El ¡®tsunami¡¯ de la ley australiana sobre las tecnol¨®gicas llega a la UE

Pocas veces una ley promulgada en Australia ha desatado un efecto global tan profundo. La reciente aprobaci¨®n de la norma que va m¨¢s lejos en las exigencias a las grandes tecnol¨®gicas por la utilizaci¨®n de los contenidos de los medios informativos, que afecta sobre todo a Facebook y a Google, ha tenido una repercusi¨®n en muchos otros pa¨ªses, especialmente en los miembros de la UE, que se preparan para trasladar antes del verano a sus legislaciones nacionales la nueva directiva de propiedad intelectual.

Los medios de comunicaci¨®n de todo el mundo, sacudidos por una crisis global agravada por la pandemia del coronavirus, luchan desde hace a?os para que las grandes tecnol¨®gicas paguen una contribuci¨®n justa por contenidos en los que no invierten, pero de los que se aprovechan econ¨®micamente con su utilizaci¨®n. Los lectores llegan a las noticias que producen los medios de comunicaci¨®n a trav¨¦s de muchos puntos de entrada ¡ªel propio peri¨®dico, un buscador o una red social¡ª, pero la parte del le¨®n de la publicidad digital se queda en las compa?¨ªas tecnol¨®gicas globales. En Espa?a no hay datos oficiales del reparto publicitario digital, pero en otros pa¨ªses europeos como Reino Unido la autoridad de competencia estableci¨® que en el mercado publicitario digital Google tiene una cuota de entre el 60% y 90%, seg¨²n el formato. En cuanto a las b¨²squedas, Google mantiene una posici¨®n de monopolio de facto, con m¨¢s del 90% del mercado europeo.

El tsunami legislativo australiano provocado por el llamado C¨®digo de Negociaci¨®n de Medios de Noticias y Plataformas Digitales, tambi¨¦n ha llegado a Espa?a. La directiva sobre derechos de autor deber¨¢ formar parte de las legislaciones nacionales de los Estados miembros antes del 7 de junio. Actualmente, el Gobierno est¨¢ hablando con los principales grupos de comunicaci¨®n, con dos inc¨®gnitas todav¨ªa abiertas sobre la aplicaci¨®n de la directiva. La primera es la forma de negociaci¨®n entre los medios y las grandes tecnol¨®gicas: podr¨ªa ser colectivamente a trav¨¦s de entidades de gesti¨®n, el modelo vigente en la actualidad; de manera individual; o a trav¨¦s un sistema mixto en el que los editores eligen a qu¨¦ f¨®rmula quieren acogerse, como ha ocurrido en Francia o en Australia.

La segunda inc¨®gnita reside en si la nueva ley garantizar¨¢ la compensaci¨®n econ¨®mica por la utilizaci¨®n de los contenidos en todos los resultados de las b¨²squedas, incluso aquellos m¨¢s breves (los llamados snippets simples), por los que Google se resiste a pagar. Aunque el texto europeo excluye ¡°palabras sueltas o extractos muy breves¡±, el uso masivo por parte de los motores de b¨²squeda del contenido informativo, actualizado adem¨¢s en tiempo real, perjudica a los editores, porque muchas veces el lector no llega a pinchar el enlace ni a visitar el medio.

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Espa?a fue uno de los primeros pa¨ªses que mantuvo un enfrentamiento con Google cuando, tras la aprobaci¨®n en 2014 de la actual ley de propiedad intelectual, que preve¨ªa retribuciones por la inclusi¨®n de art¨ªculos en los agregadores de informaci¨®n, cerr¨® Google News. El principal punto de fricci¨®n con Google estaba en el art¨ªculo 32.2 de la norma todav¨ªa vigente: ¡°La puesta a disposici¨®n del p¨²blico por parte de prestadores de servicios electr¨®nicos de agregaci¨®n de contenidos de fragmentos no significativos de contenidos, divulgados en publicaciones peri¨®dicas o en sitios Web de actualizaci¨®n peri¨®dica y que tengan una finalidad informativa, de creaci¨®n de opini¨®n p¨²blica o de entretenimiento, no requerir¨¢ autorizaci¨®n, sin perjuicio del derecho del editor o, en su caso, de otros titulares de derechos a percibir una compensaci¨®n equitativa. Este derecho ser¨¢ irrenunciable y se har¨¢ efectivo a trav¨¦s de las entidades de gesti¨®n de los derechos de propiedad intelectual¡±.

