La dura batalla contra la desinformaci¨®n
Los pa¨ªses del entorno europeo que han explorado leyes contra las noticias falsas desistieron ante el riesgo de censura previa, contra la que advierte la jurisprudencia espa?ola. Los expertos apuestan por fomentar ¨®rganos del sector independientes del poder pol¨ªtico para supervisar su propia labor period¨ªstica y evitar leyes restrictivas
Durante los cinco d¨ªas que permaneci¨® ausente para meditar si dimit¨ªa o permanec¨ªa al frente del Gobierno, Pedro S¨¢nchez ha tomado conciencia de que Espa?a tiene un problema con la desinformaci¨®n. ¡°Mi autocr¨ªtica es que yo he estado muy centrado en lo urgente y tambi¨¦n importante, la pandemia y las guerras, y no he valorado en sus justos t¨¦rminos la dimensi¨®n de este grave problema que afectaba a mi pa¨ªs¡±, dijo el pasado martes por la ma?ana en la cadena SER. Hab¨ªan pasado 24 horas desde que S¨¢nchez anunciase que nada iba a cambiar en La Moncloa para que todo cambiase en un pa¨ªs acechado, seg¨²n su cita de Umberto Eco, por ¡°la m¨¢quina del fango¡±. A ella se refiri¨® en su carta a la ciudadan¨ªa que colg¨® en su perfil de la red social X y con la que puso en jaque a la naci¨®n a las 19.09 horas del pasado 24 de abril, la misma maquinaria tambi¨¦n aludida en su alocuci¨®n sin admitir preguntas del pasado lunes. ¡°Pongamos fin a este fango de la ¨²nica manera posible: mediante el rechazo colectivo, sereno democr¨¢tico, m¨¢s all¨¢ de las siglas y de las ideolog¨ªas, que yo me comprometo a liderar con firmeza¡±. A la hora de encarar uno de los grandes desaf¨ªos de las democracias contempor¨¢neas los expertos consultados coinciden: contra la desinformaci¨®n, autorregulaci¨®n frente a legislaci¨®n.
As¨ª lo corrobora Ricardo Guti¨¦rrez, secretario general de la Federaci¨®n Europea de Periodistas (EFJ, en sus siglas en ingl¨¦s). Desde esta instituci¨®n, Guti¨¦rrez incide en la dificultad de acotar qu¨¦ es la desinformaci¨®n. ¡°No hay pa¨ªs alguno donde exista una definici¨®n estricta, y legislar al respecto puede suponer en muchos casos un atentado contra la libertad de expresi¨®n. En pa¨ªses como Rusia y Turqu¨ªa, la regulaci¨®n estatal se usa para censurar a periodistas. Alemania y Francia han desarrollado proyectos relacionados, pero finalmente desistieron ante el riesgo de censura previa. ?C¨®mo defines si una informaci¨®n es obvia o no, cuando hay trolls que propagan contenidos desde Macedonia del Norte mediante las redes sociales en tu pa¨ªs? La mejor lucha contra esta lacra es fortalecer el periodismo¡±. Guti¨¦rrez esgrime un reciente informe de la OCDE para concluir: ¡°Autorregulaci¨®n, s¨ª, pero no regulaci¨®n estatal¡±.
Ese informe de la OCDE publicado en marzo se titula Hechos frente a falsedades: fortaleciendo la democracia a trav¨¦s de la integridad de la informaci¨®n. Y advierte de que las medidas necesarias para contrarrestar ¡°la amenaza que representa el aumento de la desinformaci¨®n¡± no deben ¡°en ning¨²n caso y bajo ninguna circunstancia llevar a un mayor control de la informaci¨®n en nuestras democracias¡±. El documento plantea un ¡°marco para fortalecer la integridad de la informaci¨®n¡± en base a tres ejes: mejorar la transparencia, la rendici¨®n de cuentas y la pluralidad de las fuentes de informaci¨®n; actualizar las medidas de gobernanza y la arquitectura institucional para reforzar la integridad del espacio informativo; y desarrollar defensas individuales y colectivas contra la desinformaci¨®n. En este ¨²ltimo aspecto, el documento insiste en la necesidad de fomentar la capacitaci¨®n de los ciudadanos para contrarrestar la informaci¨®n falsa y enga?osa. ¡°Esto se puede lograr mediante la integraci¨®n de la alfabetizaci¨®n medi¨¢tica e informacional (AMI) en los planes de estudio educativos, la implementaci¨®n de programas de formaci¨®n personalizados para educadores y profesionales de todas las edades, la evaluaci¨®n del impacto de las iniciativas AMI y el respaldo a la investigaci¨®n para entender cu¨¢les son las poblaciones m¨¢s expuestas a la desinformaci¨®n¡±. Ahora bien, ?de qu¨¦ estamos hablando cuando hablamos de desinformaci¨®n?
