El acuerdo econ¨®mico, firmado ayer en la Moncloa

El documento sobre el pacto pol¨ªtico elaborado tras las negociaciones mantenidas en la Moncloa entre el Gobierno y los representantes de los grupos parlamentarios ser¨¢ firmado probablemente hoy, una vez solventadas las dificultades surgidas por el deseo del Partido Socialista Obrero Espa?ol (PSOE) de corregir ciertos puntos del texto.Este, que consta de unos veinte folios, fue enviado en la noche del lunes a los partidos. Una vez estudiada la redacci¨®n provisional, el PSOE ha observado que se contienen ?algunas apreciaciones que no coinciden con las notas que nosotros recogimos en la reuni¨®n?, seg¨²n han declarado portavoces del PSOE.

Por esta raz¨®n, aunque no existen objecciones generales al acuerdo, el PSOE elabor¨® ayer una serie de correcciones parciales, cuya integraci¨®n en el texto no se espera que cause problemas, por lo que el documento deber¨¢ de estar listo para la firma hoy. El primer secretario del PSOE, Felipe Gonz¨¢lez, se mostr¨® ayer de acuerdo con esta previsi¨®n.

Entre los puntos a someter a revisi¨®n est¨¢ el de la ley de Peligrosidad Social, cuya derogaci¨®n o sustituci¨®n no ha pedido el PSOE tajantemente, sino s¨®lo que se concreten los medios de evitar que la ley no pueda coartar los derechos individuales de la persona.

Por su parte, el documento prev¨¦ la revisi¨®n de los tipos delictivos, con supresi¨®n de tipificaciones de car¨¢cter predelictivo. Asimismo, se precisa el car¨¢cter no penal de las medidas de seguridad, con ?neta diferenciaci¨®n? de establecimientos. Tambi¨¦n se incluye la resoluci¨®n provisional de la dualidad de competencia y regulaci¨®n en esta ley y el C¨®digo Penal.

Otras objeciones socialistas se refieren al C¨®digo de Justicia Militar, sobre el que el PSOE desea que las observaciones realizadas en el curso de las negociaciones, especialmente acerca del fortalecimiento de las garant¨ªas procesales en los procedimientos de la jurisdicci¨®n militar.

En este cap¨ªtulo, el documento enviado por la Moncloa incluye la resoluci¨®n de la dualidad entre los c¨®digos com¨²n y militar, restringiendo ¨¦ste al ¨¢mbito de los delitos militares, limitaci¨®n de la competencia militar a los establecimientos o lugares estrictamente militares, revisi¨®n de los supuestos de desafuero y fortalecimiento de las garant¨ªas procesales.

El PSOE ha pedido tambi¨¦n la introducci¨®n de observaciones sobre orden p¨²blico y derecho de asociaci¨®n, y en concreto sobre financiaci¨®n respecto a este ¨²ltimo.

Revisi¨®n de la ley de Orden P¨²blico

En cuanto al orden p¨²blico, el documento enviado a los partidos propone la revisi¨®n parcial de la ley respectiva, a la espera de una nueva regulaci¨®n del tema, una vez en vigor la Constituci¨®n, as¨ª como la redefinici¨®n del concepto en el sentido de depurarlo de contenidos no democr¨¢ticos y basarlo en el libre y pac¨ªfico disfrute de las libertades p¨²blicas. La tipificaci¨®n del terrorismo figurar¨¢ en el C¨®digo Penal.

La potestad sancionadora se basar¨¢ en la obligada previa audiencia del interesado, no superposici¨®n de sanciones por un mismo hecho, eliminaci¨®n de pago previo al recurso contra la sanci¨®n, eliminaci¨®n de la responsabilidad personal subsidiaria por multas, y facultad sancionadora de los gobernadores civiles, director general de Seguridad y el ministro del Interior.

Tambi¨¦n se contempla el fortalecimiento de los medios de lucha contra el terrorismo, y en concreto la creaci¨®n de una unidad policial especial, dependiente funcionalmente de los ¨®rganos judiciales competentes. La regulaci¨®n de suspensi¨®n de garant¨ªas se pospone a la vigencia de los principios constitucionales.