Las claves de esta ley de 2014 son que los grandes grupos tecnol¨®gicos no tienen que pedir permiso a los titulares de los derechos para reproducir contenidos informativos en sus agregadores, pero s¨ª est¨¢n obligados a pagar por ellos. Al ser un derecho irrenunciable, la negociaci¨®n se realiza a trav¨¦s entidades de gesti¨®n, en este caso Cedro, la asociaci¨®n de autores y editores de libros, revistas, peri¨®dicos y partituras. Desde el cierre de Google News en Espa?a, la compa?¨ªa no ha pagado ning¨²n canon, aunque Cedro interpuso una demanda en noviembre en la que le exig¨ªa 1,1 millones de euros por un presunto impago de derechos de autor por el servicio Google Discover, ya que considera que se trata de una ¡°agregaci¨®n de noticias¡±. En todo caso, la transposici¨®n de la directiva europea obliga a reformar la legislaci¨®n y a elegir la f¨®rmula del futuro.

La Directiva 2019/790 del Parlamento Europeo reconoce el llamado ¡°derecho conexo¡± de los editores de publicaciones de prensa a ser compensados por la utilizaci¨®n de los contenidos que producen, con matices considerables con respecto a la ley espa?ola actualmente vigente: es necesario el permiso previo de los titulares de los derechos y se aplica solo a los editores de prensa. Hay una tercera diferencia muy importante: este derecho se ampl¨ªa a la utilizaci¨®n de los contenidos en los resultados de b¨²squeda, no solo a aquellos contenidos utilizados en agregadores. En otras palabras, no se refiere solo a los contenidos que a las tecnol¨®gicas les interesa utilizar para sus productos como Google News, sino a aquellos a los que llegan los usuarios a trav¨¦s de las b¨²squedas.

Google News Showcase

Precisamente, la pr¨®xima irrupci¨®n de un nuevo producto de Google en el mercado espa?ol, Google News Showcase, un sofisticado agregador de noticias para m¨®viles con sistema Android y Apple, ha llevado a la compa?¨ªa a buscar acuerdos con diferentes grupos de comunicaci¨®n en Espa?a, al igual que est¨¢ haciendo en la mayor¨ªa de los pa¨ªses europeos. El principal escollo en la actualidad no es tanto que Google compense a los editores por los art¨ªculos que utiliza para nutrir sus servicios de agregaci¨®n de noticias, como que pague tambi¨¦n por los art¨ªculos que aparecen en su buscador, algo a lo que se resiste y que los editores consideran que se trata de otro servicio de noticias en s¨ª mismo. Sin embargo, seg¨²n la legislaci¨®n espa?ola actual, los editores de prensa no est¨¢n facultados para negociar directamente por la utilizaci¨®n de sus contenidos por parte de agregadores.

El Gobierno est¨¢ tratando de buscar un consenso en un sector que se encuentra todav¨ªa dividido ante la aprobaci¨®n de la ley, aunque la fecha del 7 de junio est¨¢ cada vez m¨¢s cerca y las cantidades en juego son importantes en un momento en el que los medios han sufrido una merma considerable de los ingresos publicitarios durante la pandemia. El estudio publicado a principios de marzo An¨¢lisis de la remuneraci¨®n para editores por los usos digitales de los contenidos de la prensa en las plataformas tecnol¨®gicas, encargado por Cedro a la consultora Qbo Investigaci¨®n y Estrategia, prev¨¦ que las compensaciones totales de las tecnol¨®gicas puedan alcanzar los 263 millones de euros anuales, entre el 7% y el 9% de las ganancias publicitarias de estas empresas.

