Claves de la nueva Ley de Propiedad Intelectual

La reforma de la Ley de Propiedad Intelectual (LPI) ya es realidad. Han sido a?os de debates y cr¨ªticas tras los que el Partido Popular ha aprovechado su mayor¨ªa absoluta en el Parlamento para sacar adelante en solitario la normativa, el texto entra ahora en vigor. La reforma, eso s¨ª, es parcial, hasta el punto de que establece un plazo de un a?o para que el Ejecutivo apruebe otra modificaci¨®n, m¨¢s profunda y completa, de la ley. Aun as¨ª, y pese a que algunas de las novedades entrar¨¢n en vigor paulatinamente a lo largo del a?o, la nueva LPI contiene cambios de cierto calado que han provocado consecuencias incluso antes de ser aplicables. Estas son las principales modificaciones:

Google News no habla espa?ol

La novedad quiz¨¢s m¨¢s pol¨¦mica de la ley es la introducci¨®n de la llamada tasa Google o canon Aede (por ser una reivindicaci¨®n hist¨®rica de la Asociaci¨®n de Editores de Diarios Espa?oles): se trata de una compensaci¨®n que los agregadores de noticias, como Google News o Men¨¦ame, tienen que pagar a partir de ahora a los editores por publicar "fragmentos no significativos" de sus art¨ªculos. La ley establece que el cobro es un "derecho irrenunciable", de ah¨ª que a Google solo se le ocurriera una alternativa para evitar pagar: ha dejado de incluir noticias de medios espa?oles en Google News. La satisfacci¨®n de Aede se ha transformado en preocupaci¨®n por la posible p¨¦rdida de visitas, as¨ª que ha pedido "la intervenci¨®n de las autoridades espa?olas y comunitarias para proteger de manera eficaz los derechos de los ciudadanos y de las empresas".

El bolsillo de los piratas

La nueva LPI aumenta hasta los 600.000 euros las sanciones m¨¢ximas para las webs que vulneren los derechos de propiedad intelectual. El texto ampl¨ªa la lucha contra la pirater¨ªa a las p¨¢ginas de enlaces (las que facilitan el acceso a otras webs que alojan el contenido no autorizado) as¨ª como a los intermediarios, anunciantes o servicios de pago on line que colaboren con estas webs, todos amenazados con las mismas multas. Aparte de la propia conducta infractora, la ley considera responsable a "quien coopere con la misma, conoci¨¦ndola o contando con indicios razonables para conocerla; y quien, teniendo un inter¨¦s econ¨®mico directo en los resultados de la conducta infractora, cuente con una capacidad de control [sobre ella]". Entre los susceptibles de ser sancionados, el texto excluye expl¨ªcitamente a los buscadores.

Debido a la llegada de esta reforma, la c¨¦lebre p¨¢gina Series.ly, una red social con fichas y cr¨ªticas de series que los usuarios aprovechaban para encontrar enlaces a contenidos piratas, ha decidido retirar previamente todos los millones de links sobre los que no pudiera garantizar que respetaran el copyright.

El nuevo canon se paga entre todos

Hace a?os que el canon digital fue enterrado. Para sustituirlo la LPI recoge la introducci¨®n, activa desde 2012, de la compensaci¨®n por copia privada con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. Es decir, la pagamos entre todos. La ley acota el concepto de copia privada y ha reducido la recaudaci¨®n para las entidades de gesti¨®n de los 115 millones hasta los 5 que cobraron el a?o pasado. Este v¨ªnculo del nuevo sistema con los Presupuestos Generales del Estado no convence al Tribunal Supremo, que pregunt¨® al Tribunal de Justicia de la UE si la medida es coherente con las normativas europeas.

Tras el 'caso SGAE'

En 2011, la entrada de la Guardia Civil en la sede de la SGAE y la detenci¨®n del entonces presidente de la entidad, Eduardo Teddy Bautista, por un supuesto esc¨¢ndalo de desviaci¨®n de fondos, destrozaron la imagen de las entidades de gesti¨®n, ya de por s¨ª por los suelos. Para evitar un d¨¦j¨¤-vu, la LPI aumenta el control y las obligaciones de transparencia para estos organismos. Tambi¨¦n introduce un cat¨¢logo de infracciones de "leves" a "muy graves", que pueden suponer una multa de hasta 800.000 euros (o del 2% de la recaudaci¨®n del a?o anterior) para la entidad que incumpla la ley.

Otras tarifas, una sola ventanilla

La ley insta a las entidades de gesti¨®n a aprobar unas nuevas tarifas, "adecuadas" a lo establecido por la reforma. Televisiones, radios, hoteles y dem¨¢s usuarios de los derechos de propiedad intelectual tachan de "abusivos" desde hace a?os los precios impuestos por las entidades. La reforma establece un plazo de seis meses para aprobar las nuevas tarifas, desde el momento en que entre en vigor "la orden del Ministerio de Educaci¨®n, Cultura y Deporte que apruebe la metodolog¨ªa para la determinaci¨®n de dichas tarifas". El texto tambi¨¦n impone a las entidades la creaci¨®n de aqu¨ª a cinco meses de una ventanilla ¨²nica para la facturaci¨®n y el pago por parte de los usuarios. En el caso de que los organismos no lleguen a un acuerdo, la Secci¨®n Primera de la Comisi¨®n de Propiedad Intelectual (el organismo administrativo creado por la ley Sinde) se ocupar¨¢ de solucionar el problema.

La cita y los campus virtuales

Tambi¨¦n pol¨¦mico aunque menos conocido es otro aspecto de la LPI: la obligaci¨®n para las universidades de pagar a CEDRO (la entidad de gesti¨®n de los libros) por usar manuales y textos universitarios en los campus virtuales. El derecho, como en el caso del canon AEDE, es irrenunciable: es decir, incluso si el propio autor del manual quisiera ponerlo a disposici¨®n libremente, estar¨ªa obligado a ser remunerado.