El Supremo pone peros a la Ley de Propiedad Intelectual

El ministro Wert, y m¨¢s concretamente la Secretar¨ªa de Estado de Cultura que de ¨¦l depende, tiene sobre la mesa un espinoso problema: las dudas que el Tribunal Supremo ha planteado al Tribunal de Justicia de la Uni¨®n Europea sobre algunos aspectos de la Ley de Propiedad Intelectual. La reforma, una de las prioridades en la acci¨®n de gobierno del Ministerio de Educaci¨®n, Cultura y Deporte, ya sufri¨® antes las cr¨ªticas del Consejo de Estado, del Consejo del Poder Judicial y de toda la oposici¨®n en el Congreso.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal ha se?alado, en un auto consultado por este diario, la posible incompatibilidad con las directivas europeas del modelo de compensaci¨®n por copia privada, uno de los pilares b¨¢sicos del anteproyecto de ley. Lo que el Supremo ha examinado con lupa, a ra¨ªz de un recurso interpuesto por entidades de gesti¨®n de derechos de autor como VEGAP, EGEDA y DAMA, es el sistema de compensaci¨®n por copia privada que el Gobierno cre¨® a cargo de los presupuestos del Estado, en sustituci¨®n del llamado canon digital que defienden dichas entidades. En el auto, los magistrados del tribunal expresan sus serias dudas de que este nuevo modelo y la supresi¨®n del anterior sean compatibles con la directiva de Bruselas.

Aunque el auto no paraliza la tramitaci¨®n parlamentaria de la ley, las entidades de gesti¨®n consideran que si el Gobierno siguiera manteniendo el mismo texto ser¨ªa una ¡°huida hacia adelante de dif¨ªcil explicaci¨®n¡±. Fuentes del Ministerio de Cultura aseguraron ayer a este peri¨®dico que la tramitaci¨®n de la Ley de Propiedad Intelectual sigue su curso ¡°porque afortunadamente sigue siendo v¨¢lida la separaci¨®n de poderes¡±, y pronosticaron que el nuevo texto legal podr¨ªa quedar definitivamente aprobado a finales de octubre.

Los jueces del Supremo han dirigido dos preguntas concretas a sus colegas de Bruselas: una, si es conforme al art¨ªculo 5.2.b) de la directiva 2001/29 un sistema de compensaci¨®n equitativa por copia privada que, tomando como base de estimaci¨®n el perjuicio efectivamente causado, se sufraga con cargo a los presupuestos generales del Estado, sin que resulte por ello posible asegurar que el coste de dicha compensaci¨®n sea soportado por los usuarios de copias privadas. En caso de que la respuesta a esta pregunta sea afirmativa, el Supremo plantea a Bruselas si es conforme a dicho art¨ªculo que la cantidad destinada por los presupuestos generales del Estado a la compensaci¨®n equitativa por copia privada, aun siendo calculada con base en el perjuicio causado, deba fijarse dentro de los l¨ªmites presupuestarios establecidos para cada ejercicio.

En resumen: el Supremo quiere saber, por un lado, si se adecua a la legislaci¨®n europea el hecho de que la compensaci¨®n por copia privada la costeen los presupuestos generales; y por otro, si tiene base el hecho de que cada a?o las cantidades destinadas a esa compensaci¨®n fluct¨²en en la medida en que fluct¨²an los presupuestos. El canon digital que el Gobierno Rajoy decidi¨® cambiar por el nuevo modelo era una tasa que se aplicaba a medios y soportes de grabaci¨®n y cuya recaudaci¨®n iba destinada a autores, editores y productores como compensaci¨®n por las eventuales copias privadas de sus obras.

Las dudas del alto tribunal reflejan las que tambi¨¦n tuvo en diciembre de 2013 el Consejo de Estado. En su dictamen, el organismo se?al¨® que el nuevo sistema con cargo a los presupuestos del Estado presentaba ¡°elementos de dudosa conformidad con el derecho europeo¡± y recomendaba una ¡°profunda revisi¨®n¡± de los art¨ªculos relacionados con este aspecto, que no se produjo. Las entidades de gesti¨®n de derechos de autor han visto c¨®mo, desde que el Gobierno suprimi¨® el canon digital e implant¨® este nuevo sistema con cargo de los Presupuestos Generales, las cantidades destinadas a compensaci¨®n por copia privada han ca¨ªdo de 115 a cinco millones de euros.

El C¨ªrculo de Bellas Artes de Madrid acoger¨¢ este lunes un acto de protesta de las entidades de gesti¨®n de derechos de autor contra el anteproyecto de reforma de la Ley de Propiedad Intelectual actualmente en tramitaci¨®n. A la convocatoria acudir¨¢n los presidentes de las diferentes sociedades de gesti¨®n, adem¨¢s de artistas, escritores, editores y productores, para hacer frente a una norma que califican de ¡°regresiva e innecesaria¡±.