Una cuesti¨®n democr¨¢tica

En Espa?a, parad¨®jicamente, cuarenta a?os de poder casi absoluto de un reducido grupo de pol¨ªticos han impedido que ?los hombres y las tierras? se unieran de verdad, ya que s¨®lo se une lo que est¨¢ vivo y libre, y si se apaga y ata la voluntad de la gente, m¨¢s que unir se unifica, y, al no haber participaci¨®n democr¨¢tica, m¨¢s que integrar se desintegra. En tales casos el Estado, en verdad, no existe. No hay m¨¢s que Gobierno central y centralista. Los ciudadanos se refugian forzosamente en el trabajo, en el ensue?o otra vez o en la clandestina lucha por resucitar. Las tierras, las regiones de una naci¨®n cautiva no logran entre si mas unidad profunda -pese a las autopistas y la televisi¨®n- que la que otorga el combate por la democracia.Si repasamos la prensa de los ¨²ltimos a?os del franquismo y de estos primeros de la Monarqu¨ªa, comprobaremos que los actos y movimientos de resurrecci¨®n pol¨ªtica del pa¨ªs se produc¨ªan con una inevitable y l¨®gica connotaci¨®n regionalista o nacionalista. Esto quiere decir que el nuevo r¨¦gimen -en tanto que quiera ser democr¨¢tico- nace indisolublemente ligado a la reivindicaci¨®n autonomista o de autogobierno regional. Es importante no olvidar que ninguno de los nacionalismos perif¨¦ricos que se expresan hoy reivindicando el reconocimiento de la personalidad hist¨®rica de ciertas nacionalidades hispanas deja de poner en el frontispicio de, sus agravios la exigencia democr¨¢tica y la sincera voluntad solidaria respecto a todos los restantes ciudadanos del Estado espa?ol.

La cuesti¨®n de las autonom¨ªas regionales se centra claramente, por tanto, a partir de la exigencia democr¨¢tica. La verdadera cuesti¨®n no va a ser, en el fondo, de car¨¢cter regional o nacional, sino si se va a ir o no de verdad a la construcci¨®n de un Estado democr¨¢tico. ?O es que, con la excusa de que no ha habido ?ruptura?, sino ?reforma?, se va a una seudodemocracia limitada y controlada, a un simple cambio de fachada del inconmovible macizo olig¨¢rquico, centralista y conservador de siempre?

La posici¨®n de los partidos

?Cu¨¢l es sobre este punto capital la posici¨®n de las principales fuerzas pol¨ªticas en presencia? No quisiera simplificar ni ser sectario, pero me parece que Alianza Popular (incluida la fracci¨®n m¨¢s moderna y democr¨¢tica) desea enlazar con la tradici¨®n de mera descentralizaci¨®n administrativa del conservatismo espa?ol m¨¢s o menos liberal. Por su parte, la UCD gubernamental muestra en este campo -como en tantos otros- una falta de ideolog¨ªa expl¨ªcita y un pragmatismo de corto plazo que, a la larga, pueden hacerla tributaria de los mismos reflejos conservadores de Alianza Popular. El regionalismo de UCD parece como si quisiera articular los grandes intereses conservadores de las regiones (Iigados a Madrid de modo irreversible) frente al reto de una izquierda que cree en el autogobierno regional como medio de transformaci¨®n social de unos territorios sistem¨¢ticamente descuidados o explotados por sus propias oligarqu¨ªas, de acuerdo con el poder oficial del pasado.

Un caso peculiar lo constituyen los peque?os partidos nacionalistas de Catalu?a y el Pa¨ªs Vasco. Su ideolog¨ªa resulta contradictoria, pues, por un lado, su cautela posibilista les aproxima a las propuestas de la derecha, pero, por otro, su rivalidad con la izquierda autonomista les obliga a ser consecuentes con su proclamado nacionalismo y a exigir la autonom¨ªa pol¨ªtica de sus respectivas nacionalidades. Su vinculaci¨®n a una burgues¨ªa de tradici¨®n democr¨¢tica y auton¨®mica viene equilibrada por su inevitable dependencia econ¨®mica de los grandes intereses capitalistas de todo el Estado. De ah¨ª que practiquen una estrategia muy semejante a la de los nacionalismos burgueses del primer tercio de este siglo espa?ol: tendencia a colaborar con la izquierda en sus pa¨ªses de origen y a hacerlo, en cambio, con la derecha en cuanto ¨¦sta se halla en el poder de Gobierno y del Estado.

