El contribuyente paga las indemnizaciones

Tras el aparatoso rescate de algunos inquilinos que se encontraban dentro de los ascensores cuando sobrevino la primera explosi¨®n, autoridades, responsables t¨¦cnicos y fuerza p¨²blica comienzan a elaborar una explicaci¨®n de los hechos. Por el momento se sabe poco. Lo evidente es que las explosiones han tenido su origen en la salida y posterior inflamaci¨®n del gas de sus conductos que, en la zona comprendida entre la plaza de la Rep¨²blica Argentina y la glorieta de Ruiz de Alda, sobre la calle de Joaqu¨ªn Costa, componen un circuito de presi¨®n media. Al parecer, la celeridad con la que algunos operarios bloquearon los enclaves de gas ha restado desastre al que ahora dibuja toda una vasta, zona apagada, con el asfalto reventado, truncados los ¨¢rboles y f¨¦tida de gas en el ambiente.Mientras 19 heridos han sido trasladados a La Paz, los dos operarios de la Telef¨®nica al centro de Quemados de la Cruz Roja, los evacuados de la Cl¨ªnica San Francisco de As¨ªs a distintos sanatorios madrile?os y el herido en la trampilla del portal 57 de Joaqu¨ªn Costa a la Residencia ?Francisco Franco?, la madrugada se abate sobre el ¨¢rea salpicada de leves gotas de lluvia. Las llamas de los incendios y las que soplaban desde los fosos de las alcantarillas han sido estranguladas en espuma por los bomberos. Las casas huecas a?aden a la oscuridad de la noche los tiznones de humo de sus muros y, aunque 50.000 tel¨¦fonos de la zona norte han enmudecido, casi todo Madrid sabe que el desastre no ha rondado lejos.

Obras

La ma?ana siguiente a la del suceso otorga al barrio un aspecto desolador. Desde horas tempranas se inspeccionan los edificios y las primeras cuadrillas de hombres realizan las reparaciones m¨¢s urgentes. Se instalan lunas en los comercios da?ados, se revisan las conducciones de fluidos a los pisos y comienzan las primeras estimaciones para calibrar la cuant¨ªa de los da?os materiales. La prensa de ese d¨ªa refleja, tambi¨¦n mediante grandes fotograf¨ªas, la envergadura del desastre y desde muchos puntos de la ciudad afluyen centenares de madrile?os para observar directamente el paraje siniestrado.

La fuerza p¨²blica acordona todo el ¨¢rea y en algunas ocasiones se permite a los inquilinos de los pisos da?ados recoger pertenencias. Todav¨ªa no se descarta la posibilidad de que se produzcan derrumbamientos, sobre todo el del paso elevado sobre la glorieta de Ruiz de Alda, del que en un principio se dijo que hab¨ªa cedido. Lo cierto es que el paso se mantiene aparentemente indemne, si bien su tablero acusa desperfectos externos. M¨¢s tarde se apreciar¨¢ que se hundi¨® unos cent¨ªmetros, tras un an¨¢lisis topol¨®gico realizado por un equipo de t¨¦cnicos.

En breve se inician las obras de reconstrucci¨®n de la infraestructura, la calzada y las aceras, operaci¨®n ejecutada con celeridad por trabajadores dependientes de la empresa constructora del t¨²nel. No obstante, alg¨²n comerciante del ¨¢rea siniestrada se niega a que instalen lunas en su comercio, condicionando este hecho a posterior indemnizaci¨®n. Al poco, se crea una oficina de valoraci¨®n de da?os -sin otras se?as de identidad- y algunos de sus empleados reparten entre los inquilinos -una vez que las autoridades les permiten repoblar sus casas- unos folios sin membrete, donde se les pide que consignen los da?os que han sufrido. Paralelamente, personal dependiente de esta oficina de valoraci¨®n, ubicada en la calle de Costa Rica, 13, visita a los heridos en los distintos centros sanitarios y ofrece indemnizaciones. No obstante, algunos de ellos desechan las ofertas en tanto se resuelvan las querellas que distintos abogados han presentado ante el Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 8 de los de Madrid.

Al poco, las indemnizaciones son por fin aceptadas y las querellas se retiran, seg¨²n consta en los recibos exhibidos por algunos de los heridos. Sin embargo, las demandas presentadas por otros particulares que se consideraron lesionados no prosperan, al quedar ulteriormente sobrese¨ªdo el sumario de los hechos. Dentro de este documento, que cumple un papel similar al de una sentencia, se descarta la existencia de cualquier indicio de criminalidad en los actos que originaron las explosiones de gas de la calle de Joaqu¨ªn Costa.

Entre este grupo de personas, compuesto fundamentalmente por comerciantes, se encontraba un expendedor de gasolina, un comerciante de ultramarinos, un proveedor de g¨¦nero confeccionado, el propietario de un bar y tres particulares m¨¢s. En algunos casos, los demandantes estimaban haber sufrido lesiones econ¨®micas a tenor de la p¨¦rdida de clientela habitual que la despoblaci¨®n y la falta de tr¨¢nsito del barrio comport¨®, adem¨¢s de da?os derivados de contratos con clientes de los que eran proveedores. Tambi¨¦n inclu¨ªan p¨¦rdidas en g¨¦nero que, en varios casos superaban 200.000 pesetas, adem¨¢s del obligatorio y prolongado cierre de algunos negocios.

