El Supremo da la raz¨®n a Aznar en la pugna por los edificios incautados al PNV

El Tribunal Supremo ha desestimado el recurso presentado por el PNV contra una decisi¨®n del Consejo de Ministros de 22 de enero de 2001 por la que se le negaba una compensaci¨®n econ¨®mica por varios bienes incautados por el r¨¦gimen franquista, entre otros, por el edificio del n¨²mero 11 de la parisina Avenue Marceau, que lleg¨® a ser sede del Gobierno vasco en el exilio y actualmente alberga el Instituto Cervantes en la capital francesa. El PNV hab¨ªa pedido en su demanda la restituci¨®n de esos bienes -dicho edificio y otros dos inmuebles de Noyon y Compans- o una compensaci¨®n econ¨®mica cifrada en 1.752.518.000 pesetas.

Entre los acuerdos a los que lleg¨® el PNV con el PP para apoyar la primera investidura de Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar, tras las elecciones de 1996, los nacionalistas arrancaron un pacto sobre la devoluci¨®n del patrimonio que les fue incautado durante el franquismo. Fruto de ese acuerdo, el Gobierno del PP aprob¨® en diciembre de 1998 la ley sobre restituci¨®n o compensaci¨®n a los partidos de bienes y derechos incautados durante la guerra civil.

El Ejecutivo central defendi¨® que los recurrentes "no han podido acreditar la titularidad del PNV" sobre el edificio de Avenue Marceau, "ya que de los documentos aportados se destaca m¨¢s bien la vinculaci¨®n de dicha entidad con el Gobierno vasco". Agregaba que "dicho edificio nunca fue incautado y su integraci¨®n en el Patrimonio del Estado se efectu¨® en virtud de sentencia judicial" de un tribunal parisino.

El abogado recurrente, Guillermo Ibarrondo, hab¨ªa intentado acreditar que se lleg¨® a esa sentencia del Tribunal Civil del Sena -el 21 de julio de 1943, es decir, bajo la ocupaci¨®n nazi de Francia- gracias a la "connivencia entre las autoridades alemanas de la ocupaci¨®n y el Gobierno franquista, con presiones hacia el tribunal en la prefabricaci¨®n del posterior fallo y de las pruebas utilizadas, ficticias y artificialmente creadas al efecto".

La Secci¨®n Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del alto tribunal asegura en su fallo que la ley de incautaciones tiene car¨¢cter restrictivo y no cabe, v¨ªa una interpretaci¨®n "extensiva", "ampliar la restituci¨®n o compensaci¨®n a otros derechos no previstos". Y da la raz¨®n al Gobierno espa?ol al indicar que los bienes fueron "adquiridos en virtud de una sentencia" y no incautados. La resoluci¨®n judicial, de la que ha sido ponente el magistrado ?scar Gonz¨¢lez, dice que en los otros dos edificios la petici¨®n se hizo fuera de plazo.