Tr¨¢fico de las cintas magn¨¦ticas del censo: por 500 millones, la mitad de los electores
En cuanto se dijo que habr¨ªa elecciones constituyentes, alguien se dio cuenta de que podr¨ªa hacer un buen negocio. Los partidos pol¨ªticos hecesitar¨ªan, disponer de unas listas de electores que les permitieran una comunicaci¨®n con ellos lo m¨¢s r¨¢pido posible. El censo les ser¨ªa facilitado, en efecto. Pero les ser¨ªa facilitado en papel, en toneladas de papel, de donde sacar las listas convenientes. Y, adem¨¢s, se les entregar¨ªa con un tiempo no demasiado amplio. Y el tiempo, ya se sabe, vale m¨¢s que el oro.Los partidos pol¨ªticos dispusieron del censo electoral a partir del 19 de mayo pasado. Ten¨ªan menos de un mes para sacar las listas, preparar las cartas, comprar los sobres, enviar a los domicilios, etc¨¦tera, en el caso de que desearan hacer publicidad directa.
Todos los partidos estaban en esta igualdad de condiciones. Todos seguir¨ªan as¨ª hasta el final. Todos, menos los que pudieran conseguir las cintas magn¨¦ticas.
Medio censo en cinta
Sucede que, aproximadamente la la mitad del censo electoral no s¨®lo est¨¢ impreso en papel sino grabado en cinta magn¨¦fica. Esta, al ser pasada adecuadamente por un ordenador electr¨®nico, en cuesti¨®n de minutos empieza a soltar miles de direcciones de electores impresas ya en cartulinas adhesivas que no hay que hacer m¨¢s que pegar en su correspondiente sobre. No s¨®lo se gana much¨ªsimo tiempo con este sistema, sino dinero.
El censo espa?ol cuenta con la mitad del mismo grabado en cinta magn¨¦tica, por la sencilla raz¨®n de que, en algunas provincias, a los encargados de hacer el censo, por su cuenta y riesgo, se les ocurri¨® utilizar las ventajas de la t¨¦cnica moderna y comprendieron que era conveniente grabarlo. As¨ª, tienen grabado su censo las siguientes veintisiete provincias: Alicante, C¨¢diz, Guip¨²zcoa, Huelva, Huesca, Le¨®n, L¨¦rida, Logro?o, Madrid, Murcia, Navarra, Oviedo, M¨¢laga, Pontevedra, Salamanca, Santander, Santa Cruz de Tenerife, Barcelona, Gerona, Burgos, Baleares, Tarragona, Valencia, Vizcaya, Zaragoza, Ceuta y Avila. De estas provincias faltan algunos pueblos por grabar. No obstante supone un total de 11.602.769 electores.
Los p¨ªcaros de turno
Ya antes de que se iniciara la campa?a electoral, pero con vistas a ella, por la sede de algunos partidos pol¨ªticos menudearon las visitas de varios vendedores de las cintas magn¨¦ticas del censo. Dado que el censo electoral -ni impreso, ni grabado- es p¨²blico, resulta irregular que el censo magn¨¦tico est¨¦ en la calle para ser comercializado. ?De d¨®nde salieron las cintas que se han ido ofreciendo?
Los p¨ªcaros de turno de este negocio, en principio, ped¨ªan por el total de las cintas la cantidad de quinientos millones de pesetas. Y por el de Madrid s¨®lo, treinta millones.
Los partidos pol¨ªticos a los que les hubiera interesado tales cintas, al conocer el precio, se negaron en rotundo. Corr¨ªan el riesgo de que alg¨²n otro partido las comprara, o, incluso, de que ya las tuviera. Pero la cifra era excesiva.En vista de ello, lo que hicieron algunos partidos fue solicitara la Junta Electoral Central que les facilitase las cintas magn¨¦ticas de aquellas provincias donde las hubiera. Sin embargo, la Junta se neg¨®. La raz¨®n de la negativa es que lo legislado habla de da:r el censo impreso. Se le hizo ver que tales grabaciones, al pasarlas por ordenador, se convert¨ªan en letra impresa, pero no sirvi¨®.
La soluci¨®n para el partido interesado en hacerse con una cinta sin pagarla de estraperlo fue llevar sus argumentos a las juntas electorales de zona, y, de este modo, se consiguieron algunas.
El juego se complica
La existencia de las cintas magn¨¦ticas hace pensar a algunos partidos que ellos, por su cuenta, podr¨ªan mandar a grabar las listas de papel que les han sido facilitadas por la Junta Central Electoral. Almenos, si no todas, algunas. Es decir, aquellas provincias que m¨¢s les interesen.
Esto da lugar a una curiosa complicaci¨®n: si un partido da a grabar a una empresa id¨®nea un par de provincias, por ejemplo, y otro partido da a grabar otras dos, ambos se encontrar¨¢n con que alguna de las provincias encargadas se retrasa en la entrega. Mientras tanto, curiosamente, los vendedoresantes citados vuelven a aparecer por la sede de estos partidos ofreci¨¦ndoles, precisamente, la provincia que han encargado grabar y que no les llega.