Los cuerpos y fuerzas de orden p¨²blico se estructurar¨¢n en dos grandes bloques: un cuerpo civil, encargado fundamentalmente de la investigaci¨®n, que ser¨ªa el Cuerpo General de Polic¨ªa, y dos militares -Polic¨ªa Armada y Guardia Civil-, como cuerpos operativos. Todas las fuerzas estar¨ªan bajo.el mando de un director de Seguridad del Estado, aunque la Guardia Civil depender¨ªa, del Departamento del Interior s¨®lo respecto al orden p¨²blico, por su adscripci¨®n al Ministerio de Defensa.

Asimismo, se propone la delimitaci¨®n de zonas entre la polic¨ªa gubernativa y la Guardia Civil, destinando aquella a las zonas m¨¢s conflictivas y poblaciones mayores; intercomunicaci¨®n progresiva entre los cuerpos; reforzamiento del personal administrativo; per feccionamiento de la formaci¨®n; creaci¨®n de unidades especiales de polic¨ªa judicial y polic¨ªa de barrio, y divisi¨®n de competencias entre los cuerpos estatales y locales.

En cuanto al derecho de asociaci¨®n, el documento contempla la reforma de la legislaci¨®n sobre la base de la adaptaci¨®n de las organizaciones a criterios democr¨¢ticos, plazo breve para la inscripci¨®n de partidos, decisi¨®n judicial para la suspensi¨®n o disoluci¨®n de las asociaciones, con procedimiento sumario, y estableclm lento de un sistema objetivo de subvenciones a los grupos en funci¨®n de los resultados electorales obtenidos.

Control parlamentario de los medios de comunicaci¨®n estatales

Finalmente, el PSOE desea introducir una observaci¨®n sobre la radio y agencias de prensa, en el cap¨ªtulo de Medios de Comunicaci¨®n Social del Estado, observaci¨®n que no ha sido recogida en el documento, aunque hubo acuerdo al respecto, seg¨²n un portavoz socialista.

En el documento del pacto, se prev¨¦ la constituci¨®n de un consejo provisional emanado del Gobierno y los parlamentarios para preparar un proyecto de estatuto de la RTVE y controlar provisional mente su funcionamiento, as¨ª como la constituci¨®n, dentro de la comisi¨®n de Cultura del Congreso, de una subcomisi¨®n que, junto con las personas designadas por el Gobierno, propondr¨¢ a ¨¦ste el tratamiento de estos medios y los procedentes de los antiguos sindicatos.

En cuanto a libertad de expresi¨®n, el documento conocido ayer por los partidos recoge la subsistencia del dep¨®sito previo de publicaciones, y la limitaci¨®n de la potestad de secuestro a los jueces.

Los procedimientos judiciales ser¨¢n en plazos breves y estrictos, y la determinaci¨®n de responsabilidades se har¨¢ en funci¨®n del C¨®digo Penal. Por otra parte, se revisar¨¢n los supuestos legales de la declaraci¨®n de materia reservada.

La legislaci¨®n sobre el derecho de reuni¨®n se ajustar¨¢ a las siguientes premisas: consideraci¨®n de reuniones privadas hasta loscincuenta asistentes, las de tipo familiar o de amistad con invitaci¨®ri nominativa y las convocadas por los partidos para sus afiliados; r¨¦gimen de libertad, con comunicacion previa, para las celebradas en local cerrado, si bien las de m¨¢s de quinientos asistentes podr¨¢n ser suspendidas a priori; mantenimiento del actual r¨¦gimen para las manifestaciones; posibilidad de limitar el ejercicio para evitar perturbaciones excesivas de la actividad normal, y establecimiento de un procesojudicial sumario.

Por ¨²ltimo -aunque no en ¨²ltimo lugar del documento-, se contempla una serie de reformas urgentes del C¨®digo Penal, en relaci¨®n con la mujer, con las Leyes Fundamentales y referencias al Movimiento Nacional, libertades p¨²blicas y revisi¨®n de cuant¨ªas del hecho punible. Sobre este punto trabaja intensamente la comisi¨®n general de Codificaci¨®n, informaci¨®n que recogemos en otro lugar de estas mismas p¨¢ginas.