Defensa del contribuyente

Presidente de la UCD de Madrid Notario

La creaci¨®n de una sociedad nueva m¨¢s justa y solidaria exige, dentro de una econom¨ªa de mercado, un sistema fiscal que responda a las ideas de progresividad en la imposici¨®n a medida que los ingresos aumentan; redistribuci¨®n por la v¨ªa del impuesto de las rentas de forma que se eliminen injusticias, necesidades y desigualdades, y eliminaci¨®n del fraude fiscal procurando llegar a la veracidad en las declaraciones y a la objetividad en la imposici¨®n.

Para lograr esos fines es indudable que una seria reforma fiscal es indispensable y es uno de los pilares de un sistema democr¨¢tico de tipo occidental. En este sentido una pol¨ªtica fiscal de este car¨¢cter es inherente al programa de los partidos de centro y aun de derechas que no sean estrictamente defensores de intereses y privilegios. El impuesto progresivo es el ¨²nico sistema de coordinar una deseable disminuci¨®n de desigualdades y una actuaci¨®n compensatoria del Estado, con el mantenimiento y defensa de la iniciativa y propiedad privada y con la libertad de empresa.

Pero en este momento en que nos hallamos, fruto quiz¨¢ de esa ley del p¨¦ndulo tan hisp¨¢nica, por pensar que estas afirmaciones previas est¨¢n de moda o son ahora prevalentes, nadie se atreve a alzar la voz en defensa del contribuyente. Probablemente por miedo a ser acusado por los demagogos de turno o por los que quieren parecer hoy m¨¢s progresistas que nadie.

Y un sistema fiscal, para que sea justo, tiene que basarse, adem¨¢s de en unos derechos de la Administraci¨®n, en unas obligaciones correlativas de ella. Y reconocer que el contribuyente tiene, adem¨¢s de unas obligaciones, que se le pueden exigir, unos derechos que debe poder ejercitar.

No se piense que los contribuyentes son los ricos. Contribuyentes somos todos, ricos y pobres, empresarios y trabajadores, de derecha y de izquierda. Desconoce la realidad el que piensa de otra manera. Los que con esfuerzo compran un modesto piso o los que lo heredan; el peque?o propietario r¨²stico con menos renta que un trabajador o el empleado de una gran empresa; el que vive de su sueldo como funcionario o empleado; todos ellos son contribuyentes, no s¨®lo por impuestos indirectos, sino por la v¨ªa del impuesto directo.

El fraude como "habilidad"

Hay que reconocer que nuestras costumbres en materia fiscal son muy malas. No s¨®lo porque se defraude o porque la gente se resista a pagar, que eso es normal y pasa en todos los pa¨ªses del mundo, sino porque no existe conciencia fiscal. Es decir, porque el defraudar se considera una habilidad o un m¨¦rito y no tiene reprobaci¨®n social. Y porque al que declara todo se le considera no honrado, sino tonto. Y porque existe un h¨¢bito de fraude en el que todos estamos incursos, que alcanza no s¨®lo a contribuyentes, sino a funcionarios, asesores, profesionales y hasta al mismo legislador.

Es preciso afirmar que la responsabilidad del fraude actual es una responsabilidad compartida. No se puede achacar s¨®lo al ciudadano. La ley contaba con ¨¦l y, aun la fomentaba con tipos tan altos en algunos campos, sin paralelo en otros pa¨ªses, que hacen improbable la veracidad creando as¨ª una especie de valor entendido en que la insuficiencia de la base se compensaba con el nivel del tipo.

Y los funcionarios, aun los m¨¢s altos, lo abonaban con su mal ejemplo. El esc¨¢ndalo de funcionarios fiscales y ministros que sean muy duros con los dem¨¢s, pero cuyas declaraciones personales son absolutamente impresentables son un apoyo para el fraude. Y la responsabilidad en la creaci¨®n y desarrollo de esos h¨¢bitos es probablemente superior a la del simple contribuyente.

Es preciso partir de estos datos para intentar cambiar esas malas costumbres fiscales que padecemos. Hay que cambiar la ley, no s¨®lo la letra, sino su esp¨ªritu; hay que cambiar la conducta y el ejemplo de los llamados a aplicarla, y hay que cambiar la idea que se tiene del impuesto.

El que declara bien y paga lo que le corresponde no es tonto sino honrado. El pagar impuestos no es un estigma sino un honor, aunque a todos nos moleste hacerlo. El pagar muchos impuestos porque se tiene un abundante patrimonio o unos ingresos altos no es un motivo para exponer a esa persona a la verg¨¹enza p¨²blica, sino una mayor contribuci¨®n al gasto p¨²blico que ha de revertir a todos los ciudadanos, y en ese sentido ese ciudadano merece el respeto de todos porque con su esfuerzo o su ingenio aporta m¨¢s a la sociedad.

Y para conseguir que todo el mundo acepte el impuesto no es el mejor procedimiento, el insult¨® o la amenaza. Si el contribuyente, adem¨¢s de lo molesto que le es pagar, se siente perseguido, acusado, casi insultado, tratado como un presunto delincuente, es posible que desde el primer momento se coloque como enemigo. Que desaparezcan sus est¨ªmulos para el pago que tambi¨¦n existen.

