Autonom¨ªa y democracia

COMO ERA de prever -el partido del Gobierno hab¨ªa comprometido excesivamente su imagen para no amarrar el resultado-, el viaje del se?or Tarradellas a Madrid ha terminado con un acuerdo entre el presidente de la Generalitat en el exilio y el se?or Su¨¢rez. No cabe sino congratularse del acontecimiento. El obst¨¢culo que la legitimidad hist¨®rica enarbolada por el se?or Tarradellas supon¨ªa para la negociaci¨®n de la autonom¨ªa ha que dado, al parecer, definitivamente orillado. El reconoci miento de la Monarqu¨ªa y de las instituciones refrendadas por sufragio universal el pasado 15 de junio entierra el talante rupturista de quien, como Tarradellas, hab¨ªa recibido sus t¨ªtulos de una instituci¨®n republicana en el exilio. Por otro lado, la creaci¨®n de una instancia, de autogobierno que sirva de puente entre el centralismo franquista y el necesario estatuto de autonom¨ªa que promulgar¨¢n en su d¨ªa las nuevas Cortes, puede dar satisfacci¨®n a las reivindicaciones del pueblo catal¨¢n, que exige una prenda o un adelanto de lo que s¨®lo el Congreso y el Senado pueden acordar. Nunca se insistir¨¢ lo bastante en que en Espa?a no habr¨¢ democracia sin autonom¨ªa para Catalu?a y Euskadi; y es conveniente no demorar formas provisionales de autogobierno. Por a?adidura, el presumible nombramiento del se?or Tarradellas como presidente de la Mancomunidad de entes territoriales, y la designaci¨®n de ¨¦sta como ?Generalitat? contentar¨¢ la voluntad de continuismo hist¨®rico, tantas veces proclamada.Pero el comentario no puede quedar circunscrito al reconocimiento de los aspectos, altamente positivos del acuerdo. Porque en esta negociaci¨®n no hajugado s¨®lo la raz¨®n de Estado, sino tambi¨¦n la pol¨ªtica de partido. Y porque las fechas escogidas para alcanzar esta soluci¨®n, que hubiera sido perfectamente oportuna antes de las elecciones del 15 de junio, dan lugar a contradicciones demasiado flagrantes entre los derechos de los representantes elegidos por la soberan¨ªa popular y los procedimientos puestos en pr¨¢ctica por el Gobierno dimitido del se?or Su¨¢rez y el presidente de la Generalitat en el exilio para lleva! adelante su negociaci¨®n. Resulta ins¨®lito que, clausuradas las ¨²ltimas Cortes franquistas, y todav¨ªa no proclamadas las Cortes ya elegidas por el pueblo, el Poder Ejecutivo del Estado y la sombra de un Poder Ejecutivo ya extinto tomen decisivos acuerdos, que merecen no s¨®lo el refrendo, ya obtenido, de los parlamentarios catalanes, sino tambi¨¦n el asentimiento de los diputados y senadores del resto de Espa?a.

Pese al sigilo y a la cortina de desmentidos a que se han dedicado tanto el Gobierno como las fuerzas de la Oposici¨®n catalanas durante los ¨²ltimos meses, es un hecho cierto que la soluci¨®n ahora puesta en pr¨¢ctica por el Gobierno estuvo a punto de aplicarse hace ya unos meses; y que fue abandonada ante la perspectiva de un arrollador triunfo electoral del Pacte Democratic para Catalunya, que hubiera situado al se?or Pujol en condiciones ¨®ptimas para presidir esa Mancomunidad que recibirla el nombre de Generalitat. Pero los modestos resultados obtenidos por esta coalici¨®n y la espectacular victoria del PSC-PSOE, no s¨®lo hicieron ilusoria esa posibilidad, sino que ha colocado a la izquierda como la fuerza hegem¨®nica de Catalu?a.

En esta nueva situaci¨®n, se ha producido la extra?a carambola de tres trayectorias movidas por impulsos diferentes. El se?or Tarradellas es una personalidad ciertamente singular que est¨¢ seguro de encarnar la idea de Catalu?a, al igual que el general De Gaulle era el portador f¨ªsico de la idea de Francia. El protagonismo que ha desempe?ado durante esta agitada semana colma, seguramente, sus expectativas pol¨ªticas, sus ambiciones hist¨®ricas y sus emociones patri¨®ticas. Por su parte, el presidente del Gobierno lo es, a su vez, de un partido de muy reciente fundaci¨®n, y que ha obtenido escasos votos en Catalu?a; el acuerdo, por arriba, con el presidente de la Generalitat en el exilio, le permit¨ªa -adem¨¢s de objetivos generales dignos de elogio- desplazar a la izquierda del protagonismo en una zona clave del pa¨ªs y fortalecer la pobre ejecutoria de su propia formaci¨®n pol¨ªtica. La presencia del se?or Sent¨ªs como introductor del se?or Tarradellas, en s¨ª misma innecesaria, queda plenamente jusifficada en tanto en cuanto es el cabeza de lista de la candidatura de la UCD en Barcelona. ?Y el apoyo de la Asamblea de Parlamentarios?

Para quienes no conocen en profundidad la vida pol¨ªtica catalana, resulta sorprendente que dicha Asamblea haya respaldado devotamente la misi¨®n negociadora del se?or Tarradellas, que no ha actuado como mandata no suyo, revocable y sujeto a control, sino como titular de una misi¨®n hist¨®rica, personal e intransferible, de la que responde s¨®lo ante Catalu?a. Una Catalu?a forzosamente m¨ªstica y ahist¨®rica, pues la Catalu?a concreta de 1977 se ha dado ya un ¨®rgano representativo en esa Asamblea. Desde el punto de vista del desarrollo democr¨¢tico, pocas dudas caben de que son los diputados y senadores, elegidos por votaci¨®n popular, los ¨²nicos legitimados para negociar por s¨ª, o por delegaci¨®n siempre sujeta a control parlamentario, la cuesti¨®n de la autonom¨ªa. En este sentido es demasiado estridente la antinomia entre la naturaleza de la representaci¨®n que asumen los parlamentarios, emanada de la soberan¨ªa popular en Catalu?a, y la entrega incondicional de los poderes recibidos de las urnas a quien fundamenta sus derechos como negociador en otros t¨ªtulos. Subrayemos que los diputados y senado res catalanes se enteraron por la prensa del viaje del se?or Tarradellas a Madrid. No es f¨¢cil admitir la coherencia entre esa posici¨®n y la lucha general por la democracia, y contra cualquier tipo de poder personal, que han librado, en posiciones de vanguardia, los propios catalanes.

Por lo dem¨¢s, cabe la sospecha de que en esta negociaci¨®n el se?or Tarradellas, explicablemente obsesionado por aliviar los problemas que a corto plazo afronta Catalu?a y por obtener un resultado concreto de su viaje, haya ca¨ªdo en un doble error, a largo plazo: el de aceptar estas Mancomunidades como soluci¨®n provisional de las autonom¨ªas, por una parte, y el de equiparar, despu¨¦s, el problema planteado por las ?nacionalidades hist¨®ricas? con la descentralizaci¨®n administrativa. Pues esta Mancomunidad, si bien en Catalu?a puede asumir las funciones, de hecho, de la antigua Generalitat, es un m¨¦todo pensado como pieza clave de la futura ley General de Regiones y puede interferir seriamente la discusi¨®n de los fu turos Estatutos de Autonom¨ªa. Y es evidente que las instituciones de autogobierno en Catalu?a y Euskadi no pueden limitarse a ser mecanismos de una reforma regional generalizada.