D¨ªas clave para los derechos de autor

Los derechos de autor y su remuneraci¨®n se enfrentan hoy y ma?ana a decisiones decisivas. La Comisi¨®n de Cultura del Congreso tiene previsto estudiar este jueves la ponencia sobre la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual (LPI) y ma?ana se reunir¨¢ la Secci¨®n Primera de la Comisi¨®n de Propiedad Intelectual (SPCPI) para examinar el alud de escritos ¡ªa favor y en contra¡ª de la resoluci¨®n que fija las tarifas que las entidades de gesti¨®n cobran a las radios por la m¨²sica que emiten.

Tanto las enmiendas a la LPI como el dictamen de la SPCPI han avivado el conflicto entre las entidades de gesti¨®n de derechos y los usuarios, sobre todo radios y televisiones, los sectores que m¨¢s dinero aportan por usar el repertorio. La inquietud se ha disparado por la demora en la publicaci¨®n en el BOE de la resoluci¨®n de la SPCPI del pasado 20 de septiembre (notificada a las partes el 3 de octubre), en la que se establece que las radios deben pagar un porcentaje de sus ingresos publicitarios en funci¨®n de la intensidad y la relevancia del uso de la m¨²sica en las emisoras, inferior al que pagaban cuando la tarifa era fijada unilateralmente por las entidades. Las radios ven incongruente que ofertas generalistas como la SER, Cope u Onda Cero paguen m¨¢s que las musicales, pese a que las canciones no son un contenido principal ni relevante.

Esta resoluci¨®n pone orden en el largo y tenso desencuentro abierto en 2010 entre la Asociaci¨®n Espa?ola de Radiodifusi¨®n Comercial (AERC) y AGEDI-AIE, gestora de los derechos de productores de fonogramas y artistas musicales. Han pasado casi dos meses desde que se firm¨®, pero a¨²n no ha pasado a las p¨¢ginas del BOE, situaci¨®n que las radios tildan de ¡°an¨®mala¡±.

¡°Estamos perplejos con lo ocurrido en el seno de la SPCPI¡±, explica el presidente de la AERC, Rafael P¨¦rez del Puerto, en referencia a la destituci¨®n del secretario general, Ra¨²l Rodr¨ªguez; la dimisi¨®n de su presidente, Julio Costas, horas despu¨¦s de haber firmado la resoluci¨®n, y la petici¨®n de desistimiento de AGEDI-AIE el d¨ªa siguiente.

¡°Es ins¨®lito y preocupante por la inseguridad jur¨ªdica que provoca cuando nos jugamos algo tan importante como son las tarifas que el sector va a tener que soportar en el futuro¡±, dice P¨¦rez del Puerto.

La reuni¨®n de la SPCPI, convocada para ma?ana viernes, en la que no participar¨¢ Costas, examinar¨¢ el aluvi¨®n de escritos presentados por las partes enfrentadas. La AERC defiende que ¡°jur¨ªdicamente no cabe otra cosa que no sea publicar la resoluci¨®n¡±. Solo si se plasma en el BOE tendr¨¢ eficacia general, pero las radios consideran que AGEDI-AIE est¨¢n presionando para obstaculizar su publicaci¨®n.

Estas entidades no ocultan su disconformidad con la resoluci¨®n. Alberga ¡°muchas incertidumbres¡± y ¡°demasiadas inc¨®gnitas¡±, dice Antonio Fern¨¢ndez, presidente de ADEPI, que discrepa del dictamen. ¡°Nos aleja de Europa porque omite las tarifas comparadas de la UE¡±. Fern¨¢ndez defiende que la parte que insta el procedimiento ¡°pueda desistir en cualquier momento del proceso en funci¨®n de sus intereses leg¨ªtimos¡± y asegura que fue una ¡°coincidencia¡± que la solicitud de desestimiento se presentara horas despu¨¦s de que la resoluci¨®n fuera firmada.

La demora en la publicaci¨®n coincide con la tramitaci¨®n en la Comisi¨®n de Cultura de la reforma de la LPI. Un abanico de usuarios (radios, televisiones, universidades, hoteleros...) han expresado sus quejas por las enmiendas pactadas entre PP, PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos. Efectuar cambios despu¨¦s del ¡°esfuerzo¡± que ha costado alcanzar acuerdos generar¨ªa ¡°m¨¢s confusi¨®n e inestabilidad en el sector¡± y sus consecuencias ser¨ªan ¡°impredecibles¡±, dicen los canales auton¨®micos agrupados en la Forta. Las televisiones comerciales piden introducir el principio de ¡°reciprocidad material¡±, que ya se aplica en Francia, ¡°de modo que se asegure un principio de igualdad para impedir que las multinacionales discogr¨¢ficas cobren en Espa?a por actos que en su pa¨ªs de origen son gratuitos¡±, comenta Miguel Langle, director de Regulaci¨®n de Atresmedia.

Desde AERC se?alan que modificar la composici¨®n de la SPCPI a mitad de su mandato ¡ªpasar¨¢ de cuatro miembros a cinco¡ª perjudica su trabajo y afecta a su equilibrio e independencia. ¡°Nos interesa a todos, usuarios y entidades de gesti¨®n, contar con un regulador fuerte y estable. Ser¨ªa deseable que se reforzaran los medios asignados y se garantizara la coordinaci¨®n entre la SPCPI y la CNMC¡±, a?aden.

P¨¦rez del Puerto lamenta que no se ha dado audiencia a la AERC durante los trabajos preparatorios de selecci¨®n de alegaciones que iban a ser defendidas por los grupos en la Comisi¨®n de Cultura. ¡°Sin embargo, nos consta que s¨ª se les dio voz a otros sectores implicados¡±, matiza. Recuerda que en julio de este a?o se les asegur¨® que esta ser¨ªa una ¡°reforma t¨¦cnica, pero a la vuelta del verano nos encontramos con la sorpresa de que a la comisi¨®n iban a ir alegaciones consensuadas por los cuatro grupos que favorec¨ªan a las entidades de gesti¨®n y que reformaban cuestiones que nada ten¨ªan que ver con las directivas europeas¡±.

El presidente de la AERC admite que entre septiembre y octubre han sido recibidos por los grupos parlamentarios. ¡°Hemos podido exponerles el gran da?o que esta reforma podr¨ªa suponer para nuestro sector, que ya soporta una factura superior a los 14 millones de euros anuales por este concepto¡±.

Desde las entidades de derechos, Fern¨¢ndez afirma que el trabajo de la ponencia ha sido intenso y que se ha escuchado a todos los usuarios: ¡°Tenemos la esperanza de que siga el esp¨ªritu de las enmiendas pactadas por los cuatro grupos para intentar reequilibrar un desequilibrio previo¡±.

En el ¨¢mbito universitario, lo que m¨¢s preocupa es justamente el cambio en el equilibrio desde el punto de vista de la negociaci¨®n de los derechos. ¡°En cierto modo, quedamos desprotegidos¡±, comenta Julio Abalde, rector de la Universidad de A Coru?a, quien recuerda que los campus abonan al a?o tres millones de euros a CEDRO y VEGAP por el uso de material impreso e ilustraciones en las aulas virtuales. ¡°No pretendemos zafarnos del pago, pero pedimos que sea ajustado al uso. Ahora pagamos igual por un alumno de una rama cient¨ªfica que por uno de artes o humanidades. Adem¨¢s, no utilizamos ese material para conseguir beneficios sino para la formaci¨®n de los estudiantes¡±, advierte el rector.