Su rastro se ha expandido sin freno por las democracias durante los ¨²ltimos. Desde el burdo Pizzagate que propagaron redes sociales y p¨¢ginas web de noticias falsas en la campa?a estadounidense de 2016, y por el que una pizzer¨ªa de Washington se presentaba como el eje de una red de pedofilia asociada a la candidata a la presidencia Hillary Clinton, hasta bulos m¨¢s recientes como la creaci¨®n de deep fakes (falsos profundos) mediante avatares creados con inteligencia artificial por candidatos a las elecciones en India que han difundido mensajes en varios idiomas y se han viralizado recientemente por Whatsapp, o la difamaci¨®n en redes amplificada en una tertulia de televisi¨®n diciendo que la esposa del presidente del Gobierno, Bego?a G¨®mez, es transexual. Ante la dificultad de alumbrar un concepto definitorio de consenso sobre la desinformaci¨®n se puede acudir a la Comisi¨®n Europea, donde este problema lleva siendo objeto de preocupaci¨®n desde hace a?os.
La Comisi¨®n Europea encuadra este fen¨®meno en la informaci¨®n verificablemente falsa o enga?osa que se crea, presenta y divulga con fines lucrativos o para enga?ar deliberadamente a la poblaci¨®n, y que puede causar un perjuicio p¨²blico, perseguir lucro econ¨®mico, tener fines ideol¨®gicos y electoralistas o atender a intereses geopol¨ªticos. En Espa?a, el informe anual de Seguridad Nacional conocido en marzo dedic¨® un apartado espec¨ªfico. Dicho escrito recordaba que el Foro Econ¨®mico Mundial situ¨® a principios de este a?o la desinformaci¨®n y la informaci¨®n err¨®nea en el corto plazo ¡ªa dos a?os vista¡ª en el primer puesto de diez para la clasificaci¨®n de riesgos globales, mientras que 12 meses antes este t¨¦rmino no entraba en la lista de las diez principales amenazas globales ni a corto (dos a?os) ni a largo plazo (un decenio).
Para los vigilantes de la seguridad nacional en Espa?a, ¡°las tensiones globales est¨¢n llevando a un incremento de la difusi¨®n de campa?as de desinformaci¨®n, entendidas estas como acciones llevadas a cabo por actores extranjeros, tanto de ¨¢mbito estatal como no estatal, con la intenci¨®n de desestabilizar y polarizar la sociedad y socavar su confianza en las instituciones¡±. La reci¨¦n actualizada Clasificaci¨®n Mundial de la Libertad de Prensa que elabora Reporteros Sin Fronteras acaba de mejorar la posici¨®n de Espa?a y sit¨²a a el pa¨ªs en el puesto 30 de 180 naciones, seis puntos por encima de la anterior edici¨®n. La raz¨®n se debe ¡°a la mejora del contexto legal y de seguridad, y por el declive de otros pa¨ªses¡±, seg¨²n el informe que muestra una preocupaci¨®n global. ¡°A escala mundial, se impone una constataci¨®n: la libertad de prensa est¨¢ amenazada por los mismos que deber¨ªan ser sus garantes: las autoridades pol¨ªticas¡±.
