La nueva ley de propiedad intelectual obliga a Google a comunicar cambios en su algoritmo a los medios
El Gobierno aprueba por real decreto la adaptaci¨®n de la norma europea que permite a las empresas informativas negociar de forma individual con las grandes plataformas el pago por la difusi¨®n de sus contenidos
Las empresas informativas y las agencias de noticias podr¨¢n negociar de manera independiente con las grandes tecnol¨®gicas como Google y Facebook una remuneraci¨®n por la difusi¨®n de sus contenidos en l¨ªnea siempre que estas obtengan una autorizaci¨®n previa y el acuerdo entre las dos partes se haga con ¡°buena fe contractual, diligencia debida, transparencia y respeto a las reglas de la libre competencia, excluyendo el abuso de posici¨®n de dominio en la negociaci¨®n¡±. As¨ª se afirma en un borrador ¨Dal que ha tenido acceso EL PA?S¡ª del real decreto que ha aprobado el Gobierno este martes en Consejo de Ministros, y que deber¨¢ ser convalidado por el Congreso. En el texto, adem¨¢s, se especifica que estas empresas deber¨¢n avisar a los medios con los que firmen acuerdos de los cambios que efect¨²en en el algoritmo que marca la jerarqu¨ªa de sus agregadores de noticias. La reforma adapta, con cinco meses de retraso, la directiva europea de derechos de propiedad intelectual.
Las tecnol¨®gicas deber¨¢n informar as¨ª ¡°de forma peri¨®dica, detallada y suficiente sobre los par¨¢metros principales que rigen la clasificaci¨®n de los contenidos agregados y la importancia relativa de dichos par¨¢metros¡±, seg¨²n indica el borrador. Esta obligaci¨®n atiende a lo establecido por el Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de junio de 2019, sobre el fomento de la equidad y la transparencia para los usuarios profesionales de servicios de intermediaci¨®n en l¨ªnea.
A la espera de ver c¨®mo se valora esta exigencia, con los cambios que plantea la adaptaci¨®n de la normativa europea, se facilita el regreso a Espa?a del servicio Google News, clausurado por el gigante tecnol¨®gico en 2014 cuando se aprob¨® la ley anterior, que reconoc¨ªa el derecho irrenunciable de los editores a ser remunerados por los agregadores de noticias con el conocido como canon AEDE, y establec¨ªa que cualquier negociaci¨®n se hiciera obligatoriamente a trav¨¦s de una entidad de gesti¨®n.
Un portavoz de Google hab¨ªa asegurado este martes que ¡°seg¨²n las informaciones iniciales parecen darse las condiciones id¨®neas para un potencial lanzamiento de Google News en Espa?a¡±, aunque matiz¨® que la compa?¨ªa necesita ¡°tiempo para analizar en detalle la nueva ley¡±, y que en breve tomar¨¢ decisiones. La reapertura de Google News es imprescindible para que pueda estar disponible Google News Showcase, una vitrina en la que son los editores quienes eligen qu¨¦ contenidos informativos se muestran a los lectores. Cuando se anunci¨® su lanzamiento, en octubre de 2020, Google adelant¨® que dedicar¨ªa 850 millones en tres a?os para retribuir a editores de todo el mundo en esta plataforma.
En Francia las negociaciones han terminado en muchas ocasiones en los tribunales. En Espa?a, el Ejecutivo ha encontrado una f¨®rmula intermedia por la que no ha adaptado la norma europea de manera literal, con la intenci¨®n de reforzar los derechos de los medios y sus autores frente a estas grandes empresas que, en muchos casos, ya tienen una posici¨®n dominante en el mercado digital. Para conseguirlo, el Ministerio de Cultura liderado por Miquel Iceta no solo ha exigido esa ¡°buena fe y transparencia¡± en las negociaciones, sino que adem¨¢s reconoce el derecho exclusivo de los medios sobre sus informaciones. Cuando un medio o una agencia se siente a negociar con una gran empresa tecnol¨®gica tendr¨¢ garantizado su independencia editorial, es decir ser¨¢ el medio el que decida qu¨¦ contenidos se publican.
Adem¨¢s, en caso de que una compa?¨ªa informativa considere que estos principios de equilibrio y transparencia no se cumplen podr¨¢ recurrir a nueva v¨ªa administrativa a trav¨¦s de la Secci¨®n Primera de la Comisi¨®n de Propiedad Intelectual, como paso previo antes de llegar a los jueces.
Transparencia en las plataformas
Aunque los contratos con los medios no tienen que hacerse p¨²blicos al tratarse de empresas privadas, las tecnol¨®gicas tendr¨¢n que ser transparentes en cuanto al funcionamiento de la plataforma en la que se publiquen dichas noticias. Adem¨¢s, seg¨²n el borrador, estas grandes compa?¨ªas no podr¨¢n condicionar estos acuerdos a otros complementarios. Un caso: aceptar que las noticias de un medio se publiquen en Google Showcase no puede condicionarse a la contrataci¨®n de otros servicios. Seg¨²n las entidades de gesti¨®n consultadas, las tecnol¨®gicas pretenden ofrecer que parte de la retribuci¨®n se haga a trav¨¦s de ayudas para mejorar los proyectos digitales de los medios, por ejemplo para desarrollar un buscador m¨¢s potente o impulsar iniciativas que permitan conocer mejor a los usuarios.
