El procesamiento del director de "Els Joglars"

LOS PACTOS de la Moncloa no se reducen a un conjunto de acuerdos para el saneamiento y reforma de la econom¨ªa. Tambi¨¦n incluyen un importante ?acuerdo sobre el programa de actuaci¨®n jur¨ªdica y pol¨ªtica? -que no firm¨® Alianza Popular-, en el que se esbozan las grandes l¨ªneas de la reforma legal del ordenamiento jur¨ªdico espa?ol para adecuarlo a los valores y las pr¨¢cticas de la sociedad democr¨¢tica.El esp¨ªritu de la actual legislaci¨®n, cuya revisi¨®n se han comprometido a llevar a cabo los grupos parlamentarios, ha sido, pues, enterrado por los pactos, pero su letra contin¨²a teniendo plena vigencia. De esta manera, durante el lapso de tiempo que transcurra entre la firma de los pactos y su efectiva instrumentaci¨®n por las Cortes, los tribunales de justicia y la Administraci¨®n se ver¨¢n obligados, ante determinados hechos, a enfrentarse con un absurdo dilema: o bien infringen o no aplican la legislaci¨®n vigente, o bien no sirven al esp¨ªritu de la reforma legal prometida y en curso.

Seguramente este es el caso del procesamiento por la autoridad militar del director de un grupo teatral, Els Joglars, acusado de injurias a las Fuerzas Armadas. En nuestra actual normativa penal y procesal este delito compete a la jurisdicci¨®n militar. Pero es cuando menos dudoso que cuando se lleve a cabo la reforma del C¨®digo de Justicia Militar, seg¨²n las directrices de los pactos de la Moncloa, hechos semejantes sean diligenciados y juzgados por ¨®rganos del propio Ej¨¦rcito.

El apartado VII del ?Acuerdo sobre el programa de actuaci¨®n jur¨ªdica y pol¨ªtica?, dedicado a la modificaci¨®n del C¨®digo de Justicia Militar, refleja el consenso de los signatarios del pacto sobre la necesidad de resolver la dualidad de tipificaciones entre el C¨®digo Penal ordinano y el de Justicia Militar; especializa a ¨¦ste en los delitos espec¨ªficamente militares, circunscribe la competencia jurisdiccional castrense por razones de lugar y de persona, y fortalece las garant¨ªas procesales y de defensa en los procedimientos de la jurisdicci¨®n militar.

Seg¨²n ese programa de reforma, las injurias a la Fuerzas Armadas proferidas por un civil const¨ªtuir¨¢n, en el futuro, un delito no espec¨ªficamenle militar. No hay excepci¨®n de lugar y de persona; y la materia penal en nada se distingue de otros delitos como por ejemplo las injurias dirigidas contra el Jefe del Estado. Por justamente elevadas que sean las penas con que han de castigarse esas injurias ser¨¢n los tribunales ordinarios los encargados de aplicarlas.

La lentitud del procedimiento legislativo de la reforma decidida ya por el Gobierno est¨¢ obligando, sin embargo, a las Fuerzas Annadas a aplicar en casos semejantes su capacidad sancionadora y sus mecanismos procesales, pensados para el universo disciplinado y jerarquizado de la organizaci¨®n militar, cosa que explica la severidad de las penas y el car¨¢cter expeditivo de los tr¨¢mites judiciales. La huelga de teatros ha que ha dado lugar el procesamiento del director de Els Joglars no debe te?irse por eso gratuitamente de colorido antimilitar, cuando el Ej¨¦rcito, una vez m¨¢s, no hace sino aplicar la legislaci¨®n vigente. Pero sin duda la autoridad judicial del propio Ej¨¦rcito sabr¨¢ encontrar la soluci¨®n adecuada para que, sin menoscabo de la penalizaci¨®n del delito, si lo hubiere, no sean las leyes castrenses, sino las comunes, las que se apliquen en este y ulteriores casos semejantes.