La nueva Ley de Memoria Democr¨¢tica abre una v¨ªa al PNV para reclamar la sede del Instituto Cervantes en Par¨ªs
El organismo, dependiente del Ministerio de Exteriores, recuerda que el Tribunal Supremo atribuy¨® en 2003 al Estado el inmueble, cuyo valor ronda hoy los 17 millones de euros
El proyecto de Ley de Memoria Democr¨¢tica, que concluye la semana que viene el plazo de presentaci¨®n de enmiendas y tiene por delante un largo camino hasta ser aprobada, incluye una disposici¨®n que facilita al PNV retomar una vieja reivindicaci¨®n: la recuperaci¨®n de un inmueble de 1.309 metros cuadrados en Par¨ªs, un palacete cerca de los Campos El¨ªseos que hoy es una de las dos sedes del Instituto Cervantes en la capital francesa. El inmueble fue la hist¨®rica sede del Gobierno vasco en la capital francesa desde 1937 a 1940 adonde se traslad¨® ante el avance de las tropas de Franco en la Guerra Civil. En esa zona, el metro cuadrado se paga a unos 13.000 euros de media, por lo que su precio actual rondar¨ªa los 17 millones, seg¨²n c¨¢lculos realizados por este peri¨®dico.
El Gobierno ha incluido en el proyecto de ley una disposici¨®n adicional, titulada Bienes y derechos incautados en el extranjero, que establece que las disposiciones previstas en la ley de 1998 que aprob¨® el Gobierno de Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar, del PP, de restituci¨®n o compensaci¨®n a los partidos pol¨ªticos de bienes y derechos incautados durante la Guerra Civil, ¡°ser¨¢n de aplicaci¨®n a los bienes y derechos obtenidos en el extranjero¡± en ejecuci¨®n de un acuerdo que firmaron Espa?a y Francia, el 25 de enero de 1939 ¡°aun cuando el t¨ªtulo de propiedad del Reino de Espa?a hubiera venido a ser atribuido por resoluciones administrativas o judiciales de Estados extranjeros¡±.
Y a?ade el texto que, adem¨¢s de los beneficiarios previstos en la ley de 1998, ¡°lo ser¨¢n tambi¨¦n los partidos pol¨ªticos respecto a los bienes que hubieran pertenecido a personas f¨ªsicas o jur¨ªdicas vinculadas a dichos partidos con car¨¢cter fiduciario o bajo cualquier forma de cobertura jur¨ªdica sustentadas en negocios o pactos de interposici¨®n personal¡±.
Con esta redacci¨®n es una disposici¨®n hecha a la medida de la reivindicaci¨®n del PNV, que reclama el inmueble desde los tiempos de Aznar, al que apoy¨® en su investidura a cambio, entre otras contrapartidas, de la ley que se aprob¨® en diciembre 1998 sobre la devoluci¨®n del patrimonio incautado durante el franquismo. El Ejecutivo dej¨® finalmente fuera el edificio de Par¨ªs porque el PNV hab¨ªa firmado en septiembre el Pacto de Lizarra, por el que las formaciones nacionalistas vascas acordaron negociar por su cuenta con ETA para su disoluci¨®n. El PNV acudi¨® a los tribunales y, en 2003, el Tribunal Supremo fall¨® en su contra al entender que ¡°nunca fue incautado en aplicaci¨®n de la ley franquista de responsabilidades pol¨ªticas y que su integraci¨®n en el Patrimonio del Estado [espa?ol] se efectu¨® en virtud de sentencia judicial¡± de un tribunal parisino.
El PNV, cuyos votos han buscado tanto el PP como el PSOE para aprobar investiduras y la ley m¨¢s importante del Gobierno, la de los Presupuestos Generales del Estado, retom¨® las negociaciones sobre el edificio con Carmen Calvo en su etapa al frente del Ministerio de Cultura (2004-2007) y nunca las ha abandonado. La disposici¨®n incluida ahora en el proyecto de ley del Ejecutivo de Pedro S¨¢nchez no supone la inmediata devoluci¨®n del edificio a los nacionalistas vascos, del mismo modo que el art¨ªculo 31 del texto, que prev¨¦ la realizaci¨®n de una auditor¨ªa de incautaciones durante el franquismo, no garantiza que los particulares afectados los vayan a recuperar autom¨¢ticamente, pero abre un camino para buscar soluciones. Adem¨¢s, fuentes de la negociaci¨®n citan a varios investigadores que han detectado errores en la argumentaci¨®n de las sentencias que hasta la fecha han denegado a los nacionalistas vascos la propiedad original del inmueble.
