El macrojuicio clim¨¢tico se cierra en La Haya con una alerta de la OMS sobre las amenazas para la salud del calentamiento
Las audiencias han concluido este viernes y los 15 jueces del TIJ emitir¨¢n una opini¨®n no vinculante pero que puede influir en la aplicaci¨®n de las normas clim¨¢ticas
La pugna entre algunos de los mayores contaminadores mundiales y los pa¨ªses m¨¢s vulnerables ante el calentamiento global ha concluido este viernes en el Tribunal Internacional de Justicia de Naciones Unidas (TIJ). Entre los primeros, figuran Estados Unidos, China, Rusia y Jap¨®n, que rechazan sus responsabilidades sobre las emisiones de CO? anteriores a los acuerdos vigentes sobre el clima. Los segundos se reparten entre estados insulares del Pac¨ªfico, el Caribe, ?frica, Asia y Am¨¦rica Latina, y sostienen que los derechos humanos no deben excluirse en este contexto. Al final de las sesiones, la OMS ha subrayado que abordar el cambio clim¨¢tico significa evitar desigualdades. Los 15 jueces del TIJ emitir¨¢n una opini¨®n consultiva, no vinculante y esperada en 2025, que puede influir en la aplicaci¨®n de las normas clim¨¢ticas.
Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la Organizaci¨®n Mundial de la Salud (OMS), ha advertido la tarde de este viernes de que estamos ante ¡°una crisis sanitaria, aqu¨ª y ahora, y combatirla es un asunto de equidad¡±. Ha explicado que la transmisi¨®n de la malaria, el dengue y el c¨®lera ¡°puede aumentar de manera significativa si las temperaturas se extreman a¨²n m¨¢s¡±. Tambi¨¦n ha indicado que ¡°unos 920 millones de ni?os afrontan escasez de agua y ello aumentar¨¢ con el cambio clim¨¢tico¡±. Sin olvidar que ¡°154 millones de personas viven hoy a menos de un metro por encima del nivel del mar y m¨¢s de 130 millones de personas est¨¢n abocadas a la pobreza extrema para 2030¡å. La respuesta a la crisis del clima, ha a?adido, ¡°debe ser abordada como una responsabilidad compartida de los Estados¡±. Derek Walton, asesor legal de la organizaci¨®n, ha recalcado que el TIJ debe guiarse por la ciencia en este contexto. ¡°Que el tribunal ponga la salud en el centro de su decisi¨®n¡±, ha pedido.
La Uni¨®n Europea ha intervenido despu¨¦s, y Andr¨¦ Bouquet ha declarado que el TIJ no tiene que fallar ¡°en concreto si los pa¨ªses han cumplido o no sus obligaciones respecto a la lucha contra el cambio clim¨¢tico, sino respetar la autonom¨ªa de los tratados existentes sin crear nuevas normas¡±. En palabras de Josephine Norris, otra representante legal de la UE, se trata de que el TIJ ¡°refuerce las obligaciones del Acuerdo de Par¨ªs en sus decisiones, sin que ello reduzca las de los pa¨ªses desarrollados y en desarrollo en funci¨®n de sus capacidades¡±. La UE postula los acuerdos clim¨¢ticos y las mayores reducciones de emisiones de CO?, como conductas basadas en los mejores esfuerzos. No los concibe ¡°como obligaciones de resultado en las que cualquier incumplimiento se considerar¨ªa de inmediato como una violaci¨®n¡±. La protecci¨®n y respeto ¡°de los derechos humanos fijado en las leyes internacionales en el marco de los vigentes acuerdos del clima¡±, es otra de las peticiones legales de la UE a los jueces, ha dicho Margherita Bruti Liberati.
La causa del clima, invocada por parte de un centenar de estados y organizaciones internacionales, ha tenido como escenario el Palacio de la Paz, sede del TIJ en La Haya. Durante las dos ¨²ltimas semanas, las intervenciones han mostrado la brecha que separa a los contaminadores hist¨®ricos ¡ªAlemania y Reino Unido, entre los europeos¡ª de los peque?os estados insulares y las naciones en desarrollo. Estos ¨²ltimos afrontan en mayor medida el impacto del cambio clim¨¢tico. La Rep¨²blica de Vanuatu, situada en el Pac¨ªfico Sur, ha promovido el caso. Amenazada por la subida del nivel del mar y tormentas destructivas, su fiscal general, Arnold Kiel Loughman, ha declarado este viernes: ¡°Las emisiones de gases de efecto invernadero no controladas, las subvenciones a los combustibles f¨®siles y la exploraci¨®n y extracci¨®n de estos mismos contaminadores hist¨®ricos siguen alimentando la crisis clim¨¢tica¡±. Las alegaciones ante el TIJ han demostrado, en su opini¨®n, ¡°la b¨²squeda de justicia¡± porque ¡°no podemos esperar otro par de d¨¦cadas a que las negociaciones sobre el clima detengan las actuales consecuencias catastr¨®ficas del cambio clim¨¢tico¡±.
El argumento de que se aplique la legislaci¨®n sobre los derechos humanos en el contexto del clima ha sido el m¨¢s divisivo. Los grandes contaminadores han alegado que estas normas no abordan expl¨ªcitamente la mitigaci¨®n del cambio clim¨¢tico y tampoco se aplican extraterritorialmente. Rusia ha sido tajante en este punto, pero Estados Unidos y Alemania han insistido a su vez en que el derecho a un medio ambiente sano carece de protecci¨®n jur¨ªdica internacional. Para los pa¨ªses m¨¢s expuestos a la crisis clim¨¢tica, sin embargo, se trata de ¡°una crisis de derechos humanos que afecta a todos los derechos¡±. Para Fiji, Costa Rica y Colombia, por ejemplo, ¡°hay base jur¨ªdica para que las compensaciones sean proporcionales a los da?os sufridos¡±.
La Organizaci¨®n de Pa¨ªses Exportadores de Petr¨®leo (OPEP) ha remitido un escrito al TIJ defendiendo el Acuerdo de Par¨ªs, el Protocolo de Kioto (en vigor desde 2005) y la Convenci¨®n Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Clim¨¢tico (1992) como ¡°el marco para las negociaciones sobre el clima¡±. Por eso, ha pedido a los jueces ¡°que no creen obligaciones o responsabilidades adicionales para los Estados¡±. Entre los 13 miembros de la OPEP y sus aliados, se cuentan Arabia Saudita, Kuwait, Venezuela, Ir¨¢n, Irak y Nigeria, adem¨¢s de Rusia y M¨¦xico.
La Uni¨®n Internacional para la Conservaci¨®n de la Naturaleza (UICN) ha cerrado las intervenciones del caso. Grethel Aguilar, su directora, ha recalcado que ¡°las voces de todos deben contar en la lucha contra los efectos del cambio clim¨¢tico y deben quedar claras las responsabilidades¡±. Porque las leyes, ha concluido, ¡°no se mueven al ritmo de la crisis clim¨¢tica¡±. La opini¨®n consultiva de los jueces se espera para 2025 y no es vinculante. S¨ª tiene peso pol¨ªtico y puede aclarar las obligaciones jur¨ªdicas de los pa¨ªses para limitar las actividades contaminantes y apoyar a las comunidades vulnerables ante la crisis clim¨¢tica.
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