La izquierda espa?ola -socialistas y comunistas-, cuyos planteamientos moderados y prudent¨ªsimos son denunciados con esc¨¢ndalo por los partidos y movimientos que proliferan a su izquierda, prolongan hoy la tradici¨®n de autogobierno regional, propia de las fuerzas populares de nuestro pa¨ªs desde el siglo pasado. Hace suyas las reivindicaciones de las nacionalidades y regiones, uni¨¦ndolas en una misma ambici¨®n: luchar eficazmente contra el subdesarrollo absoluto o relativo de todas ellas, y fomentar la participaci¨®n popular en el Gobierno del Estado. Ahora bien, su vocaci¨®n constructora de una naci¨®n unida en la igualdad y libertad de sus pueblos presenta de nuevo un f¨¢cil flanco al conocido argumento de los conservadores no dem¨®cratas: la izquierda querr¨ªa, mediante las autonom¨ªas regionales y el reconocimiento de las nacionalidades, desintegrar la patria para mejor imponer su sangrienta y ¨¢n¨¢rquica revoluci¨®n.

La cuesti¨®n quedar¨ªa, para m¨ª, definitivamente centrada, si se admitiera por todos los partidos que el problema de Ias autonom¨ªas. al ser un elemento clave de la democracia espa?ola, ha de ser resuelto dentro del forzoso pacto patri¨®tico entre la derecha y la izquierda que hoy se necesita para construir, como ped¨ªa Ortega, un Estado moderno, socialmente enraizado en la pluralidad real de Espa?a y con la finalidad principal de lograr una justa redistribuci¨®n de la riqueza nacional entre todos los hombres y regiones-nacionalidades del Estado com¨²n.

Los falsos conflictos

Entendidas as¨ª las cosas, n¨®tese bien que el dilema ?Naci¨®n espa?ola-regiones y nacionalidades aut¨®nomas? (basado en la famosa dicotom¨ªa ?soberan¨ªa nacional-soberan¨ªas regionales?) no tiene sentido y s¨®lo va a ser utilizado por los grupos m¨¢s reaccionarios y ultraconservadores. No se trata de discutir la soberan¨ªa del Estado ni de menguar sus poderes, sino de todo lo contrario: de fortificar la unidad espa?ola, creando un Estado, pr¨®motor de justicia, que sea sentido como tal y como propio por todos los ciudadanos, sean ¨¦stos gallegos, andaluces, castellanos o vascos, mediante la distribuci¨®n de esos poderes estatales por todo el pa¨ªs. Haciendo que la gente se constituya ella misma en Estado, lo nutra y lo ejerza.

El segundo conflicto falso que se airea por algunos se refiere a esa distribuci¨®n de competencias pol¨ªticas del Estado. Se acepta con un gui?o de complicidad comprensiva que algunas regiones podr¨ªan tal vez hacerse cargo de ellas, pero que otras no. Y a continuaci¨®n se les regatean o niegan poderes a las primeras con la excusa de que las segundas no aceptar¨ªan situaciones de privilegio. Resulta altamente significativo al respecto que una nacionalidad como Catalu?a se niegue reiteradamente a ser tratada como algo peculiar, y reivindique lo que pretende ella para todas las nacionalidades y regiones de Espa?a, en actitud solidaria y de igualdad. Pero no una igualdad en lo m¨ªnimo, sino en lo m¨¢ximo.

El tercer conflicto falso aparece ahora. ?C¨®mo se atreve alguien a reivindicar el autogobierno pol¨ªtico -que supone una m¨¢xima competencia- en favor de regiones ?impreparadas? para ello? Este ?realismo? que tanto se ha aplicado en este pa¨ªs para negarles a los obreros; a las mujeres o a los marginados sociales su efectiva igualdad jur¨ªdica, oculta una ficci¨®n. Son los ?separadores? de siempre los que afirman, por un lado, que ya existe la unidad espa?ola, pero exageran, por otro, las diferencias y las particularidades de las regiones hasta propugnar para ellas tratamientos tan diferentes que, en la pr¨¢ctica -y en nombre otra vez de la imprescindible unidad jur¨ªdica del Estado-, se neutralizan entre s¨ª y dejar las cosas como estaban. Que es lo que, en definitiva, se pretende.

