Confusionismo legal en el planteamiento urban¨ªstico de Las Rozas

Ocho a?os dura la pol¨¦mica del Ayuntamiento de Las Rozas y el Area Metropolitana sobre la legalidad o no de la ordenaci¨®n urban¨ªstica del primero. La confusi¨®n de los documentos acumulados es tal, que parece que la ¨²nica soluci¨®n ser¨¢ refundirlos todos en uno solo y comenzar otra vez desde el principio.

Mientras tanto, y bas¨¢ndose en un documento firmado por el propio delegado del Gobierno en el Arca en 1969, el Ayuntamiento ha ido concediendo ficencias de construcci¨®n, muchas de las cuales han originado denuncias y querellas por sus ,presuntas irregularidades.En 1969 se present¨® un conjunto de directrices urban¨ªsticas, que no llegan a denominarse como Plan General. El Arca no aprob¨® ni rechaz¨® nada, esperando que el Ministerio de Obras P¨²blicas y el Canal de Isabel II emitieran sus informes. A los seis meses el Ayuntamiento invoc¨® el silenci o administrativo para considerarlo aprobado, aunque tampoco se preocup¨® de publicar su decisi¨®n en el Bolet¨ªn Oficial de la Provincia. Seg¨²n esto, nada de lo previsto tiene validez legal.

Mientras se discut¨ªan estos extremos, hubo conversaciones oficiosas con el entonces delegado del Gobierno en el Arca, Jes¨²s Aramburu, quien autoriz¨® al Ayuntamiento a ir concediendo licencias en aquellos lugares que no estuvieran reservados para dotacior¨ªes sociales o de infraestructura. Ocurre que despu¨¦s, el mismo Ayuntamiento cambi¨® los usos del suelo, y la concesi¨®n de licencias se ha hecho incontrolable.

El Arca fue aprobando en a?os sucesivos planes parciales, que no hac¨ªan sino recoger hechos consumados, mientras mantiene a la espera de informes jur¨ªdicos la decisi¨®n final sobre varios pol¨ªgonos, en los que tambi¨¦n se ha construido ya.

Se han originado as¨ª denuncias por parte de vecinos, como el caso de Eurohogar, la colonia Navaluenga, etc¨¦tera; donde es dif¨ªcil concretar el alcance y los responsables de las supuestas anomal¨ªas.

El ¨²ltimo caso conocido es la denuncia presentada contra el Ayuntamiento por los vecinos de la colonia residencial Navaluenga, y la posible querella que se interpondr¨ªa por allanamiento de morada, coacci¨®n y desobediencia a una resoluci¨®n judicial.

Seg¨²n su versi¨®n, en septiembre del 1975, un constructor, Salvador Gonz¨¢lez S¨¢ez, derrib¨® una valla que delimita los terrenos privados de la colonia, para dar paso a sus camiones. El Juzgado de El Escorial falla a favor de los vecinos, y el Ayuntamiento repone la valla en,su lugar. En julio del 1976, el constructor la vuelve a quitar, y tras otra protesta es repuesta de nuevo.

Por ¨²ltimo, el 25 de febrero un concejal en persona se presenta con un oficio municipal para derribar la valla, nuevamente, aduciendo que est¨¢ situada en un antiguo camino vecinal y de servicio p¨²blico.