Justicia y pol¨ªtica

JUSTICIA DEMOCRATICA ha celebrado en Madrid su primer congreso. Esta organizaci¨®n, formada por magistrados, jueces, fiscales y secretarios de juzgados (en n¨²mero que se aproxima al 10% del escalaf¨®n completo de ¨¦sos cuerpos), se desenvuelve en condiciones t¨ªpicas de la Espa?a predemocr¨¢tica. No posee el estatuto legal y reconocido de los sindicatos de magistrados franc¨¦s e italiano, que han enviado delegados al congreso de su hom¨®logo espa?ol. Pero tampoco es objeto de persecuci¨®n abierta; as¨ª, el magistrado Fern¨¢ndez Veigas, de Sevilla, no fue sancionado por su presunta pertenencia a Justicia Democr¨¢tica, sino por haber acudido al lugar donde se iba a celebrar una manifestaci¨®n e invitar a los convocados a que se disolvieran cuando hizo acto de presencia la fuerza p¨²blica.Las conclusiones del congreso les suministrar¨¢n sin duda una buena ocasi¨®n para rasgarse las vestiduras a quienes en los ¨²ltimos tiempos acostumbran a dar solemnes sombrerazos a la ?superioridad de plano? en que debe moverse la instituci¨®n judicial. Ah¨ª es nada: miembros de esa respetable carrera piden la democratizaci¨®n de las estructuras judiciales, la designaci¨®n de los ¨®rganos superiores mediante un sistema electivo, el control de su propia tarea a trav¨¦s de la participaci¨®n popular y el ejercicio de la cr¨ªtica. Y todav¨ªa m¨¢s: se?alan que la funci¨®n judicial debe basarse en la soberan¨ªa popular y las libertades p¨²blicas y mantienen que el derecho debe promover el desarrollo democr¨¢tico de la sociedad.

Jueces, magistrados y fiscales reivindican tambi¨¦n la formaci¨®n de un sindicato y el derecho a pertenecer a partidos pol¨ªticos y organizaciones sindicales. Algunas observaciones sobre la situaci¨®n espa?ola actual (cr¨ªtica de la Audiencia Nacional, petici¨®n de amnist¨ªa total, control de la polic¨ªa judicial por los tribunales, etc¨¦tera) terminar de perfilar la nueva figura que los miembros de Justicia Democr¨¢tica proponen.

Es evidente que los jueces, al realizar la tarea de hacer justicia, no pueden dejarse llevar por prejuicios partidistas. Tambi¨¦n es defendible la tesis de que, para descartar la m¨¢s ligera sospecha de parcialidad, en una situaci¨®n pol¨ªtica estable y asentada sobre el consenso general, se apliquen prohibiciones y vetos espec¨ªficos.

?A qui¨¦n puede extra?ar, si piensa con buena fe, que los funcionarios de la Administraci¨®n judicial, que reciben como hecho consumado la legalidad que deben aplicar, no quieran recibir el trato de aut¨®matas a quienes se les puede ordenar, seg¨²n los humores de un legislador de voluntad imprevisible, misiones sucesivamente contradictorias? Su funci¨®n es acatar las leyes, interpretarlas y aplicarlas, pero para realizar esa tarea con coherencia, dignidad y respeto a los principios generales del Derecho, necesitan saber cu¨¢l es la fuente de legitimaci¨®n de quien las promulga y el consenso social del que aqu¨¦llas disfrutan.

A pesar de las vetustas prohibiciones, oportuna y sorprendentemente desenterradas hace algunas semanas para sancionar a un digno magistrado, durante casi cuatro decenios mi¨¦mbros de la carrera judicial asistieron a reuniones pol¨ªticas multitudinarias, levantaron el brazo, lanzaron o corearon gritos de ritual, pronunciaron encendidas promesas de fidelidad personal fueron designados consejeros del Movimiento y saltaron del ejercicio de la profesi¨®n a la actividad pol¨ªtica en continuos viajes de ?da y vuelta. Nunca se descargaron contra ellos las viejas escopetas herrumbrosas olvidadas en la ley Org¨¢nica de 1870. A¨²n todav¨ªa hoy, muchos de los titulares de los ¨®rganos que rigen la vida interna de, la judicatura y que elaboran las l¨ªneas maestras de la jurisprudencia proceden de aquella cantera.

Ahora, unos miembros de la carrera judicial se pronuncian p¨²blicamente sobre los medios para pasar del ?gobierno de los hombres? al ?imperio de las leyes?, invitan a la opini¨®n p¨²blica a criticar su gesti¨®n, sugieren que la sociedad participe de alguna forma en la administraci¨®n de la justicia, propugnan que la democratizaci¨®n del pa¨ªs comience con la democratizaci¨®n del cuerpo administrativo del que forman parte, indican que la aplicaci¨®n del Derecho debe perseguir la ampliaci¨®n de las libertades p¨²blicas. No cabe, sino agradecerles su gesto y hacer votos para que sus objetivos se cumplan.