En Francia, donde 121 medios llegaron en enero a un acuerdo con Google por tres a?os, se ha optado por el sistema mixto ¡ªnegociar cada uno por su cuenta o en grupo o acogerse a una entidad de gesti¨®n de derechos, pero de forma voluntaria¡ª porque renunciar por principio y obligatoriamente a la gesti¨®n individual de los contenidos ¡ªen el fondo, la mayor riqueza de cualquier medio¡ª es algo a lo que se resisten muchos editores. Adem¨¢s, la Comisi¨®n Europea interpreta que la directiva permite no renunciar a la gesti¨®n individual de los contenidos. Preguntado en el Europarlamento sobre esto, el comisario del Mercado Interior, Thierry Breton, fue muy claro: ¡°La imposici¨®n de la gesti¨®n colectiva obligatoria privar¨ªa a los editores de este derecho exclusivo al impedir la elecci¨®n de los editores de autorizar o prohibir el uso de su publicaci¨®n¡±.

La aplicaci¨®n de la nueva directiva europea no es el ¨²nico frente que las grandes tecnol¨®gicas tienen abierto en la UE. La Comisi¨®n Europea est¨¢ trabajando en dos proyectos normativos que afectar¨¢n profundamente al sector, la Ley de Servicios Digitales (DSA) y la Ley de Mercados Digitales (DMA), que, al tratarse de reglamentos y no de directivas, ser¨¢n de aplicaci¨®n directa sin que sea necesario que pasen por las legislaciones nacionales. Estos reglamentos se a?aden a una ofensiva de la comisaria de la Competencia, Margrethe Vestager, para tratar de acotar el poder de Google o Facebook, lo que ha incluido multas por abuso de posici¨®n dominante para corregir los desequilibrios en el mercado. En una entrevista con este diario, Vestager defendi¨® adem¨¢s un reglamento que imponga ¡°obligaciones a las empresas con una posici¨®n muy dominante en el mercado¡±.

Aunque no est¨¢ prevista su aprobaci¨®n definitiva hasta el a?o 2023, los editores de prensa quieren que se acelere la redacci¨®n de estos reglamentos porque aumentar¨ªa su capacidad para negociar con las grandes tecnol¨®gicas en un marco m¨¢s garantista. Estas dos normas est¨¢n destinadas a obligar a estas compa?¨ªas a vigilar de cerca los contenidos que difunden; pero tambi¨¦n a promover la competencia y limitar los efectos de su posici¨®n de dominio en el mercado. Adem¨¢s, la Comisi¨®n quiere que, por primera vez, se trate de normas abiertas, que puedan adaptarse a un mercado en constante transformaci¨®n.

Y, aqu¨ª, de nuevo, el ejemplo australiano se encuentra en primer plano. El europarlamentario malt¨¦s Alex Saliba, que pertenece al grupo progresista y miembro de la comisi¨®n de Mercado Interior y Protecci¨®n del Consumidor, declar¨® a la prensa que la norma australiana hab¨ªa logrado hacer frente a ¡°los desequilibrios de poder en las negociaciones¡± de los editores con las tecnol¨®gicas, en referencia al arbitraje obligatorio, y defendi¨® que deber¨ªa servir de inspiraci¨®n para la nueva legislaci¨®n digital europea. La norma de Canberra prev¨¦ que, en caso de no alcanzar un pacto, un arbitraje obligatorio impondr¨¢ un acuerdo. Si no aceptan el resultado del arbitraje, la multa puede alcanzar al 10% de su facturaci¨®n en Australia.

El European Publisher Council (EPC), del que forma parte el grupo PRISA, editor de EL PA?S, junto a los principales grupos de prensa europeos, emiti¨® un comunicado conjunto con Microsoft en el que sosten¨ªa que la legislaci¨®n europea deb¨ªa ¡°inspirarse de la nueva ley australiana¡±. ¡°La soluci¨®n deber¨ªa incluir disposiciones de arbitraje, para garantizar que se negocien acuerdos justos¡±, sosten¨ªa el comunicado. ¡°Dichas disposiciones deber¨ªan tener en cuenta el modelo establecido por la ley australiana, que permite a un panel de arbitraje marcar un precio justo basado en una evaluaci¨®n de los beneficios que obtiene cada parte al incluir el contenido de las noticias en las plataformas, los costes de producci¨®n de este contenido y cualquier carga indebida que suponga para las propias plataformas¡±.