Son las organizaciones de gesti¨®n de derechos, como CEDRO, las que quedan en una posici¨®n de inferioridad tras a?os de lucha contra lo que consideran el monopolio de las grandes tecnol¨®gicas sobre los derechos de informaci¨®n y propiedad intelectual. ¡°Supone la derogaci¨®n de un derecho de gesti¨®n colectiva obligatoria, lo que perjudica a la protecci¨®n de la propiedad intelectual¡±, asegura un portavoz de la entidad. La norma actual de 2014 se rige por el principio de obligatoriedad de que esta gesti¨®n sea colectiva y no individual. En el borrador del texto aprobado por el Gobierno se abre la puerta a la posibilidad de una gesti¨®n colectiva, pero deja de ser obligatoria. CEDRO advierte, adem¨¢s, de que esta adaptaci¨®n va ¡°a generar inseguridad jur¨ªdica como ha sucedido en Francia¡±.
El otro asunto que queda abierto es qu¨¦ sucede con las b¨²squedas en internet de palabras sueltas. Los derechos que recoge la norma no se aplicar¨¢n cuando un usuario realice una de estas b¨²squedas siempre que ¡°no perjudique a las inversiones realizadas por las editoriales de publicaciones de prensa y agencias de noticias para la publicaci¨®n de los contenidos y no afecte a la efectividad de los derechos reconocidos¡±. El problema es que una b¨²squeda en internet puede conducir a un enlace con un escueto titular que lleve al lector a consultar la informaci¨®n publicada por un medio; o que la descripci¨®n que ofrece Google sea tan detallada que colme su curiosidad. En el primer caso, el medio obtendr¨ªa un beneficio; en el segundo el lector no acceder¨ªa a la noticia y solo saldr¨ªa ganando la tecnol¨®gica, que se habr¨ªa hecho con determinados datos de ese usuario.
Los medios y las tecnol¨®gicas mantienen desde hace a?os una pugna global. Los editores vienen reclamando a Facebook y Google una remuneraci¨®n justa por considerar que estos gigantes se aprovechan de las noticias de los peri¨®dicos ¡ªy de los datos de sus lectores¡ª para arrebatarles ¡ªprecisamente gracias a esos datos¡ª la mayor parte de la tarta publicitaria. Las plataformas alegan que su tecnolog¨ªa ha permitido difundir las noticias a una audiencia descomunal. Lo cierto es que mientras la crisis generada por la pandemia ha obligado a cerrar decenas de cabeceras en todo el mundo, los gigantes de Silicon Valley han visto c¨®mo se disparaban sus beneficios.
La ley australiana que sacudi¨® Europa
La directiva europea, cuya trasposición tenía que haberse llevado a cabo en junio, deja abierta la forma en que cada uno de los Estados miembros regula las relaciones entre los productores de contenidos y las grandes tecnológicas. En Francia, como en el decreto ley aprobado en España, es mixto. Los medios pueden negociar de forma individual con Google –de hecho, mucho de ellos ya han llegado a acuerdos con la compañía– o hacerlo en bloque, a través de entidades de gestión de derechos de autor. En Alemania, en cambio, la legislación solo prevé la negociación colectiva.
El debate de la propiedad intelectual de los contenidos informativos en internet se vio sacudido a principios de 2020 por la aprobación por el Parlamento de Australia de la norma que ha ido más lejos en las exigencias a las grandes tecnológicas y que provocó que Google amenazase con abandonar el país. Varios eurodiputados de diferentes grupos aseguraron que esta norma debía tenerse como modelo para las futuras relaciones con las tecnológicas, aunque no existe todavía un consenso político en la UE en ese sentido.
El llamado Código de Negociación de Medios de Noticias y Plataformas Digitales de Australia prevé por ejemplo que las tecnológicas no solo están obligadas a negociar el pago por los contenidos con las empresas que los producen, sino que deben compartir los datos de los usuarios que consiguen con esos contenidos y avisarles de cambios en los algoritmos que afectan a su producción.
Además, la legislación australiana obliga a alcanzar un acuerdo con todos los editores, sin importar lo pequeños que sean, y afecta a cualquier utilización de sus contenidos, ya sean servicios de noticias o buscadores. Pero el artículo que provocó el mayor enfrentamiento, y provocó que Facebook impidiese compartir noticias en Australia durante cuatro días, fue que decretó el arbitraje obligatorio en caso de que no se alcanzase un acuerdo. Finalmente, el Gobierno de Canberra y las tecnológicas alcanzaron un acuerdo.
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