En la Federaci¨®n Europea de Periodistas tienen claro que las amenazas relacionadas con la propagaci¨®n de bulos han de combatirse desde el propio periodismo con el fortalecimiento de consejos deontol¨®gicos que fiscalicen el oficio. Su secretario general defiende el caso de B¨¦lgica, donde ejerci¨® durante m¨¢s de dos d¨¦cadas para el diario Le Soir. ¡°El Consejo estatal belga, perteneciente a la red internacional de Press Council, cuenta con representantes de los sindicatos de periodistas, due?os de los medios de comunicaci¨®n y representantes de la sociedad civil. Las denuncias llegan al ¨®rgano y si se falla contra un periodista que no ha respetado el c¨®digo deontol¨®gico establecido su medio est¨¢ obligado a publicar la misma nota que se difunde en la web del Consejo. Ese compromiso viene determinado por tener acceso a ayuda estatal. Ning¨²n medio que no se someta a las pautas de fiscalizaci¨®n del Consejo tiene derecho a ese tipo de ayudas en B¨¦lgica. La red de Press Council cuenta con fondos europeos para la creaci¨®n de estos ¨®rganos. Francia ha sido de los ¨²ltimos en sumarse¡±.
Y aqu¨ª es donde Espa?a supone una vez m¨¢s un caso peculiar. La red internacional de Press Council tiene como ¨²nico ¨®rgano asociado en el territorio nacional a la instituci¨®n pionera en la fiscalizaci¨®n del periodismo: el Consell de la Informaci¨® de Catalunya, que vigila exclusivamente el quehacer de los medios con implantaci¨®n en dicha comunidad aut¨®noma, entre ellos EL PA?S. Su financiaci¨®n se basa en las aportaciones de dichos medios a una Fundaci¨®n de la que depende y su presidente es el veterano periodista Josep Carles Rius, autor del reciente libro Periodismo y democracia en la era de las emociones (Edicions Universitat de Barcelona). Rius recuerda la creaci¨®n de este ¨®rgano de autorregulaci¨®n en 1997, a?os despu¨¦s de que el colectivo alumbrase un c¨®digo deontol¨®gico al calor de un n¨²cleo de periodistas muy comprometidos entre los que destac¨® Josep Pernau. Es la generaci¨®n que se moviliz¨® contra el caso Huertas, por el que el periodista Josep Mar¨ªa Huertas Claver¨ªa fue condenado ante un juez militar en el verano del 75 tras publicar un art¨ªculo en el que escribi¨® que ¡°un buen n¨²mero de meubl¨¦s estaban regentados por viudas de militares¡±.
Rius considera que las claves para el control de la profesi¨®n period¨ªstica deben obedecer a la autorregulaci¨®n y la transparencia. ¡°?Somos transparentes los medios respecto a la propiedad y la financiaci¨®n? Unos s¨ª y otros no. Y es algo que afecta a la sociedad y tambi¨¦n a la libre competencia. Durante los cinco a?os del gobierno tripartito en Catalu?a conseguimos que las ayudas p¨²blicas de la Generalitat a los medios estuvieran determinadas por su vinculaci¨®n a la vigilancia del Consell. Despu¨¦s, con la llegada de Artur Mas, aquello se revirti¨®¡±. Rius incide tambi¨¦n en otro aspecto que afecta a quienes directamente ejercen el periodismo. En un ecosistema digital donde la apariencia de un medio de comunicaci¨®n no lleva aparejada necesariamente la exigencia de que quienes distribuyen contenido sean profesionales que se avienen a los c¨¢nones del oficio, el presidente del Consell de la Informaci¨® de Catalunya ¡ªque tambi¨¦n ha sido decano del Col.legi de Periodistes de Catalunya¡ª propone reforzar las instituciones de los periodistas. ¡°Actualmente se agrupan en asociaciones y colegios profesionales, pero ser¨ªa necesaria la creaci¨®n de un Consejo General de Colegios de Periodistas¡±.
La Red de Colegios Profesionales ha repetido la misma exigencia estos d¨ªas mediante un comunicado bajo el argumento de considerarla ¡°una herramienta fundamental para regular el sector y evitar que se produzcan situaciones de desinformaci¨®n como las denunciadas por el presidente del Gobierno¡±. El establecimiento de ese ¨®rgano, recuerdan en su comunicado, ¡°tiene que ser creado mediante Ley en el Congreso de los Diputados¡±. A este respecto, Luis Men¨¦ndez, responsable internacional de la Federaci¨®n de Asociaciones de Periodistas de Espa?a (FAPE), recuerda que ¡°en Espa?a el periodismo no es una profesi¨®n regulada sino de libre elecci¨®n amparada en la Constituci¨®n¡±. Y a?ade: ¡°Quien decide qui¨¦n ejerce son los directores de los medios¡±. Adem¨¢s de reforzar las peculiaridades del colectivo, Josep Carles Rius tambi¨¦n cree que deber¨ªa apostarse por un Consejo audiovisual espa?ol independiente ¡ªlos hay auton¨®micos, como el de Catalu?a y Andaluc¨ªa¡ª y otro Consejo nacional de informaci¨®n que operase en todo el territorio con independencia del Consell de la Informaci¨® de Catalunya.
