Dos tercios de la poblaci¨®n espa?ola, a favor de la despenalizaci¨®n de los anticonceptivos

El dato de que s¨®lo el 50% de los espa?oles es favorable a la despenalizaci¨®n de los delitos de adulterio y amancebamiento parece bajo, ya que el proyecto de ley remitido por el Gobierno a las Cortes el pasado 10 de noviembre, en el que se planteaba la despenalizaci¨®n de los citados delitos, justificaba dicha intenci¨®n en la escasa trascendencia social que tienen actualmente, seg¨²n recordaba ayer en este peri¨®dico el jurista Pedro Luis Y¨¢?ez, profesor de la Universidad Aut¨®noma de Madrid. Al margen de los subterfugios empleados por el Gobierno -pretende despenalizar el adulterio y el amancebamiento pero remite los casos verdaderamente intolerables a otros lugares del C¨®digo Penal, donde pueden ser sancionados como delitos de esc¨¢ndalo p¨²blico y abandono de familia- el Gobierno fundamentaba tambi¨¦n su propuesta ?en la reducida cifra de intervenci¨®n de los ¨®rganos jurisdiccionales penales en delitos que, como ¨¦stos, son perseguibles tan s¨®lo en virtud de querella del c¨®nyuge agraviado? y ?por motivos que no dejan en muchas ocasiones bien parada la imagen de la justicia?, seg¨²n se?alaba el profesor Y¨¢?ez.La encuesta de Efe apunta tambi¨¦n que, tanto en la liberalizaci¨®n del uso de anticonceptivos como en la despenalizaci¨®n del adulterio y del amancebamiento, las mujeres se muestran m¨¢s reacias a estas medidas: un 60,7% de las mujeres est¨¢ a favor de la primera de las cuestiones, mientras que el porcentaje favorable a despenalizar el adulterio y amancebamiento baja entre ellas a un 49,5%. Las cifras entre los hombres son de un 52,8% y un 46,3 % a favor de ambas cuestiones, respectivamente.

En ambos casos, las respuestas afirmativas crecen a medida que disminuye la edad. Atendiendo al habitat -sigue la agencia-, el mayor n¨²mero de respuestas favorables a la liberalizaci¨®n del uso de anticonceptivos se produce en ciudades con una poblaci¨®n comprendida entre treinta y 50.000 habitantes. Por el contrario, son las ciudades de m¨¢s de 100.000 habitantes las que registran un mayor porcentaje de respuestas afirmativas con respecto a la despenalizaci¨®n del adulterio y del amancebamiento.

Los anticonceptivos y el nivel moral

Tambi¨¦n en cuestiones de tipo moral las mujeres se muestran m¨¢s tradicionales que los hombres. A la pregunta de si el uso de anticonceptivos rebaja el nivel moral de la sociedad, un 40,5% de los encuestados cree que s¨ª -un 43,7% de las mujeres y un 51,8% de los hombres. En este caso, las ciudades entre veinte y 30.000 habitantes son las m¨¢s moralistas, ya que el 51,8% de sus habitantes considera que el uso de anticonceptivos rebaja la moral.La encuesta trata tambi¨¦n de sondear a qui¨¦n se considera que debe permitirse el uso de anticonceptivos. Un 15,5% cree que s¨®lo a las mujeres casadas; un 38% a casadas y solteras y un 40,5% piensa que debe permitirse su uso s¨®lo en casos especiales y bajo prescripci¨®n m¨¦dica. Con respecto a la posibilidad de vender los anticonceptivos con receta m¨¦dica o libremente, el 65,4% de los encuestados se inclina a favor de la primera posibilidad, mientras que un 28,5% es partidario de la venta libre.

El pasado mes de junio se hac¨ªan p¨²blicos los datos de una encuesta subvencionada por la Seguridad Social seg¨²n la cual m¨¢s del 70% de la poblaci¨®n femenina espa?ola usa alg¨²n m¨¦todo anticonceptivo. La encuesta fue realizada entre 1.350 mujeres por tres m¨¦dicos de Zaragoza, quienes pidieron que en la preparaci¨®n de un Plan Nacional de Planificaci¨®n Familiar intervinieran todos los estamentos afectados. De su encuesta y de otras similares se desprend¨ªa que la planificaci¨®n familiar es ya una realidad social en Espa?a y que, como consecuencia, deben abolirse los art¨ªculos del C¨®digo Penal que condenan la difusi¨®n y venta de anticonceptivos e iniciar una amplia campa?a de educaci¨®n e informaci¨®n sexual. Este es un tema reivindicado constantemente por todos los grupos feministas y por muchos movimientos sociales y ciudadanos y lleg¨® a ser presentado el pasado mes de septiembre ante el Congreso por el grupo socialista, junto con las propuestas, precisamente, de la derogaci¨®n de los art¨ªculos 449 a 452 del C¨®digo Penal, que tratan sobre adulterio y amancebamiento.

Las feministas han venido tambi¨¦n reivindicando que los anticonceptivos sean libres y gratuitos, costeados por la Seguridad Social. A este respecto, once grupos feministas integrados en la Plataforma de Mujeres de Madrid criticaron duramente una carta enviada por el doctor Manuel Castresana, director del Instituto Nacional de Previsi¨®n, a los m¨¦dicos de la Seguridad Social, el pasado mes de marzo, dici¨¦ndoles que ?las consultas de ginecolog¨ªa no est¨¢n autorizadas por la ley ni por la superioridad? -los subrayados eran suyos- para solucionar problemas sobre planificaci¨®n familiar, por lo que no pod¨ªan remitir a los especialistas a mujeres que quisieran s¨®lo controlar su posible gestaci¨®n. El Instituto Nacional de Previsi¨®n, ante diversas protestas, entre ellas la de la Plataforma de Mujeres, hizo p¨²blica una nota diciendo que el doctor Castresana era s¨®lo director del ambulatorio de la avenida de Portugal, en Madrid, y que el acuerdo anterior lo hab¨ªa tomado la junta facultativa de dicho ambulatorio. La Federaci¨®n de Trabajadores de la Sanidad de la UGT de Madrid denunciaba c¨®mo el INP atentaba contra la libertad de la mujer trabajadora, que contribuye a financiar al citado organismo, oblig¨¢ndola a acudir a la medicina privada para conseguir anticonceptivos.