?Estamos ante una estafa de diversas ramificaciones Y dimensiones? El ¨²ltimo detalle de este affaire es, sin duda, de ese car¨¢cter. Veamos: Madrid son dos millones de electores; cada direcci¨®n, obtenida por medio de cinta magn¨¦tica pasada por ordenador, puede costar de tres a cinco pesetas. Pues bien, se ha comprobado c¨®mo una cinta de las ofrecidas por los vendedores de ocasi¨®n -y rebajada ya al precie de 1.200.000 pesetas- estaba trucada. Cada cuatro registros (cada cuatro direcciones) uno sal¨ªa en blanco. Es decir, 250.000 etiquetas in¨²tiles, pero que ser¨ªan cobradas. Un montante de m¨¢s de un mill¨®n de pesetas estafadas. Pero a¨²n hay m¨¢s. Se da la circunstancia de que tal cinta tabulaba en una determinada direcci¨®n madrile?a, correspondiente a un edificio de no m¨¢s de veinte pisos, la existencia de m¨¢s de 2.000 electores. Resulta dif¨ªcil creer que en la calle de Orense, n¨²mero 1.05 (es un ejemplo) puedan vivir 2.000 electores. El resultado es que todas las cartas enviadas a esas serias ser¨ªan devueltas.
?Qui¨¦n es el beneficiario?
Ante tanta picaresca y conIusi¨®n, enredo en el que, adem¨¢s de utilizar de modo irregular un documento estatal, se ha entorpecido o se ha pretendido entorpecer la tarea electoral de algunos partidos pol¨ªticos, en ¨¦stos ha nacido una pregunta: ??A qui¨¦n beneficia este asunto?? El beneficio econ¨®mico, est¨¢ claro, va a parar a. aquellos que consiguieron hacerse, con las cintas magn¨¦ticas para venderlas. Pero podr¨ªa existir otro beneficio: el pol¨ªtico.Al no disponer los partidos de las cintas de forma ortodoxa, se fomenta una comercializaci¨®n abusiva y se torpedea la magnetizaci¨®n del censo editado en papel. Esto s¨®lo podr¨ªa beneficiar a quien dispusiera con la debida antelaci¨®n de las reiteradas cintas o a quien estuviera en posibilidad de pagar el exorbitante precio que, en principio, se ped¨ªa por ellas. Tambi¨¦n beneficiar¨ªa a alg¨²n partido interesado en que alg¨²n otro no llevase a cabo una fuerte campa?a de publicidad directa. A ra¨ªz del plan de Uni¨®n de Centro Democr¨¢tico de enviar una carta personal del presidente-candidato Su¨¢rez a todos los espa?oles -emulando al l¨ªder de Alianza Popular, Fraga- se desvel¨® la dificultad que ten¨ªa esta coalici¨®n pol¨ªtica para llevar a cabo su idea. UCD, as¨ª como otros partidos, intent¨® "conseguir las cintas magn¨¦ticas a trav¨¦s de la Junta Electoral Central, sin conseguirlo. Tambi¨¦n su sede ha sido visitada por los vendedores piratas. Y, finalmente, torpedeados varios intentos de obtener utillaje necesario para el plan de las cartas -como abastecimiento suficiente de sobres y papel-, lo cual har¨¢, probablemente, que no todas las misivas lleguen a sus destinatarios.
Madrid, 1975
Adem¨¢s de ser el censo de Madrid una de las piezas claves para la campa?a electoral, es tambi¨¦n un caso similar al del resto de las provincias cuyo, censo fue grabado. Oficialmente, el Ayuntamiento de Madrid, como ning¨²n otro, no parece haberse inmutado por el hecho de que una cinta magn¨¦tica de su censo circule a la venta ilegal.
La raz¨®n de su inhibici¨®n en el caso estar¨ªa en el hecho de que el censo de 1976 se puso, terminado, a informaci¨®n p¨²blica el 15 de marzo pasado, y hasta el d¨ªa 21 del mismo mes, tras lo que se hicieron 100.000 modificaciones de otros tantos errores. Por tanto, hasta finales de mayo no estuvo definitivamente terminado, y, aun a primeros de junio, hubo secciones que fueron rectificadas. Por tanto, se estima que la cinta magn¨¦tica de Madrid, ilegalmente comercializada, ser¨ªa la correspondiente al censo de 1975, arbitrado para el refer¨¦ndum, y del que posteriormente se tabularon 600.000 errores. Por otra parte, ese censo, grabado en cinta por la empresa Fraser, SA, fue facilitado a la Secretar¨ªa General del Movimiento y al Gobierno Civil, para que realizaran la campa?a del refer¨¦ndum.
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