Las retribuciones de los funcionarios del Estado

CUANDO UN senador interpel¨® -precisamente el d¨ªa de los Inocentes- al ministro de Hacienda sobre los sueldos reales de los altos cargos pol¨ªticos de la Administraci¨®n del Estado, estaba realizando un gesto que pretend¨ªa ser taumat¨²rgico, pero que, en realidad, constitu¨ªa una ingenuidad. Ingenuidad porque brindaba al ministro una oportunidad de hacer gala de austeridad entre los gobernantes y, sobre todo, porque ignoraba que el verdadero problema no reside en la remuneraci¨®n de ese escaso grupo de altos cargos, sino en la irritante desigualdad e injusticia que todav¨ªa sigue caracterizando la estructura general de las remuneraciones de los cientos de miles de funcionarios civiles y militares del Estado.Esas remuneraciones se basan en la ley de Retribuciones, aprobada en 1965, cuyos rasgos m¨¢s caracter¨ªsticos son los siguientes: el funcionario cobra como retribuci¨®n b¨¢sica una porci¨®n relativamente peque?a de su sueldo efectivo, lo cual no s¨®lo originar¨¢ unas pensiones rid¨ªculas cuando le llegue la hora del retiro, sino que los complementos adquieren una importancia desmedida. Estos introducen as¨ª un elemento de arbitrariedad en las percepciones reales del funcionario, pues su fijaci¨®n depende de una Junta Central de Retribuciones en cuya composici¨®n suelen predominar los grandes cuerpos de la Administraci¨®n que, l¨®gicamente, tienden a imprimir un sesgo elitista a sus decisiones. M¨¢s todav¨ªa si, como sucede en la actualidad, no est¨¢n sometidas a control y publicidad algunos.

Poco antes de las elecciones generales, el primer Gobierno Su¨¢rez aprob¨® un real decreto-ley que conten¨ªa dos medidas indudablemente acertadas: primero, reduc¨ªa a cinco la gama de coeficientes utilizados para fijar los sueldos de los funcionarios, estableciendo de esta forma una correspondencia clara con los grados de titulaci¨®n acad¨¦mica vigentes en Espa?a, y segundo, fijaba unos nuevos sueldos-base -lo cual es positivo a efectos pasivos- de mayor cuant¨ªa relativa frente a las retribuciones complementarias. Pero a cambio de todo ello, la mencionada disposici¨®n legal supuso un refrendo a la pol¨ªtica discriminatoria vigente en materia de retribuciones a los funcionarios.

Con independencia de los nuevos sueldos para funcionarios, el r¨¦gimen aprobado por el Congreso de Diputados e incorporado en los art¨ªculos 8 y siguientes de la ley general de Presupuestos, supone otorgar un cheque en blanco al Ministerio de Hacienda por cuanto en ¨¦l se delega el desarrollo del nuevo sistema. La gran masa del funcionariado teme, y no le faltan precedentes hist¨®ricos que citar, que esta delegaci¨®n de competencias no produzca los resultados m¨¢s justos. Esa sospecha se acrecienta al observar que sigue existiendo el r¨¦gimen de complementos, que nada se dice respecto al porcentaje que los mismos puedan suponer sobre la remuneraci¨®n efectiva del funcionariado, ni tampoco se regula la aplicaci¨®n de los incentivos, destinos, dedicaciones y restantes conceptos que a veces engrosan sustancialmente el sobre del servidor del Estado. Por ¨²ltimo, la aplicaci¨®n concreta de las retribuciones sigue dependiendo de las Juntas Centrales de Retribuciones.

El resultado de esta soluci¨®n incompleta al tema de las retribuciones de los funcionarios es la creaci¨®n de un foco potencial de conflictos en una zona tan sensible como es la Administraci¨®n del Estado. El esquema corresponde perfectamente a la t¨¢ctica cada vez m¨¢s utilizada por el Gobierno Su¨¢rez para resolver problemas inc¨®modos: ocultar el polvo debajo de la alfombra.

El Congreso de Diputados est¨¢ obligado a dar car¨¢cter prioritario a la tarea de ordenar y clarificar el estatuto vigente de la funci¨®n p¨²blica; introduciendo criterios de equidad y publicidad en sus escalas remunerativas, acabando con los privilegios de los cuerpos elitistas de la Administraci¨®n, ordenando sus sistemas de horarios de trabajo en aras a una mayor racionalizaci¨®n del mismo y exigiendo la dedicaci¨®n que los funcionarios deben al servicio del Estado. Un pa¨ªs democr¨¢tico no puede seguir funcionando con una Administraci¨®n injustamente remunerada, poco profesionalizada, excesivamente numerosa y escasamente eficaz.