otros 32 millones de euros en ¡°la mejora de las condiciones de vida y habitabilidad de vivienda de los temporeros agr¨ªcolas¡±, otro de los asuntos pendientes en la zona.

El plan del ministerio tambi¨¦n pasa por la creaci¨®n de la marca Reserva de la Biosfera de Do?ana y por poner ¡°en marcha campa?as de comunicaci¨®n para trasladar su alto valor ambiental y social¡±. Adem¨¢s, el programa presentado por Ribera planea destinar 70 millones a los Ayuntamientos y 28 millones de euros a acciones en el sector energ¨¦tico. Por ejemplo, ayudas para aislamiento t¨¦rmico e instalaci¨®n de placas fotovoltaicas en escuelas, bibliotecas, gimnasios y museos, y fomento del autoconsumo energ¨¦tico.

¡°Sensatos y humildes¡±

Las reacciones tras el acuerdo han sido de satisfacci¨®n, aunque con matices por la cantidad de interrogantes que se abren ahora para implementarlo. La Plataforma de Regantes del Condado, impulsora de la ley de la derecha y que aprob¨® el domingo el acuerdo por unanimidad, mostr¨® su satisfacci¨®n por el pacto millonario. ¡°Algunos hemos sabido negociar desde mucho antes¡±, admit¨ªa satisfecho su portavoz, Julio D¨ªaz. El presidente, Romualdo Mac¨ªas, ha pedido: ¡°Basta ya de criminalizarnos porque nuestros productos son los mejores, somos gente sensata y humilde¡±.

La asociaci¨®n de agricultores de Almonte Puerta de Do?ana, con 4.000 hect¨¢reas de frutos rojos y derechos de riego, ha valorado: ¡°Nos alegramos de que se hayan puesto de acuerdo por encima de sus intereses pol¨ªticos. Las inversiones ser¨¢n un fuerte impulso para la zona, pero lamentamos que la Junta no nos haya dado oportunidad de participar y dudamos de si la tuber¨ªa para traer el agua hasta Almonte est¨¢ incluida en el acuerdo¡±, ha subrayado su portavoz, Manuel Delgado.

Por ¨²ltimo, la organizaci¨®n ecologista WWF ha valorado el pacto, aunque con matices: ¡°Lo m¨¢s importante es la retirada de la ley antiDo?ana por parte de Moreno Bonilla por motivos pol¨ªticos. Dicho esto, si las medidas sociales del Ministerio pueden ser importantes si se aplican correctamente, la lista de inversiones de la Junta es la suma de inversiones que ya hab¨ªa en Andaluc¨ªa, ya existentes. No habr¨¢ desarrollo sostenible sin el cumplimiento de la ley¡±, ha dicho su secretario general, Juan Carlos del Olmo.

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