Ley es espa?olas, sentencias noruegas
Desde que comenc¨¦ a tener uso de raz¨®n he sido testigo en nuestro pa¨ªs de actos impunes que, motivados por un determinado grupo de personas, han atentado contra los m¨¢s elementales derechos delindividuo y de la sociedad.
El caso que directamente nos afecta a mi hijo Alejandro, a mi familia y a m¨ª, es una buena prueba de a qu¨¦ extremos se puede llegar cuando se permite que predominen sobre la justicia y la ley los intereses de un grupo.
Parece l¨®gico que en nuestro pa¨ªs las leyes que priven, ante cualquier otra, sean las espa?olas. Pues bien, en el caso que me afecta no ocurre as¨ª. La sentencia que se me est¨¢ aplicando no es la espa?ola del Tribunal Supremo de 8 de abril de 1975, sino una sentencia noruega que data de 1972, producto de un juicio en el que no me permitieron declarar y que me niega la patria potestad y custodia de mi hijo, ciudadano espa?ol, bas¨¢ndose en que el padre espa?ol es un desequilibrado mental, como lo prueba el hecho de que pretenda educar a su hijo en Espa?a. En ejecuci¨®n de esta sentencia se me est¨¢ embargando mensualmente mi sueldo en RTVE.
La sentencia espa?ola del Tribunal Supremo, tercera de las dictadas en nuestro pa¨ªs otorg¨¢ndome la patria potestad -por imperativo legal- y la custodia de mi hijo, sigue sin ser cumplida. Mi hijo Alejandro, secuestrado y sacado ilegalmente de Espa?a el 23 de julio de 1975, contin¨²a retenido en Noruega sin que pueda verle o saber nada de ¨¦l. Los autores del secuestro, del repetido fraude de nuestras leyes y burla de nuestras sentencias, siguen impunes.
Yo quisiera, como padre y como espa?ol, pedir al Gobierno, a la oposici¨®n y a la opini¨®n p¨²blica, que como espa?oles contribuyan a que se solucione este caso que va en contra de toda promesa de independencia y soberan¨ªa. Creo que una de las inmediatas, medidas a tomar, adem¨¢s de una investigaci¨®n a fondo sobre qui¨¦nes y por qu¨¦ propiciaron el secuestro, es que el Gobierno, apoyando la sentencia del Supremo de 8 de abril de 1975, reclame en¨¦rgica y oficialmente al Gobierno noruego la devoluci¨®n del peque?o ciudadano espa?ol all¨ª retenido.
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