La justicia, pariente pobre

LA SITUACION material de la Administraci¨®n de Justicia constituye una de las premisas que, sin apenas margen de error, sirven para medir el grado de institucionalizaci¨®n y efectividad de un Estado de Derecho. La esencia de ¨¦ste radica, justamente, en considerar al poder judicial como garant¨ªa b¨¢sica del ejercicio de las libertades p¨²blicas y de los derechos de la persona frente a las intromisiones, arbitrariedades o abusos de los otros poderes del Estado. Ahora bien, la proclamaci¨®n formal, a nivel constitucional, de esta funci¨®n quedar¨ªa en pura ret¨®rica si no se dotara a la Administraci¨®n de Justicia de los medios materiales precisos.Si llevamos este razonamiento al ruedo ib¨¦rico, la conclusi¨®n es inmediata: el actual Estado espa?ol, a la luz de esas premisas, no ha sido, ni es, un Estado de Derecho. Tal es la penuria en que se desenvuelve nuestra organizaci¨®n judicial.

Har¨ªa falta el talento literario de un Larra para describir con fuerza expresiva la lamentable situaci¨®n de la inmensa mayor¨ªa de los Juzgados. Pisar su recinto produce una mezcla de congoja, depresi¨®n y pena que termina por transformarse en indignaci¨®n. Porque es radicalmente intolerable, en una sociedad civilizada y a la altura de los tiempos que vivimos, que la Administraci¨®n de Justicia est¨¦ albergada en sucios, viejos y desvencijados caserones, con despachos y oficinas atestados de legajos, muebles de baratija y funcionarios mal pagados. Son pocas las excepciones de esta imagen real.

Hace a?os que se arrastra la construcci¨®n de un edificio digno y funcional para los Juzgados de Madrid. Es una de esas obras en permanente estado de construcci¨®n, cuya terminaci¨®n renquea sin soluci¨®n de continuidad por falta de los cr¨¦ditos precisos, es decir, por falta de coniciencia de lo que significa para los ciudadanos el-poder judicial, y vor menosprecio, en el fondo, hacia la funci¨®n judicial. El problema, naturalmente, no es s¨®lo de Madrid, es de toda Espa?a. Pero. sirve de ejemplo revelador de cu¨¢l ha sido hasta ahora la actitud de las autoridades p¨²blicas en un pa¨ªs en el que, en los ¨²ltimos tiempos, se han levantado enormes y lujosos edificios, a veces con manifiesto derroche, para atender a las necesidades de otros servicios p¨²blicos, de importancia cualitativa infinitamente menor que la Justicia.

Es preciso y urgente poner t¨¦rmino a esta situaci¨®n y dotar adecuadamente el presupuesto del Ministerio de Justicia para que todos, absolutamente todos los funcionarios de la organizaci¨®n judicial, desde los magistrados hasta los auxiliares, por la trascendencia y responsabilidad de la funci¨®n que desempe?an, perciban unas retribuciones justas y trabajen al servicio de la colectividad con medios modernos y en un entorno digno. Hasta que eso ocurra no podr¨¢ afirmarse con rigor que vivimos en un Estado de Derecho porque, entretanto, la Justicia no podr¨¢ cumplir debidamente el papel que le corresponde. Y si el poderjudicial funciona malamente, no hay Estado de Derecho por muchas y solemnes declaraciones que hagan las leyes.