El hecho de que en algunos lesionados, los heridos, haya mediado la indemnizaci¨®n y en otros no, constituye una mota de oscuridad dentro de esta controvertida cadena de hechos. Si la oficina de valoraci¨®n, creada ad hoc para indemnizar, retribuy¨® sumas dinerarias entre parte de los damnificados y otros quedaron fuera de su acceso, ineludiblemente queda una inc¨®gnita que despejar.

En principio, existen unos plazos de prescripci¨®n, fijados en un a?o, los cuales una vez superados, invalidan toda reclamaci¨®n ulterior. Adem¨¢s, el sobreseimiento surnarial lleva aparejada la suspensi¨®n definitiva o provisional de las actuaciones judiciales y, en este segundo caso, no vuelven a abrirse entretanto no se presenten nuevos indicios capaces de probar la existencia de delito.

Dudas

Sin embargo, y a otro nivel, el problema de las explosiones de gas acaecidas en la calle de Joaqu¨ªn Costa la noche del 24 de junio de 1973 arrastra una nueva duda, relacionada con el terna de la responsabilidad de la Administraci¨®n en las obras p¨²blicas.

Mediante un requerimiento notarial expedido en Madrid el 22 de febrero de 1974 se solicit¨® del tasador designado para valorar y abonar los da?os en la zona siniestrada, Sergio Jord¨¢, hermano del asesor jur¨ªdico de la empresa adjudicataria de las obras, que se atestiguara si ven¨ªa ofreciendo y abonando indemnizaciones a los diversos damnificados y manifestara si lo hac¨ªa por cuenta propia o en nombre y por cuenta de otro. En su respuesta, el requerido declara que ?¨¦l est¨¢ valorando y abonando da?os causados por las explosiones ocurridas entre las plazas de Ruiz de Alda y la Rep¨²blica Argentina, y que lo hace por encargo de la Jefatura de Obras P¨²blicas, conforme a un oficio exhibido ante el notario, de fecha 18 de octubre de 1973, del Ministerio de Obras P¨²blicas, Direcci¨®n General de Transportes Terrestres, Jefatura de Obras P¨²blicas, Primera Jefatura de Contrataci¨®n?. Dentro. del oficio, que a parece firmado ilegiblemente por el ingeniero jefe, se establece: ?Interesada por la superioridad la valoraci¨®n estimativa de los da?os ocasionados con ocasi¨®n del accidente ocurrido en la calle de Joaqu¨ªn Costa,, esta Jefatura encarga a usted para que determine el importe de los da?os y perjuicios ocasionados en la zona de Joaqu¨ªn Costa por el citado accidente.?

Las obras de construcci¨®n del t¨²nel del Metro bajo la glorieta de Ruiz de Alda las ejecutaba una empresa privada de dragados tras adjudicaci¨®n concedida por la Direcci¨®n General de Transportes Terrestres, del Ministerio de Obras P¨²blicas. Entonces, pata el profano, surge la duda si se asocia el proceso indemnizador a la determinaci¨®n de responsabilidades.

Indemnizaciones

A primera vista parece an¨®malo el hecho de que si una entidad privada acomete la realizaci¨®n de obras p¨²blicas por adjudicaci¨®n de la Administraci¨®n, sea ¨¦sta, a la postre, quien indemnice a los lesionados por acci¨®n de aqu¨¦lla. Para que exista responsabilidad, actos y da?os han de estar relacionados por un v¨ªnculo de causa a efecto, pero en los casos de servicios p¨²blicos ejecutados por entidades concesionarias, el vinculo queda roto entre actos y da?os, pues no es la Administraci¨®n quien act¨²a, sino la entidad que posee la adjudicaci¨®n.

Por todo ello, y pese a que no existe unanimidad entre los juristas con respecto a estos supuestos, una circular de la Direcci¨®n General de lo Contencioso que recoge un dictamen del Consejo de Estado establece como regla general la irresponsabilidad de la Administraci¨®n, en estos casos por no darse el requisito de imputaci¨®n de acciones a ¨¦sta. Sin embargo, existen dos tipos de excepciones. La primera de ellas contempla los casos en los que el contratista o concesionario act¨²a por orden de la Administraci¨®n, orden que no cabe deso¨ªr. El segundo recoge aquellos supuestos en que los da?os surgen por vicios del proyecto de las obras; en esta excepci¨®n, la responsabilidad de la Administraci¨®n tambi¨¦n pue de ser plena y a ella cabe reclamar directamente las cantidades tasadas como da?o.

As¨ª, pues, resulta necesario incardinar la actuaci¨®n del Ministerio de Obras P¨²blicas, respecto al siniestro de Joaqu¨ªn Costa en estos supuestos, pues, salvo que las indemnizaciones se hubieran producido bajo criterios de compensaci¨®n filantr¨®pica -actitud infrecuente en la Administrac¨ª¨®n- no cabr¨ªa otra explicaci¨®n para este caso.

Medi¨® tambi¨¦n una decisi¨®n adoptada por la Alcald¨ªa de Madrid, dada a conocer durante la ¨²ltima rueda de prensa de Arias Navarro como edil de la villa el 8 de junio de 1973, en virtud de la cual se suspendi¨® y rectific¨® el curso del escudo perforador del t¨²nel de Ruiz de Alda en funci¨®n de que su trayectorla inicial pod¨ªa haber da?ado la infraestructura del paso elevado que sobre aqu¨¦lla se yergue.

No obstante, los dict¨¢menes t¨¦cnicos tienen la palabra a la hora de determinar con nitidez los hechos que acarrearon un desastre cuya envergadura resulta dif¨ªcil de olvidar.