Este ¨®rgano autorregulatorio pionero en Espa?a tiene un equivalente posterior de ¨¢mbito nacional en la Comisi¨®n de Arbitraje, Quejas y Deontolog¨ªa del Periodismo, que empez¨® a funcionar en 2004, opera de manera independiente al Consell de la Informaci¨® de Catalunya y no pertenece a la red internacional de Press Council. Su origen emana de la aprobaci¨®n del C¨®digo Deontol¨®gico de la FAPE en 1993 y el actual presidente es el veterano periodista Fernando Gonz¨¢lez Urbaneja. ¡°La FAPE nos provee de fondos y en 2023 tuvimos 13.000 euros de presupuesto¡±, explica Gonz¨¢lez Urbaneja. ¡°Hemos dictado 220 resoluciones en estos 20 a?os de vida de la instituci¨®n¡±. Como ocurre con el Consell de la Informaci¨® de Catalunya, dichas resoluciones que se?alan malas pr¨¢cticas se hacen p¨²blicas en sus correspondientes p¨¢ginas web, pero no se obliga ¡ªcomo s¨ª ocurre en B¨¦lgica, donde adem¨¢s su ¨®rgano regulatorio es ¨²nico y para todo el territorio¡ª a los medios que se someten a sus c¨®digos deontol¨®gicos a difundirlas tambi¨¦n en sus propias cabeceras. ¡°No tenemos poder sancionador¡±, admite Gonz¨¢lez Urbaneja. ¡°?nicamente, el sentido moral. Pero la legislaci¨®n de control ya existe: el art¨ªculo 20 de la Constituci¨®n, el derecho de rectificaci¨®n y los delitos de injurias y calumnias¡±.
Las libertades reconocidas en el art¨ªculo 20 de la Constituci¨®n ¡ªel derecho a la libertad de expresi¨®n y a transmitir y recibir informaci¨®n veraz¡ª no son derechos absolutos y encuentran l¨ªmites en el respeto al resto de derechos, con especial atenci¨®n al derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protecci¨®n de la juventud y de la infancia. Cuando estos derechos y libertades entran en conflicto, la jurisprudencia del Constitucional ha mantenido que la libertad de informaci¨®n prevalece siempre que cumplan tres requisitos: veracidad, relevancia p¨²blica e inter¨¦s general. Ahora bien, la veracidad de la informaci¨®n exigida por el art¨ªculo 20 de la Constituci¨®n consiste en un t¨¦rmino objeto de interpretaci¨®n del tribunal de garant¨ªas, dado que la verdad universal y absoluta es inalcanzable. En su sentencia 176/1995, el Constitucional determin¨® que de identificarse la veracidad de la informaci¨®n a la idea de narrar ¨²nicamente ¡°la realidad incontrovertible¡± tal circunstancia implicar¨ªa limitar el cauce informativo a hechos o acontecimientos demostrados previamente. Algo incompatible con la inmediatez propia de una noticia, adem¨¢s de constituir, seg¨²n aquella sentencia, ¡°la tentaci¨®n de quienes ans¨ªan la censura previa¡±.
