De las promesas a los compromisos

?UNA DECLARACION prometedora?, titul¨¢bamos ayer nuestro comentario sobre las l¨ªneas program¨¢ticas del Gobierno Su¨¢rez tras una r¨¢pida lectura hecha casi de madrugada. Un an¨¢lisis m¨¢s reposado y tranquilo del texto confirma esa impresi¨®n inicial en lo que respecta al pre¨¢mbulo y a los cuatro primeros puntos de su contenido. Dejamos para sucesivos comentarios, que no siempre ser¨¢n de igual tono, los temas de los que se ocupan los puntos restantes: la dial¨¦ctica entre mantenimiento del orden y ejercicio de las libertades, el problema de las nacionalidades y las regiones, las relaciones con la Iglesia, la pol¨ªtica econ¨®mica, la libertad sindical, la educaci¨®n, la instrumentaci¨®n de la amnist¨ªa, etc¨¦tera. Por lo pronto, el lenguaje de la declaraci¨®n es claro y su articulaci¨®n te¨®rica es coherente. A diferencia de los textos de la vieja escuela, no es preciso desenredar la mara?a de la ret¨®rica para buscar con buena voluntad ideas dignas de apoyo, ni su veh¨ªculo transmisor son expresiones voluntariamente ambiguas o sin¨®nimos poco comprometedores.

As¨ª, el Gobierno no s¨®lo expresa la convicci¨®n de que ?la soberan¨ªa reside en el pueblo? y proclama su prop¨®sito de instaurar ?un sistema pol¨ªtico democr¨¢tico?, sino que adelanta los rasgos concretos que, al menos en teor¨ªa, impiden utilizar esos conceptos para designar realidades ?org¨¢nicas? que son su contrario. En efecto, la declaraci¨®n se?ala que las instituciones democr¨¢ticas se basan ?en la garant¨ªa de los derechos y libertades c¨ªvicas, en la igualdad de oportunidades pol¨ªticas para todos los grupos democr¨¢ticos y en la aceptaci¨®n del pluralismo real?.

A¨²n m¨¢s, la enunciaci¨®n program¨¢tica deja bien claro las diferencias de los actuales poderes legislativo y ejecutivo y su inadecuaci¨®n para un sistema democr¨¢tico. El servicio hist¨®rico que el Gobierno se propone prestar incluye su propia provisionalidad y transitoriedad. Su ¨²nica misi¨®n es hacer las reformas legales necesarias ?a fin de que puedan surgir las mayor¨ªas que informen en el futuro la composici¨®n de las instituciones representativas y el propio Gobierno de la naci¨®n?.

El mismo prop¨®sito de desinflar la ret¨®rica y descender del c¨®modo olimpo de las generalidades parece animar la enumeraci¨®n de los instrumentos necesarios para la realizaci¨®n de ese programa: el ejercicio de las libertades p¨²blicas corrigiendo los textos iguales que lo restrinjan; la libertad de expresi¨®n como medio ?para que la sociedad pueda manifestar su pluralismo natural y el pueblo pueda organizarse en libertad en torno a aquellas opciones que m¨¢s se acerquen a sus aspiraciones?; el di¨¢logo con la oposici¨®n, la aceptaci¨®n de la cr¨ªtica y ?el reconocimiento del servicio que presta la discrepancia civilizada?.

Sin duda alguna, en el saludable descenso hacia lo concreto la declaraci¨®n es un hito: baste con recordar, no ya las vagu¨ªsimas y mistificadoras formulaciones del Fuero de los Espa?oles o de los Principios del Movimiento, sino el m¨¢s pr¨®ximo ejemplo de ambig¨¹edad que represent¨® el ?esp¨ªritu del 12 de febrero?.

Ahora bien, aunque claras y concretas, se trata de promesas, no de compromisos.

Ciertamente, la declaraci¨®n anuncia elecciones generales para antes de un a?o. Ciertamente, el ?renovado impulso? con el que el Gobierno se propone proseguir el proceso de transformaci¨®n pol¨ªtica parece tener un objetivo democr¨¢tico.

Ciertamente se prev¨¦ la necesidad de promulgar nuevas leyes y de derogar otras para facilitar ?la acomodaci¨®n de los textos legales a la realidad nacional?. Ciertamente, el anuncio de que la reforma constitucional ser¨¢ sometida ?a la decisi¨®n de la naci¨®n? despierta la esperanza de que se recurra directamente al refer¨¦ndum y se renuncie a la penosa y mala comedia de que sean las Cortes las que decidan su propia desaparici¨®n.

Sin embargo, la salvedad de que el Gobierno realizar¨¢ su programa ?atendiendo con criterios realistas las circunstancias pol¨ªticas de cada momento? significa en la pr¨¢ctica la invitaci¨®n a que la opini¨®n p¨²blica extienda un nuevo cheque en blanco a favor del Poder. El procedimiento nos parece peligroso, m¨¢xime cuando un eventual incumplimiento de las promesas podr¨ªa llevar a la bancarrota de la propia Monarqu¨ªa. Todav¨ªa una ¨²ltima cuesti¨®n, esta vez de fondo: si la reforma constitucional no consiste en atribuir todo el poder legislativo y la capacidad para designar y destituir al Gobierno a un Congreso elegido por sufragio universal, renunciando as¨ª a ese Consejo del Reino y a ese Senado, semiorg¨¢nicos y cuasi -surrealistas que dibujaban el anterior proyecto reformista, y si no se legalizan todos los partidos pol¨ªticos, el esp¨ªritu de la Declaraci¨®n program¨¢tica habr¨ªa sido desvirtuado por los propios que la escribieron.