Los obispos espa?oles y el matrimonio

LA JERARQUIA cat¨®lica espa?ola, en su documento de ayer sobre ?Estabilidad del matrimonio?, ha reconocido al fin que sus fieles no debieran sentirse ?obligados al matrimonio can¨®nico por el imperio de la ley del Estado?. Y de alguna manera, en este documento, nuestra Iglesia cat¨®lica admite que los legisladores civiles no tienen por qu¨¦ guiarse por las normas de la moral cat¨®lica a la hora de afrontar temas como el matrimonio y el divorcio.No debe esperarse una actitud m¨¢s expl¨ªcita sobre la cuesti¨®n del divorcio. Lo publicado por la Comisi¨®n Episcopal para la Doctrina de la Fe ya es bastante. La Iglesia cat¨®lica espa?ola, en suma, defiende, como es su deber, los valores de la estabilidad e indisolubilidad del matrimonio, pero comienza a acusar los efectos de la opini¨®n p¨²blica y de la realidad.

Ya en 1975, m¨¢s del 70% de los espa?oles eran partidarios del divorcio, seg¨²n estad¨ªsticas solventes. Y, como es de suponer, la Iglesia no ignora que esa es una opini¨®n mayoritariamente de confesi¨®n cat¨®lica. Tampoco la Iglesia puede obviar ese mill¨®n largo de matrimonios separados de facto o de jure, y menos a¨²n olvidar la paradoja de que a¨²n en este pa¨ªs s¨®lo, los casados por la Iglesia tienen posibilidad de divorellarse bajo el r¨®tulo de anulaci¨®n matrimonial.

Urge clarificar un problema que toca muy ¨ªntimamente a muchos espa?oles. Y que, a la postre, es un problema de Estado en tanto en cuanto ¨¦ste no puede continuar cediendo parcelas de soberan¨ªa, porque lo que el pa¨ªs necesita no es tanto una ley del divorcio como la separaci¨®n de la Iglesia y del Estado.

Ser¨¢ entonces llegado el d¨ªa en que la Iglesia cat¨®lica ser¨¢ sufragada por sus fleles y no por el fisco, y en el que los ciudadanos acceder¨¢n a serios matrimonios civiles -por supuesto que disolubles-, que podr¨¢n complementar o no con los sacramentos que su conciencia les exija.

La Iglesia cat¨®lica -insistimos-est¨¢ en su deber de mantener lo establecido en la Revelaci¨®n, la tradici¨®n patr¨ªstica y la doctrina pontificia. Y, en consecuencia, tener por necesaria la indisolubilidad matrimonial. El Estado aconfesional no debe pronunciarse sobre la vida ¨ªntima de los ciudadanos, mientras ¨¦sta no roce las leyes. Una ley estricta, reguladora del divorcio, debe ser defendida como una medida de realismo y salud p¨²blicos.