En los pa¨ªses democr¨¢ticos al contribuyente se le atiende, se le conciencia, se le facilita el pago sin exponerle a represalias o amenazas por el hecho de que lo haga, y se le reconocen y respetan unos derechos. Hasta el punto de que cuando un ciudadano exige ante un funcionario o una autoridad exhibe, como t¨ªtulo de su derecho, la frase de ?yo pago mis impuestos?. Porque el pagarlos le redondeaba hist¨®ricamente su condici¨®n de ciudadano.

Garantizar los derechos del contribuyente

Ante la reforma fiscal actual, importante y necesaria, pero cuya forma de presentaci¨®n y lenguaje han sido sin duda inh¨¢biles, es indispensable, si queremos que tenga ¨¦xito y que sea aceptada, que se garanticen los derechos del contribuyente. Porque cuanto mayor es la presi¨®n fiscal mayores deben ser las garant¨ªas y derechos de ¨¦ste.

Y entre esos derechos y garant¨ªas han de figurar y ser efectivos como m¨ªnimo los siguientes:

1.? Dar facilidades para poder pagar. Es decir, tender a una menor complejidad del sistema impositivo. Es absurdo que haya impuestos que un ciudadano con buena voluntad no pueda cumplimentar sin un asesoramiento especializado. Es absurdo la multiplicaci¨®n de impuestos y declaraciones con la consiguiente multiplicaci¨®n del papeleo, la burocracia y el gasto de la Administraci¨®n.

2.? Recibir un trato respetuoso de la Administraci¨®n. No tratar al contribuyente como un defraudador nato al que se amenaza de entrada en las inspecciones y partiendo de la idea de que todo lo que dice es falso. Con ello se pone en peores condiciones al que ha dicho la verdad que al que miente, al suponer que todos lo hacen. Evitar los abusos de poder de la Administraci¨®n que nunca responde de sus errores, que exige pagar antes que discutir y tarda a?os en resolver los recursos o en devolver lo indebidamente cobrado, y que persigue por comodidad suya antes al que declara que al que evade hasta la misma declaraci¨®n.

Privilegios, para nadie

3.? Que desaparezcan las discrecionalidades. A ser tratado con objetividad. A no depender de criterios personales o de humores de liquidadores o inspectores. No s¨®lo a pagar lo que le corresponde, sino a que los dem¨¢s tambi¨¦n lo hagan. Porque en materia fiscal el agravio comparativo no es s¨®lo ofensivo, sino perjudicial, porque lo que se deja de cobrar al listillo, al recomendado o al amigo viene a recaer sobre los dem¨¢s. A que no se utilice el impuesto como arma de coacci¨®n personal o para perseguir a enemigos pol¨ªticos o a clases o sectores; a que no existan profesiones o actividades privilegiadas por su influencia social o pol¨ªtica o por comodidad y por las dificultades de determinar sus ingresos. Y a que no haya desigualdades de trato como las que hay ahora.

4.? A que si los ingresos o los bienes se tienden a valorar conforme a la realidad, sea igual el trato para las diversas clases de bienes. Y no resulte discriminado por los criterios valorativos el funcionario que cobra todo oficialmente, o el inversionista en acciones cuyos precios son p¨²blicos. A que si los ingresos son ciertos tambi¨¦n se puedan descontar los gastos ciertos y no sea la ley fiscal la ley del embudo. Y a que cuando un a?o una empresa, o casi un sector entero, tenga p¨¦rdidas reales, se le admita y no tenga encima que pagar, por el sistema actual de que nunca se puede pagar menos de lo que se pag¨® en elejercicio anterior porque el Estado lo necesita.

5.? A una efectiva protecci¨®n jur¨ªdica. A que en los recursos y en las liquidaciones se cumplan los plazos. A que en todos los niveles del recurso se pueda dar la raz¨®n al contribuyente sin tener que llegar a los Tribunales Superiores, porque ello significa un trastorno, una molestia y un gasto suplementario que no tiene por qu¨¦ soportar el ciudadano.

6.? A la posibilidad de ser estimado como un colaborador y un pilar b¨¢sico de la Administraci¨®n a la que sostiene con su dinero, y no como un enemigo. A que se habiliten los cauces para que por medio de donativos y contribuciones a fines p¨²blicos, culturales, asistenciales o locales se haga m¨¢s amable la contribuci¨®n al gasto p¨²blico y se utilicen los naturales est¨ªmulos del ciudadano que se siente m¨¢s satisfecho si sabe que su dinero se aplica a los fines por lo que ¨¦l tiene m¨¢s inter¨¦s o cari?o. A que no sea el colaborar con el Estado s¨®lo una odiosa imposici¨®n sino tambi¨¦n una colaboraci¨®n fruct¨ªfera.

7.? Y sobre todo a tener una seguridad en el control del gasto; a que se le rindan cuentas claras porque es el dinero de todos los espa?oles; no del Ministerio de Hacienda. Que no se malgaste en una administraci¨®n elefanti¨¢sica y en una burocracia absentista; que los funcionarios, que tambi¨¦n son contribuyentes, se sientan responsables y administradores del dinero ajeno, de todos los ciudadanos, y que cuanto m¨¢s alto sea el nivel del servidor del Estado m¨¢s obligado se sienta a dar ejemplo, a ser cuidadoso en la administraci¨®n y justificado en el gasto, para que el contribuyente pueda sentirse orgulloso, tranquilo y obligado en conciencia al sacrificio que para ¨¦l supone pagar el impuesto.