Don Jaime de Urz¨¢iz, funcionario de carrera del Estado, cumplidor del deber

En relaci¨®n con el editorial publicado por ese peri¨®dico el pasado domingo d¨ªa 16 de enero, titulado ??Qui¨¦n dijo que no hab¨ªa censura??, intereso de usted como director de ese medio, ampar¨¢ndome en el derecho de r¨¦plica establecido en el art¨ªculo 58 de la ley de Prensa e Imprenta de 18 de marzo de l en el decreto 746/66, de 31 de marzo, la difusi¨®n ¨ªntegra de las siguientes precisiones, en la forma y t¨¦rminos regulados en la expresada normativa legal:

Los lectores de EL PA?S merecen un mejor tratamiento de la informaci¨®n. M¨¢s honestidad. M¨¢s coherencia. Es hora ya de que se diga, sin miedo ni inhibiciones, que la dictadura del papel prensa no es mejor que las otras que combatimos. Sirva esto de pre¨¢mbulo general al caso concreto tratado, y maltratado, en su editorial ??Qui¨¦n dijo que no hab¨ªa censura??, publicado el pasado domingo d¨ªa 16 de enero. El primer error grave de fondo y forma del editorialista de EL PA?S lo encuentra el lector en la cita de la ley de Prensa, en una infracci¨®n administrativa espec¨ªficamente en el ¨¢mbito de su competencia. La ley vigente en la materia objeto del comentario es la n¨²mero 61/64, de 11 de junio, por la que se aprueba el Estatuto de la Publicidad. No hay, pues, censura de ning¨²n tipo, sino pura y simplemente la exigencia de cumplimiento de una norma plenamente vigente que obliga por igual a todos, administrados y administradores. Y obliga, por su puesto, al diario EL PAIS. ?Por qu¨¦ no iba a ser as¨ª? Porque parece deducirse del incongruente editorial que refutamos que la direcci¨®n del peri¨®dico —responsable de todo cuanto en i se publica, en esto s¨ª, seg¨²n la ley de Prensa— pretende imponer con mal estilo ?de minidictadores?, una excepci¨®n personal¨ªsima para s¨ª mismo y su peri¨®dico, sin perjuicio del agravio comparativo y la flagrante ilegalidad que supondr¨ªa no acatar el principio jur¨ªdico de la igualdad de todos ante la ley.

Personalmente, y aunque el tema no es de mi competencia, he propugnado y propugno la legalizaci¨®n del juego de azar en Espa?a. Busque el editorialista de EL PAIS mis art¨ªculos publicados en el diario El D¨ªa, de Tenerife, defendiendo la tesis de esta conveniencia con objeto de cortar la exportaci¨®n de pesetas a casinos portugueses y franceses y crear focos de atracci¨®n tur¨ªstica —en Canarias, por ejemplo—, tan necesarios para ayudar a mantener nuestra pujante industria en este sector de la econom¨ªa nacional.

Pero, a diferencia del editorialista de EL PAIS, y siendo congruente como jurista, yo propugno la legalizaci¨®n del juego en Espa?a, es decir, que se modifiquen los art¨ªculos correspondientes de los C¨®digos Penal y Civil para que esta actividad deje de ser tipificada como delito en nuestro ordenamiento jur¨ªdico, como lo est¨¢ hoy.

Supongo —y recuerdo haber le¨ªdo algo as¨ª en ese mismo peri¨®dico— que EL PAIS defiende a Espa?a como Estado de Derecho. Quiere esto decir que, las leyes vigentes o se cumplen y se hacen cumplir por quienes tenemos esa responsabilidad, o se derogan si se consideran obsoletas o improcedentes. Mientras tanto, la ley vigente debe ser aplicada y cumplida, y quien la infringe debe responsabilizarse de su delito, falta o infracci¨®n. Por otra parte, y, de acuerdo con cuanto disponen la ley de Procedimiento Administrativo y la ley de Funcionarios, incurrir¨ªan en infracci¨®n y ser¨ªan objeto de expediente aquellos que, teniendo conocimiento de una infracci¨®n, no procedieran reglamentariamente para corregirla.

Si, se?or director yo soy un funcionario de carrera del Estado, y he cumplido con mi deber, sin temblarme la mano porque el presunto infractor sea un ?minidictador? de papel. Yo le agradezco la publicidad personal que me ha hecho, haciendo ver a sus lectores que en la Administraci¨®n del Estado, y concretamente en el Ministerio de Informaci¨®n y Turismo, sigue habiendo honradez, profesionalidad y conciencia clara de que Espa?a es un Estado de Derecho. El se?or P¨¦rez o Garc¨ªa, que cumplen la ley, que para eso est¨¢, no ven de buen grado que se hagan inconfesables excepciones o pucherazos porque se disponga de un ¨®rgano de informaci¨®n que se titula independiente y presume de liberal.

Al peri¨®dico EL PAIS se le han incoado expedientes administrativos por presuntas infracciones a la ley de Publicidad. La relativa a una esquela tradicional —con la sagrada cruz en cabecera y todo— anunciando una pel¨ªcula, fue tramitada nada menos que a instancia de la Junta Central de Publicidad, donde los peri¨®dicos est¨¢n representados, y es el Jurado Central de Publicidad quien debe resolver el procedimiento contra EL PAIS por haber publicado un texto publicitario contrario a las leyes. La Administraci¨®n del Estado ha actuado, en este caso, a instancia de dicho calificado organismo colegiado. La relativa al anuncio de casinos de juego en Portugal se ha tramitado de oficio a propuesta de la Subdirecci¨®n General de Publicidad y Relaciones P¨²blicas, por orden del subsecretario del departamento. Ambos tr¨¢mites se llevan con plenas garant¨ªas legales y de defensa para los expedientados. Pero hay m¨¢s. Este funcionario del Estado y subdirector general, que cumple con su deber honestamente, fue consultado personalmente —pues su despacho oficial est¨¢ abierto a todos los administrados— por el director comercial de EL PAIS, don Jos¨¦ Manuel S¨¢nchez Palomares. La administraci¨®n del peri¨®dico-hab¨ªa recibido el anuncio de los casinos portugueses y ?parec¨ªa que infring¨ªa la legislaci¨®n vigente?. Y as¨ª se le confirm¨® resolviendo la consulta voluntaria. Horas m¨¢s tarde, el mismo interlocutor comunic¨® de nuevo que ten¨ªa noticias de que un diario de la tarde iba a publicarlo. Se le dijo que si lo hac¨ªa incurrir¨ªa en expediente de posible infracci¨®n. Al d¨ªa siguiente, EL PAIS y el otro diario de la tarde aparecieron insertando los textos publicitarios incriminados. Autom¨¢ticamente se dio orden de incoaci¨®n de los pertinentes expedientes a ambos diarios.

No trate EL PAIS de involucrar al presidente del Gobierno ni al ministro de Informaci¨®n y Turismo en un tema inexistente de libertad de prensa ni censura, sino de lucro mercantil para s¨ª mismo. Cumpla la ley como los dem¨¢s ciudadanos y no trate de coaccionar a los funcionarios del Estado con chantajes pol¨ªticos o amenazas para sus puestos. Dedique sus p¨¢ginas, si le place, a pedir la derogaci¨®n de la ley de la Publicidad y obt¨¦ngala del Gobierno y de las Cortes, si puede. Y eso es todo. Que lo sepan sus lectores para que no queden en el enga?o que se les haya podido producir.

?Hagan juego, se?ores! Pero limpio.