Los ayuntamientos y las trabas a la informaci¨®n p¨²blica

Partimos de un hecho constatado por todos los periodistas que trabajan en el ¨¢rea de la informaci¨®n local: es m¨¢s arduo obtener datos de un peque?o municipio que del. Area Metropolitana, m¨¢s dif¨ªcil conectar con sus alcaldes que con el gobernador civil de Madrid (sin entrar aqu¨ª con que luego los datos facilitados respondan o no a la pregunta formulada).Existe un contexto general que explica este fen¨®meno. Durante a?os, pedir informaci¨®n sobre un asunto determinado significaba en cierta medida, fiscalizar la labor de las autoridades municipales, lo que, desgraciadamente, no era de su agrado, entre otras cosas, porque gentes puestas a dedo, que admit¨ªan adem¨¢s este sistema, no son las m¨¢s apropiadas para dejarse fiscalizar sin resistencia. Sus representados, acostumbrados a la fuerza a no meterse en camisas de once varas y convencidos de la inutilidad de sus denuncias, optaron por la postura designada de protestar verbalmente. Oficialmente, pues, todo era correcto.

Esta especie de muralla de silencio es el obst¨¢culo que encuentra el informador cuando intenta conocer aspectos de tal o cual actuaci¨®n urban¨ªstica -por ejemplo-, que va a cambiar totalmente la forma de vida del pueblo. en cuesti¨®n, que le va a originar m¨²ltiples problemas, y que los beneficios de contrapartida puede que no vayan a parar a las arcas comunes, sino a los bolsillos de particulares. El tema urban¨ªstico es el que mejor ejemplariza esta situaci¨®n, por cuanto significa movimientos de cientos o miles de millones de pesetas.

Y cuando se quieren obtener datos comienza la retah¨ªla. Los alcaldes ?no est¨¢n nunca en casa?, ?ni van a venir hoy a la hora de comer?. Del Ayuntamiento ?se acaba de marchar y no sabemos si regresar¨¢?, ?nosotros no podemos decir nada sin su autorizaci¨®n?, ?presente usted una instancia?, y respuestas similares.

Las dificultades del periodista se dan porque su tarea depende en gran parte, de la buena voluntad de sus fuentes. La ¨²nica disposici¨®n que en la ley de Prensa contempla la relaci¨®n del profesional con las fuentes de informaci¨®n oficiales dice: ?el Gobierno, la Administraci¨®n y las entidades p¨²blicas deber¨¢n facilitar informaci¨®n sobre sus actos a todas las publicaciones peri¨®dicas y agencias de informaci¨®n general que lo soliciten por escrito de su director o persona debidamente autorizada por el mismo?.

El organismo, en cuesti¨®n, puede negarse a la solicitud, y contra la denegaci¨®n se puede interponer recurso por v¨ªa administrativa. L¨®gicamente, ¨¦ste no es el terreno de juego de un periodista, con lo que queda pendiente de la accesibilidad que quiera mostrar el alcalde en cuesti¨®n.

A su vez la realidad ha cambiado esta situaci¨®n. Hoy, negarse a dar informaci¨®n sobre un tema p¨²blico pone autom¨¢ticamente en entredicho a la fuente consultada. La conducta a seguir, entonces, ser¨¢ retardar todo lo posible la entrega de datos, a ver si abandona, o hacerlo en la forma m¨¢s restrictiva posible. En la pr¨¢ctica sucede as¨ª en demasiados casos. Los responsables municipales, a lo largo de sus muchos a?os de permanencia en el puesto, desarrollan una especie de sentido de propiedad, que les hace ver su despacho como su habitaci¨®n particular, y los archivos como propios.Todo el que pregunta, es sospechoso de intromisi¨®n, y tratado con recelo.

Una vez m¨¢s, la letra legal carece de efectividad si no va a, acompa?ada de un talante abierto y democr¨¢tico de los encargados de aplicarla. Ocurre -y ¨¦ste es el contexto particular y nuestra sospecha m¨¢s grave-, que el talante cerrado descrito puede tener tambi¨¦n motivaciones econ¨®micas, y tal vez, esa actitud trata de encubrir unos intereses que s¨®lo mediante argumentos muy retorcidos se pueden presentar como generales.