Las tasas y la financiaci¨®n de la ense?anza
Un real decreto acaba de incrementar las tasas acad¨¦micas. Pr¨¢cticamente las ha duplicado, aunque el aumento es mayor en el caso de asignaturas sueltas. Esta medida hac¨ªa tiempo que se esperaba, pues la Ley General de Educaci¨®n de 1970 autorizaba al Gobierno para incrementar gradualmente la cuant¨ªa de las tasas hasta el l¨ªmite m¨¢ximo del costo real de la ense?anza.Por aquel tiempo el Ministerio de Educaci¨®n y Ciencia comenz¨® a promocionar estudios econ¨®micos sobre el costo por alumno universitario, para saber a qu¨¦ atenerse. Era cuesti¨®n trabajosa de averiguar, porque aparte de las dificultades del estudio, el costo es diferente de una Universidad a otra y, a su vez, hay bastante disparidad entre las diversas Facultades. Pero en todo caso pudo comprobarse con cifras algo que todos sabemos: la ense?anza universitaria es muy barata, pues las tasas por matr¨ªcula est¨¢n muy por debajo del costo real. As¨ª que es l¨®gico que el Ministerio, que tiene apuros econ¨®micos tradicionales, venga acariciando desde hace a?os la idea de elevar las tasas, que hasta ahora son una partida poco importante de su presupuesto de ingresos. S¨®lo el temor a las reacciones de los estudiantes ha venido frenando la decisi¨®n, lo que ha sido tambi¨¦n ahora causa principal de haber ordenado un incremento que bien puede calificarse de discreto si se atiende al tiempo que las tasas llevan congeladas, al costo real de la ense?anza y al nivel de inflaci¨®n.
?Pero es que realmente las tasas acad¨¦micas deben cubrir el costo real de la ense?anza? La actual Ley de Tasas dice, en efecto, que pueden elevarse hasta el nivel real de los servicios; la propia Ley General Tributaria tiende a configurar la tasa corno contraprestaci¨®n. La Ley de Educaci¨®n tambi¨¦n lo dice as¨ª y, por citar un ejemplo reciente, la Ley de Bases de R¨¦gimen Local precept¨²a lo mismo. Argumentos legales no faltan. Pero, a mi entender, este planteamiento atenta contra los criterios que deben regir la financiaci¨®n del sector p¨²blico.
Los tratadistas se las ven y se las desean para distinguir entre tasa y precio, pero desde luego por este camino el asunto va a ser resuelto de forma expeditiva y la tasa se va a convertir simplemente en el precio de los servicios p¨²blicos. E incluso puede suceder que alg¨²n organismo sienta la tentaci¨®n del beneficio o que ¨¦ste se produzca por desajuste de los c¨¢lculos econ¨®micos. Y aqu¨ª empiezan los argumentos en contra de ese planteamiento legal.
Que cada ciudadano compre su parte de los servicios del Estado no resulta admisible. Primero, porque los servicios p¨²blicos no son divisibles. A ver c¨®mo compro yo mi parte de defensa nacional, de justicia o de caminos, canales y puertos. Incluso en aquellos casos en que el m¨¦todo parece tan simple como dividir el costo de la ense?anza por el n¨²mero de alumnos, o el del transporte por el n¨²mero de usuarios, hay un evidente espejismo que menosprecia el verdadero sentido de los servicios p¨²blicos y el beneficio que recibe de ellos la colectividad. Y segundo, lo que es a¨²n m¨¢s importante, si el Estado saca sus servicios al mercado (que es lo que hace, para entendernos, cuando cobra precios reales) y reconocemos que es muy diferente la capacidad adquisitiva de los ciudadanos, una de dos: o diversifica la calidad del producto (en este caso la ense?anza universitaria oficial) para ofrecerlo a diferentes precios a los distintos grupos sociales, lo que es inadmisible conforme a la filosof¨ªa social de nuestro tiempo, o da a todos el mismo servicio y les cobra el mismo precio con independencia de su riqueza, que es lo que se viene haciendo.
