Pol¨ªtica y Derecho

LA REMISION por el Gobierno a la Sala IV del Supremo de la decisi¨®n sobre la inscripci¨®n de determinados partidos tiene claros motivos pol¨ªticos. La tentativa de disfrazar con la solemnidad de las construcciones jur¨ªdicas un acto inequ¨ªvoco de Gobierno, ni habla a favor de la sinceridad del Poder en sus relaciones con los ciudadanos ni presta servicio alguno a la independencia de la administraci¨®n de la justicia, a la que convierte en factor beligerante en la contienda pol¨ªtica.Para cualquier observador resulta evidente que este tortuoso camino de env¨ªo a los tribunales del expediente de algunas asociaciones es la forma maquiav¨¦licamente ingenua del Gobierno Su¨¢rez de eludir sus propias responsabilidades.

Es un hecho que el proyecto de reforma y la celebraci¨®n de las elecciones antes del verano ser¨ªan inviables sin la legalizaci¨®n y participaci¨®n del Partido Comunista. Como en la teor¨ªa del domin¨®, expuesta hace a?os por los expertos americanos, la prohibici¨®n del partido que dirige Santiago Carrillo arrastrar¨ªa hacia la inhibici¨®n electoral a otros grupos de la Oposici¨®n, y har¨ªa naufragar los vivos deseos de homologarse con Europa del sistema. Pero, al tiempo, las presiones de los sectores franquistas con las que el se?or Su¨¢rez pact¨® la ley de Reforma obligan al Gobierno a tratar de salvar la cara y no incumplir abiertamente sus compromisos, para lo cual recurre a esta estratagema de remedar el lavatorio de manos.

Y todav¨ªa hay otros objetivos que puede eventualmente cubrir esa p¨²dica renuncia a pronunciarse sobre la licitud de los partidos sospechosos. ?Qu¨¦ ocurrir¨ªa si el Partido Comunista fuera admitido en la familia legal, pero, en cambio, fueran excluidas las organizaciones marxistas-leninistas que han sido menos prudentes a la hora de dar expresi¨®n verbal a sus ideas, o tienen menos respaldo popular e internacional? Pues que se producir¨ªa una nueva divisi¨®n entre las fuerzas de izquierda, que se a?adir¨ªa al fraccionamiento de los grupos socialistas.

Por lo dem¨¢s, este planteamiento puede comprometer muy gravemente la imagen de las instituciones judiciales ante el pa¨ªs. Dejar en manos de un tribunal de justicia una decisi¨®n de naturaleza esencialmente pol¨ªtica es hacer un flaco favor al poder judicial. El contenido de la funci¨®n jurisdiccional se concreta y agota en la aplicaci¨®n de la ley a los hechos y actos que inciden sobre las normas jur¨ªdicas; no entra en su campo hacer valoraciones abstractas de las normas, tal y como le exige ahora el Gobierno.

La decisi¨®n de legalizar o no un partido pol¨ªtico, que nace del ejercicio de un derecho p¨²blico subjetivo, es un puro acto pol¨ªtico. Parad¨®jicamente, del campo de competencia de la jurisdicci¨®n contencioso administrativa se hallan tradicionalmente excluidos los actos pol¨ªticos o de Gobierno. ?C¨®mo explicar y justificar la contradicci¨®n que instala ahora dentro del sistema jur¨ªdico el poder ejecutivo al encomendar a los tribunales una decisi¨®n abiertamente pol¨ªtica? El pragmatismo del poder sigue, ciertamente, su propia estrategia. Pero no tiene por qu¨¦ ocultarse tras la respetabilidad de la administraci¨®n de la justicia ni simular ante la opini¨®n p¨²blica nacional e internacional unos remilgos jur¨ªdicos tan improcedentes como artificiales.