Una cuesti¨®n de Estado

Si se tuviera sentido del Estado se ver¨ªa que las dos nacionalidades m¨¢s ricas (Catalu?a y Pa¨ªs Vasco) concentran juntas (tal vez podr¨ªa a?adirse Valencia) una parte considerable de la riqueza espa?ola (t¨ªpico producto del proceso de concentraci¨®n selectiva del capitalismo). El Estado debe estar presente en estas zonas, transfiri¨¦ndoles aquel conjunto de competencias que necesitan para resolver los ingentes problemas de una sociedad moderna y conflictiva. No cabe escudarse, parad¨®jicamente, en el tema nacional-regional para no ver que el primer interesado en la transferencia de competencias es el Estado mismo.

Pero si las nacionalidades citadas son la punta de lanza del progreso econ¨®mico (y, por tanto, democr¨¢tido y social) de Espa?a, ser¨ªa un error fomentar a¨²n m¨¢s esa patol¨®gica concentraci¨®n de poder y de conflicto que el capitalismo de estos cuarenta a?os ha creado junto al Atl¨¢ntico y el Mediterr¨¢neo. Distribuir el Estado. entre el tri¨¢ngulo Madrid-Barcelona-Bilbao es, una vez m¨¢s, olvidarse de Arag¨®n, Castilla, Andaluc¨ªa, Galicia. Extremadura, etc¨¦tera, pueblos ¨¦stos con un empobrecimiento relativo o absoluto insoportable. El juego f¨¢cil es no dar autonom¨ªa a ¨¦stas regiones, alegando que no est¨¢n preparadas para ello y que ellas mismas prefieren que desde Madrid las ayuden. Pero, repito, esa excusa se acaba volviendo contra las nacionalidades m¨¢s ricas, lanzando la opini¨®n de las pobres contra ellas de modo tan demag¨®gico o insensato.

Son justo las regiones ricas las que cuentan con mayor conciencia democr¨¢tica de que son punta de lanza del desarrollo de las empobrecidas, y por eso reivindican para ¨¦stas las mismas competencias que ellas reclaman. Los miles y miles de andaluces que han votado en Catalu?a en favor de su autonom¨ªa no quer¨ªan ?separarse? de los problemas de su Andaluc¨ªa, sino que empujaron catalanamente para que, un problema de Estado, como es el subdesarrollo, lo resuelvan los cludadanos de forma solidaria. Si en Catalu?a ha ganado la izquierda, y ¨¦sta es autonomista, no es s¨®lo por catalanismo, sino porque el pueblo quiere gobernar, gobernarse, solucionar de una vez los tremendos problemas econ¨®micos y sociales del pa¨ªs. ?No ser¨¢ que quien se opone a ese autogobierno regional se opone en realidad a las transformaciones sociales que pueden llevarse a cabo en un Estado democr¨¢tico y, por tanto, autonomista?

Se equivocan, pues, quienes creen que el problema de las regiones es un problema regional. Es una cuesti¨®n de Estado. Es un campo privilegiado de operaciones de las fuerzas conservadoras, o de derecha, y las transformadoras, o de izquierda. Es forzoso un pacto realista y patri¨®tico sobre este punto, y que la derecha reconozca que si se opone a las aulonom¨ªas es porque favorecen a la izquierda, y no porque pongan en peligro patria alguna.

?C¨®mo articular organizativa y constitucionalmente un Estado que cuanto m¨¢s Estado quiera ser m¨¢s habr¨¢ de vivificar las posibilidades de autogobierno de sus nacionalidades y regiones? ?Tendr¨¢n los partidos parlamentarlos la sensatez, la inteligencia y la imaginaci¨®n para elaborar una Constituci¨®n en la que se garantice y se regule de modo pr¨¢ctico y coherente un tema que es la vida misma de Espa?a y un-seguro de su unidad, grandeza y libertad futuras?