Pero esta soluci¨®n atenta directamente contra el principio de capacidad contributiva aprobado por las Leves Fundamentales, seg¨²n el cual cada uno debe contribuir en proporci¨®n a su riqueza. Mientras las tasas sean peque?as cantidades pagadas con ocasi¨®n de un servicio, el asunto no es grave, pero como m¨¦todo de financiaci¨®n del servicio son, por ello, inadmisibles.
La soluci¨®n estar¨ªa, entonces, en cobrar tasas diferentes seg¨²n la mayor o menor riqueza de los ciudadanos. Esta salida del callej¨®n no se le ocurri¨® a la Ley de Educaci¨®n, que habla s¨®lo de tasas uniformes. Se le ha ocurrido a la reciente Ley de Bases de R¨¦gimen Local, que ordena ajustar las tasas a la capacidad de los usuarios. Pero la verdad es que no se ve la forma en que ¨¦sto puede llevarse a cabo, y a los m¨¢s imaginativos s¨®lo se les ha ocurrido hasta ahora criterios muy burdos o s¨®lo v¨¢lidos para casos concretos, tales como elevar la tasa por basuras en funci¨®n de la calidad urbana del barrio o exigir m¨¢s tasas por ocupaci¨®n de la v¨ªa p¨²blica a las cafeter¨ªas m¨¢s distinguidas. ?C¨®mo podr¨ªa cobrarse una tasa diferente a cada alumno seg¨²n su riqueza? Yo no veo el m¨¦todo, salvo que pongamos en uso una especie de carn¨¦ de identidad fiscal. Pero si ¨¦ste es el remedio, prefiero la enfermedad, porque ni tenemos medios administrativos ni honorabilidad contributiva para tal carn¨¦ (v¨¦ase lo que sucede con el Impuesto sobre la Renta), ni podr¨ªamos evitar, entre otros males, que el pa¨ªs quedara dividido en castas por motivos fiscales.
Aunque no hay que atormentarse con los problemas t¨¦cnicos de la tasa. La cuesti¨®n de la financiaci¨®n del sector p¨²blico hace tiempo que est¨¢ solucionada: todo consiste en tener un sistema tributario justo, en que cada uno pague conforme a lo que tiene (renta y patrimonio) y que funcione como mecanismo redistributivo. Las tasas pueden ayudar, si su cuant¨ªa es discreta son aconsejables, pero no sirven para eso. Sustituir un sistema impositivo por un sistema de tasas ajustadas al costo equivale a plantear la acci¨®n del Estado en t¨¦rminos de mercado.
De ah¨ª que con las tasas acad¨¦micas, con las tasas en general, hay que andar con cuidado. La cuant¨ªa actual de las matr¨ªculas no es ni mucho menos para rasgarse las vestiduras. Es muy probable que su incremento se convierta en octubre en causa primera de las reivindicaciones estudiantiles, aunque hoy por hoy no son m¨¢s que un ingreso secundario del presupuesto de cada Universidad y tanto el Ministerio como las Universidades, que tienen conciencia del problema de equidad que plantean las tasas, reparten ayudas para matr¨ªculas y matr¨ªculas gratuitas con generosidad. Pero ante inmediatos o futuros agobios, mucho cuidado con esa meta legal de que la tasa sea igual al costo de la ense?anza, porque tambi¨¦n en esto la Ley de Educaci¨®n anduvo errada.
De todas formas, de poco servir¨ªa buscar f¨®rmulas racionales para la financiaci¨®n de la ense?anza superior si no las encontramos tambi¨¦n para la ense?anza primaria y media, que es ¨¦l camino por el que se accede a la Universidad. Las reivindicaciones de los estudiantes quedenuncian el clasismo de la Universidad y se oponen a la selectividad son, a fin de cuentas, herencia pol¨ªtica que la forma de financiaci¨®n y costo para el ciudadano de la escuela y el bachillerato dejan a la Universidad. Pero ¨¦se es otro problema.
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