Elecciones municipales, ya

EL SOLEMNE compromiso del segundo Gobierno Su¨¢rez, contra¨ªdo por propia voluntad, de convocar las elecciones municipales antes de que concluyera 1977 ha sido incumplido. Las declaraciones de los l¨ªderes y portavoces de UCD han sido, a lo largo de los ¨²ltimos meses, lo suficientemente vagas y contradictorias como para borrar todos los rastros que pudieran permitir hacerse una idea cabal de los verdaderos prop¨®sitos al respecto del partido que ocupa el poder ejecutivo y tiene el control de las Cortes. Tampoco la actitud del resto de los grupos parlamentarios acerca de esa crucial cuesti¨®n ha sido expuesta con la claridad y rotundidad que el respeto a sus electores exig¨ªa. Para sorpresa de todos, los pactos de la Moncloa, que cubren un ampl¨ªsimo espectro de cuestiones econ¨®micas y pol¨ªticas, no incluyeron la menor alusi¨®n a la forma de realizar esa convocatoria ni a la fecha de celebraci¨®n de los comicios. La sospecha de que las direcciones de los partidos hab¨ªan llegado a acuerdos expl¨ªcitos o a componendas impl¨ªcitas para aplazar las elecciones municipales hasta despu¨¦s del refer¨¦ndum constitucional (e incluso de las segundas elecciones generales parlamentarias) ten¨ªa bases lo suficientemente s¨®lidas como para resistir ante los d¨¦biles y cautos desmentidos de las oficinas de prensa de los partidos. Sin embargo, la reciente declaraci¨®n de la Comisi¨®n Ejecutiva del PSOE exigiendo la celebraci¨®n de las elecciones municipales dentro del primer trimestre de 1978, aclara cuando menos la posici¨®n de la segunda fuerza pol¨ªtica del pa¨ªs. Pertenece al secreto del sumario la raz¨®n de la anterior tibieza y flojera de los socialistas, que prefirieron hasta ahora centrar su atenci¨®n en otras cuestiones y que olvidaron incluir en el orden del d¨ªa de las conversaciones de la Moncloa la urgencia de la renovaci¨®n democr¨¢tica de la Administraci¨®n local. Las pr¨®ximas semanas aclarar¨¢n, tambi¨¦n, si la declaraci¨®n del PSOE es un simple gesto destinado a salvar las apariencias o si el partido de Felipe Gonz¨¢lez est¨¢ resuelto a llevar hasta las ¨²ltimas consecuencias l¨®gicas su postura; pues en sus manos est¨¢n los instrumentos de presi¨®n necesarios para arrancar del Gobierno la convocatoria, y de las Cortes la aprobaci¨®n urgente del proyecto de ley enviado por el Ministerio del Interior para su regulaci¨®n.

Ahora les corresponde el turno de r¨¦plica a las dem¨¢s formaciones pol¨ªticas con representaci¨®n parlamentaria. Aunque parece interesada en la r¨¢pida celebraci¨®n de las elecciones municipales, Alianza Popular no ha puesto ¨¦nfasis excesivo en el asunto. En cuanto al PCE, Santiago Carrillo, en la conferencia de prensa del pasado 10 de diciembre, sembr¨® el desconcierto en las filas de su propia organizaci¨®n al mostrarse favorable al aplazamiento de la convocatoria hasta despu¨¦s del refer¨¦ndum constitucional, pese a que, hasta ese momento, la posici¨®n oficial de los comunistas era urgir su celebraci¨®n.

Pero la actitud de los dos grupos que cubren las alas opuestas del arco constitucional no es decisiva. Lo importante, ahora, es que el partido del Gobierno se pronuncie claramente, sin circunloquios ni vaguedades, sobre las elecciones municipales. Si UCD y PSOE se pusieran de acuerdo, los comicios para la renovaci¨®n democr¨¢tica de la vida local podr¨ªan llevarse a cabo a finales de marzo o comienzos de abril. No hay obst¨¢culos t¨¦cnicos ni legales que no sean salvables por la voluntad combinada de los dos grandes partidos. El PSOE se ha pronunciado ya de forma rotunda en favor de una r¨¢pida convocatoria; la ¨²nica duda es si los socialistas quieren librar de verdad una batalla pol¨ªtica o si, convencidos de la inevitabilidad de una demora a la que contribuyeron hasta el momento con su absentismo, desean tan s¨®lo guardar las formas, y est¨¢n dispuestos de antemano a resignarse ante el hecho consumado. En cualquier caso, la responsabilidad ¨²ltima del aplazamiento recae, ahora, sobre el Gobierno. Tal vez existan razones de ?alta pol¨ªtica?, ignoradas por la baja ciudadan¨ªa, que aconsejen la postergaci¨®n de la convocatoria municipal. Pero es mucho m¨¢s probable que la explicaci¨®n de la demora haya que buscarla en los intereses electorales de los partidos. No hay por qu¨¦ contraponer la renovaci¨®n democr¨¢tica de los ayuntamientos y las diputaciones con el proceso de elaboraci¨®n y aprobaci¨®n de la Constituci¨®n. Se trata de un falso dilema. Es muy importante que la Monarqu¨ªa parlamentaria espa?ola vea reguladas sus instituciones en una carta constitucional coherente. Pero tambi¨¦n lo es que la Administraci¨®n local, en manos todav¨ªa de personas designadas por el franquismo, pase a ser regida por alcaldes y concejales libremente elegidos. La consolidaci¨®n de la democracia espa?ola s¨®lo ser¨¢ posible mediante la eliminaci¨®n del autoritarismo y la corrupci¨®n en. la vida provincial y municipal. Un parlamento elegido por sufragio universal no puede coexistir con ayuntamientos y diputaciones designados mediante procedimientos autoritarios. Los diputados y senadores son, ciertamente, los representantes de la soberan¨ªa popular; pero mostrar¨ªan un desconcertante menosprecio hacia ¨¦sta si permitieran que miles de aldeas, pueblos y ciudades espa?olas, siguieran gobernados por los hombres del antiguo R¨¦gimen.

Finalmente, los reg¨ªmenes provisionales de autonom¨ªa no ser¨¢n m¨¢s que una piadosa ficci¨®n en tanto que los ayuntamientos y las diputaciones no sean ocupados por los representantes de la voluntad popular. El indudable avance que han significado los estatutos preauton¨®micos de Catalu?a y el Pa¨ªs Vasco obliga al Gobierno, para no ser acusado de inconsecuente, a llevar a cabo, antes del refer¨¦ndum constitucional y en el m¨¢s breve plazo, la renovaci¨®n democr¨¢tica de los municipios, sobre los que descansan en definitiva las instituciones de autogobierno.