El Rey concede amnist¨ªa para los delitos pol¨ªticos y de opini¨®n

?La amnist¨ªa que el Gobierno ha propuesto al Rey y que Su Majestad se ha dignado conceder, es prenda de la efectiva voluntad d concordia encaminada a lograr un sistema pol¨ªtico estable para todos los espa?oles?, manifest¨® ayer el ministro de Justicia, Landelino Lavilla, durante un almuerzo ofrecido a la prensa tras el Consejo de Ministros. ?Esta amnist¨ªa, yo creo que amplia, est¨¢ fundamentalmente referida a los delitos de intencionalidad pol¨ªtica y de opini¨®n?.

El se?or Lavilla declar¨® que esta medida se hab¨ªa concebido de forma que comprenda todas las figuras delictivas incluidas en el C¨®digo Penal y en las leyes penales especiales, caracterizadas por la intencionalidad pol¨ªtica o de opini¨®n, sin m¨¢s excepci¨®n que los atentados a la vida o a la integridad f¨ªsica de las personas.A sendas preguntas del enviado especial de EL PAIS sobre la cantidad de reclusos a los que afectar¨¢ la amnist¨ªa y sobre la posible medida complementaria de la misma consistente en la revisi¨®n de procesos por delitos de los llamados de sangre, el ministro de Justicia manifest¨® que, aunque carec¨ªa de datos exactos, por el momento ser¨ªan unos 200 penados -aunque la cifra se fij¨® despu¨¦s, por fuentes solventes, en 500- quienes se beneficiar¨ªan de la amnist¨ªa, aparte de las restantes aplicaciones a quienes no se encuentran actualmente en la c¨¢rcel. Respecto al segundo tema, declar¨® que la amnist¨ªa no est¨¢ condicionada por la opini¨®n internacional y que, a pesar de los diferentes criterios que se han manfestado sobre la ausencia de garant¨ªas en los procesos celebrados en, septiembre de 1975, no existe, hoy por hoy, motivo alguno para disponer la revisi¨®n de aquellos juicios, que ocasionaron cinco ejecuciones y varias conmutaciones de la pena capital.

El se?or Lavilla se?al¨® que entre las excepciones a la aplicaci¨®n de la amnist¨ªa figuran tambi¨¦n los supuestos en que se ha atentado contra el patrimonio nacional, a trav¨¦s del contrabando y defraudaci¨®n monetaria.

El ministro de Justicia aludi¨® tambi¨¦n a la aplicaci¨®n de la amnist¨ªa a algunos delitos tipificados en el C¨®digo de Justicia Militar en funci¨®n de un criterio objetivo. ?Concretamente -seg¨²n dijo- resultar¨¢n afectados los delitos de sedici¨®n y rebeli¨®n militar, as¨ª como las sanciones por raz¨®n de objeci¨®n de conciencia de quienes se han negado, por este motivo, a prestar el servicio militar?.

La amnist¨ªa se extender¨¢ tambi¨¦n a los desertores y a los pr¨®fugos. No, en cambio, a los casos de injuria y calumnia, cuando ¨¦stas sean perseguidas a instancias de la parte afectada.

El se?or Lavilla explic¨® que la amnist¨ªa opera exclusivamente en el ¨¢mbito del Estado (representante, vamos a decir -se?al¨®- de la sociedad en sus relaciones con los ofensores de la sociedad). Por este motivo, la amnist¨ªa -a?adi¨®- no deja sin efecto las responsabilidades civiles y sit¨²a al margen la amnist¨ªa laboral, que corresponde conceder a las empresas.

Por lo que se refiere a la aplicaci¨®n de la amnist¨ªa, el ministro de Justicia dijo que ser¨¢ efectuada por los tribunales y juzgados, con intervenci¨®n de los fiscales respectivos, y que cabr¨¢n recursos contra las resoluciones judiciales y administrativas correspondientes. Aclar¨® que las infracciones administrativas que se amnist¨ªan son aquellas que ofrecen un contenido de intencionalidad pol¨ªtica o de opini¨®n.

Entre las limitaciones de la amnist¨ªa, se refiri¨® a que el perd¨®n de delitos militares no se extiende a la separaci¨®n del servicio. Se amnist¨ªa la pena, pero no puede reincorporarse, aunque se le reconozcan los derechos pasivos. La raz¨®n de esta inhabilitaci¨®n -no aplicable a los funcionarios civiles que se beneficien de la amnist¨ªa- est¨¢, en opini¨®n del ministro de Justicia, en la distinta naturaleza de los principios que informan la organizaci¨®n militar y la civil. ?Es necesario -dijo el se?or Lavilla- compatibilizar el olvido de la pena con la moral y las necesidades de las Fuerzas Armadas ?.

En las resoluciones administrativas que pongan fin a esta v¨ªa, el Consejo de Estado emitir¨¢ dictamen sobre los correspondientes recursos. Los funcionarios repuestos tendr¨¢n derecho a que se les compute el tiempo efectivo de servicio prestado y asimismo, a efectos de antig¨¹edad, se les computar¨¢ el tiempo de separaci¨®n del servicio.

Varios periodistas se interesaron sobre la repercusi¨®n que la amnist¨ªa tendr¨¢ en las leyes vigentes contrarias al sentido de la amnist¨ªa y, en general, sobre la actuaci¨®n del Gobierno en materia de orden p¨²blico. El se?or Lavilla contest¨® que aunque, en principio, la amnist¨ªa no supone cambiar la legislaci¨®n, no est¨¢ excluida su revisi¨®n, si bien todav¨ªa no ten¨ªa formado criterio sobre la reforma de algunas leyes. A?adi¨® que las facultades de los gobernadores civiles no son de su competencia.

Un informador pregunt¨® concretamente si la amnist¨ªa cancelaba todos los efectos de la guerra civil, y el ministro de Justicia replic¨® que ¨¦sta era su pretensi¨®n y que, respecto a los exiliados, s¨®lo quedar¨ªan subsistentes las responsabilidades que sean consecuencia de nuevas conductas manifestadas tanto dentro como fuera de Espa?a, siempre que, en todo caso, corresponda a los tribunales espa?oles entender de ellas.