La formaci¨®n que preside Andoni Ortuzar asegura, sin embargo, que est¨¢ ¡°cerca¡± de lograr su objetivo. ¡°Es un asunto de justicia debida y el Gobierno sabe que ah¨ª hubo pecado. Les hemos hecho ver que este tema sigue pendiente y hab¨ªa que resolverlo¡±, afirma un portavoz del PNV. Mientras que fuentes de la direcci¨®n del Cervantes, entidad dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores, aseguran que el Supremo dej¨® claro ¡°que no hay pruebas que demuestren que el inmueble fuera propiedad del PNV¡±. ¡°Si se aportara nueva documentaci¨®n que justificara que ese edificio les pertenece y hubiera una nueva normativa al respecto, el Cervantes la acatar¨ªa, pero en este momento no es as¨ª¡±, a?aden. Las mismas fuentes subrayan que el inmueble es ¡°patrimonio del Estado, de todos los ciudadanos de Espa?a, y entre ellos, todos los vascos y que se dedica a la promoci¨®n de la cultura espa?ola y las lenguas oficiales de Espa?a¡±. El Cervantes cifra, adem¨¢s, en cuatro millones de euros las obras de mejora realizadas en el edificio hasta la fecha. Las fuentes conocedoras de la negociaci¨®n opinan, por su parte, que con la nueva ley y un an¨¢lisis riguroso de la documentaci¨®n hist¨®rica, el PNV tiene m¨¢s posibilidades de ganar esa batalla, pero que el desenlace final no tendr¨ªa por qu¨¦ ser expulsar al Cervantes de una de sus sedes m¨¢s importantes, sino que se arreglar¨ªa con una compensaci¨®n econ¨®mica a la formaci¨®n vasca.
La historia del edificio
El PNV siempre ha argumentado que la sentencia francesa (1943) en la que se apoy¨® el Supremo se realiz¨® bajo la ocupaci¨®n nazi y se produjo gracias a la ¡°connivencia entre las autoridades alemanas de la ocupaci¨®n y el Gobierno franquista, con presiones hacia el tribunal en la prefabricaci¨®n del fallo¡±. Varias investigaciones consultadas por este diario tambi¨¦n creen que fue as¨ª, en virtud de los acuerdos B¨¦rard-Jordana que se cita en la disposici¨®n del proyecto de ley y por los que la Rep¨²blica francesa reconoci¨® al Gobierno de Franco. En ese acuerdo, firmado el 25 de febrero de 1939 y citado por Jos¨¦ Alfonso Durango en Las relaciones hispano-francesas entre dos guerras (CSIC), Francia se compromet¨ªa a facilitar la restituci¨®n de bienes a los franquistas. Fuentes de la investigaci¨®n creen que las autoridades galas prometieron entonces influir en la magistratura para casos que hubiera que llevar a tribunales, como el del inmueble de la avenida Marceau, 11. Adem¨¢s, han detectado varios ¡°errores¡± en la argumentaci¨®n del abogado del Estado en 2001 que recoge el fallo del Supremo para denegar la propiedad al PNV. As¨ª, opinan que la documentaci¨®n atestigua que el inmueble se alquila por primera vez en septiembre de 1936, cuando a¨²n no est¨¢ constituido el Gobierno provisional vasco en el exilio, por lo que no ser¨ªa este el arrendatario, y que los fondos tampoco pod¨ªan proceder del Servicio de Evacuaci¨®n de Republicanos Espa?oles (SERE) porque la compra se realiza en 1937 y el SERE se crea en febrero de 1939.
En la comisi¨®n rogatoria internacional durante el proceso judicial, en 2003, el investigador Jean-Claude Larronde declar¨® que hab¨ªa ¡°constatado¡± que el PNV procedi¨® a la compra del inmueble que ocupaba desde septiembre de 1936; y que ¡°los argumentos utilizados por el Tribunal del Sena en 1943 sobre la procedencia de los fondos para adquirirlo son falsos¡±. El Tribunal se?al¨® que proced¨ªan de robos o confiscaciones del tesoro espa?ol, pero el investigador sostiene que eran de militantes del PNV residentes en M¨¦xico. Larronde tambi¨¦n explic¨® que el partido constituy¨® una sociedad, Finances et Enterprises, ¡°con el objeto de transferir la propiedad para evitar la confiscaci¨®n del inmueble por los espa?oles de Franco¡±.
El edificio lleg¨® a ser ocupado por la Gestapo en junio de 1940, y pas¨® a convertirse en la sede de Falange. En 1951, cuando los vascos fueron expulsados definitivamente tras una serie de litigios, el lehendakari Jos¨¦ Antonio Aguirre declar¨®: ¡°Protesto en nombre de nuestro pueblo, al que esta decisi¨®n causa el m¨¢s profundo dolor causado en el exilio, sobre todo porque ha sido adoptada por los amigos con los que hemos compartido dolores y sacrificios comunes por la causa de la libertad y de la democracia¡±. Despu¨¦s, pas¨® a ser la Biblioteca Espa?ola, en 1952. Cuatro d¨¦cadas despu¨¦s, en 1991, cuando se fund¨® el Cervantes, este la integr¨® a su red de bibliotecas y en 2006 la rebautiz¨® como Octavio Paz. El tiempo dir¨¢ si la compleja historia del palacete que vivi¨® dos guerras escribe un ¨²ltimo cap¨ªtulo.
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