El nuevo cesaropapismo

LAS DECLARACIONES hechas por el arzobispo de Zaragoza sobre la Iglesia y la Constituci¨®n (v¨¦ase p¨¢gina 9 de este mismo n¨²mero) a un semanario diocesano aragon¨¦s son un nuevo motivo de meditaci¨®n para los que hayan tomado por su valor nominal los planteamientos adoptados por la Iglesia espa?ola desde hace unos pocos a?os en torno a las relaciones entre el Estado de una sociedad democr¨¢tica y la Jerarqu¨ªa eclesi¨¢stica. Don El¨ªas Yanes no pertenece al grupito ultramontano de altos dignatarios de la Iglesia que sue?an con la perpetuaci¨®n del ?nacionalcatolicismo? de la d¨¦cada de los cuarenta, ni menos, a¨²n se alinea con los cism¨¢ticos del obispo Lef¨¨bvre. Tampoco es una personalidad marginal o un simple doctrinario. Es un obispo pol¨ªtico, que realiz¨® una meritoria labor como secretario de la Conferencia Episcopal y con cuyo nombre se especula ahora para sustituir al cardenal Taranc¨®n en la presidencia. Se trata de una personalidad sumamente representativa en el seno del Episcopado.Dice monse?or Yanes que todo Estado, ?Incluso el m¨¢s democr¨¢tico?, encierra ?una peligrosa tendencia a constituirse en organizador universal de toda la vida del hombre?. Aun siendo esta una afirmaci¨®n probablemente correcta desde el punto de vista intelectual es cuando menos ambigua y perturbadora, cara a la convivencia espa?ola, si se tiene en cuenta qui¨¦n la dice y cu¨¢ndo la dice.

En la alusi¨®n global a todo Estado (?incluso el m¨¢s democr¨¢tico?) quedan difuminadas y borradas las diferencias espectaculares y sustanciales que separan a los Estados teocr¨¢ticos, dictatoriales o autoritarios, del signo que sean, de los que se esfuerzan en la protecci¨®n de las libertades individuales y los derechos c¨ªvicos frente a los abusos del poder.

Esa inevitable y general tendencia, descrita por monse?or Yanes, de los sistemas pol¨ªticos a constituirse en organizadores universales de toda la vida humana amenaza as¨ª con reducir a simples matices la abismal diferencia entre el R¨¦gimen anterior, que persegu¨ªa -es un ejemplo- a los protestantes como a delincuentes mientras colmaba de privilegios a las ¨®rdenes religiosas, y el proyecto de comunidad pol¨ªtica democr¨¢tica que se perfila ante nuestro futuro, y que el borrador de la Constituci¨®n prev¨¦.

Las reconvenciones del arzobispo de Zaragoza contra la ?reacci¨®n agresiva? de ?muchos comentaristas? y contra su utilizaci¨®n de ?adjetivos cargados de menosprecio? a prop¨®sito del documento colectivo de los obispos contra la Constituci¨®n son lamentables. No ha existido en la prensa espa?ola, ni mucho menos, un trato peyorativo en el tema, ni se ha empleado en la cr¨ªtica a la jerarqu¨ªa un tono diferente que en la cr¨ªtica al Gobierno o a otros estamentos sociales.

Por lo dem¨¢s, hemos dicho que los obispos tienen derecho a emitir su juicio sobre la Constituci¨®n, y, deben hacerlo si consideran que contribuyen a aclarar posiciones, defender intereses o a lograr el bien de todos. Pero no deben ignorar los obispos que junto a su magisterio moral sobre los fieles de la Iglesia cat¨®lica ejercen con sus opiniones una aut¨¦ntica presi¨®n pol¨ªtica sobre la comunidad civil. Tachar por eso de prejuicios anticlericales todo comentario no escrito desde la obediencia o desde la creencia cat¨®licas es querer una vez m¨¢s trasladar la convicci¨®n ¨ªntima del cat¨®lico al plano de las relaciones temporales entre los hombres.

Las declaraciones del arzobispo de Zaragoza tienen, detr¨¢s de esas disgresiones doctrinales, un objetivo concreto: mostrar su desacuerdo con el art¨ªculo 16 del anteproyecto de Constituci¨®n, en especial al p¨¢rrafo 3. La sola referencia a las ?creencias religiosas de la sociedad espa?ola? y la falta de alusi¨®n expl¨ªcita a la Iglesia cat¨®lica como organizaci¨®n de un amplio sector de tales creencias despierta en monse?or Yanes temores de que el Estado se limite en el futuro a mantener relaciones de cooperaci¨®n ¨²nicamente con las creencias (?o con alg¨²n otro ente que no conocemos?, a?ade con cierto tono de sarcasmo) y no con ?la realidad social e institucional de la Iglesia cat¨®lica?. El prelado sugiere dos explicaciones alternativas para esa omisi¨®n de la ponencia constitucional. La primera es puramente ret¨®rica: la ausencia se deber¨ªa a ?que la Iglesia, si existe, es una realidad que no cuenta para nada?. Pero la segunda ser¨ªa que la Iglesia ?es una parte de la sociedad espa?ola que cae bajo la soberan¨ªa del Estado?, de forma tal que ?lo ¨²nico que cuenta son las creencias subjetivas de los espa?oles?. Con toda claridad es preciso decir que dentro de las fronteras de una naci¨®n resulta dif¨ªcil admitir efectivamente la existencia de otra soberan¨ªa en competencia con la del Estado; y que a un Poder democr¨¢tico lo ¨²nico que cabe exig¨ªrsele es que respete los derechos civiles y pol¨ªticos de sus s¨²bditos, bien sea ejercidos en forma individual, bien sea defendidos de forma colectiva. Que la Iglesia espa?ola es una ?realidad social e institucional? a nadie se le escapa; que tiene derechos institucionales derivados de los que corresponden colectivamente a sus fieles en aquellos terrenos que no resulten conflictivos con el resto de los ciudadanos tambi¨¦n parece claro. Pero esgrimir privilegios corporativos hasta el punto de considerarse exenta de los deberes que, como persona jur¨ªdica, le se?ala el Estado nos retrotrae casi hasta la guerra de las Investiduras. Bajo la soberan¨ªa del Estado espa?ol est¨¢n todos los espa?oles, monse?or Yanes. Incluso los obispos.