El arbitraje obligatorio previsto por la ley australiana centr¨® la resistencia encarnizada de las tecnol¨®gicas. Facebook lleg¨® a impedir durante cuatro d¨ªas que se compartiesen noticias de los medios australianos y Google amenaz¨® con cerrar su buscador en este pa¨ªs, aunque tras intensas negociaciones con el Gobierno conservador de Scott Morrisson se alcanz¨® un acuerdo. Las enmiendas a la ley prev¨¦n un periodo de negociaci¨®n durante el que se valorar¨¢ la contribuci¨®n econ¨®mica de las tecnol¨®gicas a la prensa independiente, antes de la imposici¨®n del arbitraje. Por cada 100 d¨®lares de gasto en publicidad digital en Australia, 53 van a parar a Google, 28 a Facebook y 19 a todos los dem¨¢s.

Datos de los usuarios

El texto legislativo, cuya versi¨®n final fue publicada la semana pasada por el Parlamento de Canberra, tambi¨¦n ofrece otras importantes novedades que se est¨¢n estudiando a fondo en el resto del mundo. Las tecnol¨®gicas no solo est¨¢n obligadas a negociar el pago por los contenidos con las empresas que los producen, sino que deben compartir los datos de los usuarios que consiguen con esos contenidos y avisarles de cambios en los algoritmos que afectan a su producci¨®n. Adem¨¢s, est¨¢n obligados a alcanzar un acuerdo con todos los editores, sin importar lo peque?os que sean, y afecta a cualquier utilizaci¨®n de sus contenidos, ya sean servicios de noticias o buscadores.

La directora general de Google Australia, Melanie Silva, sostuvo en el Parlamento que la ley ¡°sienta un peligroso precedente¡±, aunque finalmente ha alcanzado un acuerdo con 50 compa?¨ªas, entre ellas la poderosa News Corp, de Rupert Murdoch, para evitar el arbitraje obligatorio. El monto del acuerdo no ha sido difundido. Una portavoz de Google precis¨® sobre la ley australiana: ¡°Ya tenemos cientos de acuerdos con editores grandes y peque?os en Europa, incluyendo Google News Showcase, lo que nos convierte en uno de los mayores inversores del mundo en periodismo. Nuestra preocupaci¨®n en Australia no tiene que ver con pagar a las organizaciones de noticias, puesto que ya lo hemos hecho durante muchos a?os, sino que se nos ha solicitado pagar por todos los enlaces y recortes en nuestro buscador, una propuesta que los legisladores europeos rechazaron durante el debate de la Directiva Europea de Derechos de Autor. Los enlaces y los recortes son la base de una web abierta y libre¡±.

El argumento de los responsables de Facebook es que son los usuarios y los propios medios los que comparten voluntariamente los enlaces y que se benefician de ellos. ¡°El intercambio de valor entre Facebook y los editores va a favor de los editores¡±, declar¨® a la BBC el gerente de Facebook para Australia y Nueva Zelanda, William Easton.

El efecto global de la nueva ley australiana puede hacer que sus art¨ªculos m¨¢s beligerantes acaben tambi¨¦n en el reglamento europeo. Al menos es el deseo de algunos eurodiputados. Alex Salida, el eurodiputado malt¨¦s, sostiene que la UE debe ir mucho m¨¢s all¨¢. ¡°El desequilibrio es muy grande, y las grandes empresas tecnol¨®gicas se han convertido en socios comerciales inevitables¡±, se?al¨® a la cadena Euronews. ¡°Tienen la sart¨¦n por el mango a la hora de llegar a estos acuerdos, por lo que es in¨²til alcanzar pactos para pagar con c¨¦ntimos a los editores cuando los grandes trozos del pastel publicitario est¨¢n siendo ocupados solo por dos empresas¡±. La eurodiputada h¨²ngara Anna J¨²lia D¨®nath, miembro del grupo Renew Europe, declar¨® a la misma cadena: ¡°Europa debe aprender de lo ocurrido en Australia¡±.