En Espa?a hay 1.754 viviendas ocupadas ilegalmente

Autoridades del Ministerio de Obras P¨²blicas y Urbanismo han elaborado un informe sobre las viviendas vac¨ªas propiedad de organismos oficiales, en el que manifiestan que su existencia constituye ?una manifiesta provocaci¨®n en un tema tan sensible y extremadamente politizado, frente a la enorme demanda de viviendas por familias de muy escasos recursos econ¨®micos?.

El informe dice que en Espa?a existen 1.754 viviendas ocupadas ilegalmente, de las que 1.200 se encuentran en Barcelona, 125 en Madrid, 404 en El FerroI, diecinueve en Valladolid, y seis en Bilbao. En el documento, que recoge Europa Press, se citan como consecuencia de la existencia de viviendas vac¨ªas el que a¨²n no hubieran sido adjudicadas y el que habiendo sido adjudicadas, no hayan sido ocupadas por el propietario.Como causas de la no adjudicaci¨®n se cita que el antiguo Ministerio de la Vivienda pon¨ªa a disposici¨®n de determinadas corporaciones y organismos oficiales, como Gobierno Civil, Capitan¨ªa General y Polic¨ªa, entre otros, un n¨²mero de viviendas para su adjudicaci¨®n por los mismos, y que algunas viviendas se manten¨ªan en reserva, para hacer frente a eventuales situaciones catastr¨®ficas o para cubrir necesidades de expropiaciones en curso.

En cuanto a las causas de no ocupaci¨®n por sus adjudicatarios, se alude al plazo de seis meses que se les da para ocupar la nueva vivienda y que algunos esperan a que se agote y se se?ala que otros no han trasladado su domicilio por no necesitar la vivienda, o con fines especulativos.

Frente a los beneficiarios que r¨ªo ocupan su vivienda, el informe se?ala que existe la posibilidad de iniciar un expediente sancionador e ir a la expropiaci¨®n forzosa por incumplimiento de la funci¨®n social de la propiedad. Si las viviendas est¨¢n cedidas en arrendamiento, puede procederse el desahucio administrativo por no ocupaci¨®n.

Frente a los ocupantes ilegales, en los casos de ocupaci¨®n de viviendas no adjudicadas, caben las acciones correspondientes a su condici¨®n de propietario, por las v¨ªas civil y penal, y frente al ocupante ilegal de viviendas ya adjudicadas la Administraci¨®n debe inhibirse, ya que las acciones deben ser emprendidas por el propietario.

El informe de las autoridades del Ministerio de Obras P¨²blicas y Urbanismo propone dos tipos de actuaciones a realizar por el Departamento: frente a situaciones futuras y con independencia de la funci¨®n sancionadora y de expropiaci¨®n de viviendas., se propugna la adjudicaci¨®n de viviendas en fase de construcci¨®n; desaparici¨®n de las reservas a favor de corporaciones y organismos oficiales; reducci¨®n del plazo de primera ocupaci¨®n de seis meses a quince d¨ªas; potenciaci¨®n de la inspecci¨®n para detectar situaciones ilegales y actuar con celeridad; frente a las situaciones ya consumadas, el informe indica que pueden utilizarse los mecanismos jur¨ªdicos expuestos en el mismo o continuar con las constituciones mixtas para la regularizaci¨®n de las ocupaciones ilegales que se estimen dignas de ello, previa ponderaci¨®n en cada caso concreto.