Desde la Asociaci¨®n de Medios de Informaci¨®n (AMI), que representa a m¨¢s de 80 asociados espa?oles ¡ªentre ellos, EL PA?S¡ª ante instituciones nacionales, europeas e internacionales, su directora general, Irene Lanzaco, defiende que ¡°la libertad de informaci¨®n sostiene al resto de libertades p¨²blicas¡±. Lanzaco aboga por la autorregulaci¨®n del sector ¡°antes que legislar sobre ¨¦l¡±, adem¨¢s de incidir en la necesidad de la ¡°alfabetizaci¨®n medi¨¢tica del pa¨ªs¡±. Y afirma que los editores de medios asociados a AMI estudian propuestas autorregulatorias que esperan anunciar pronto. Esta misma entidad es una de las promotoras de la reciente Declaraci¨®n de Santiago + 30, que con motivo del D¨ªa de la Libertad de Prensa este 3 de mayo han rubricado en Santiago de Chile una decena de organizaciones nacionales e internacionales representantes de m¨¢s de 1.500 medios de informaci¨®n y por la que reafirman el esp¨ªritu democr¨¢tico de la Declaraci¨®n de Santiago, firmada en 1994 en la capital chilena. Entre otros aspectos, la renovada Declaraci¨®n de Santiago + 30 solicita a los Estados ¡°evitar el discurso y las narrativas de polarizaci¨®n pol¨ªtica, que incluyen la estigmatizaci¨®n del trabajo period¨ªstico en sus roles democr¨¢ticos ligados a transmisi¨®n de noticias, vigilancia sobre funcionarios electos, tolerancia ante las opiniones disidentes y la construcci¨®n de consensos¡±. El texto tambi¨¦n pide ¡°desactivar regulaciones que mantienen censura directa o indirecta en contra de medios y periodistas¡±.
A la legislaci¨®n espa?ola hay que a?adir el Reglamento Europeo de Libertad de los Medios de Comunicaci¨®n, recientemente aprobado por la Euroc¨¢mara y de aplicaci¨®n obligatoria en los Estados de la UE. La desinformaci¨®n generalizada, la falta de transparencia sobre la propiedad de los medios y la creciente presi¨®n sobre los periodistas llev¨® al bloque comunitario a promover esta normativa de la UE para salvaguardar la libertad de prensa, considerada piedra angular de la democracia europea. Su articulado defiende la protecci¨®n a los medios frente a injerencias, as¨ª como promover su despolitizaci¨®n oblig¨¢ndoles a revelar con transparencia informaci¨®n sobre la propiedad, financiaci¨®n y publicidad institucional que reciben. La legislaci¨®n incluye un mecanismo de control de las grandes plataformas en l¨ªnea como Facebook, X e Instagram cuando restrinjan o eliminen arbitrariamente contenidos de medios independientes. Para la aplicaci¨®n efectiva de la normativa se crear¨¢ el Consejo Europeo de Servicios de Medios de Comunicaci¨®n. ¡°Hay que exigir responsabilidad a las plataformas digitales: son la gran fuente de fragilidad de los medios al llevarse gran parte de la publicidad que los sostienen¡±, concluye Josep Carles Rius. ¡°Y necesitamos distinguir un proyecto period¨ªstico del resto de cosas en el ecosistema digital donde todo puede ser la selva y quien se impone es el m¨¢s feroz: la ultraderecha¡±.
Para ello, como sostiene la periodista Carmela R¨ªos, experta en los estragos de la desinformaci¨®n a cuyo estudio ha dedicado a?os de su carrera, ¡°es necesario definir los contornos del problema, que tiene una gran capacidad de mutaci¨®n narrativa¡±. R¨ªos afirma que Espa?a lleva un retraso de a?os respecto a otros pa¨ªses europeos, ¡°donde hay una concienciaci¨®n mayor y los periodistas se han dado cuenta de que el problema es de ellos mismos¡±. R¨ªos lo comprob¨® tras los aldabonazos de las victorias de Trump en Estados Unidos y del Brexit en Reino Unido. Y sobre el terreno, al cubrir la campa?a electoral del presidente Emmanuel Macron en Francia durante 2017. ¡°Se propag¨® el bulo de una supuesta homosexualidad de Macron, se hackearon los correos de su equipo¡ La junta electoral francesa reaccion¨® y actuaron contra Sputnik y Russia Today. En Espa?a hemos podido ver la experiencia de Vox en el uso de las herramientas que permiten las redes sociales con total impunidad. La desinformaci¨®n es un asunto pol¨ªtico, pero tambi¨¦n econ¨®mico y estrat¨¦gico. Autorregulaci¨®n, s¨ª, pero hay que replantearse el periodismo. Si no le damos la vuelta ante el complejo contexto que afrontamos seremos los tontos ¨²tiles de esta profesi¨®n¡±.
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