Ocupaciones de viviendas, resultado de una crisis permanente / 1

Arquitecto, RAIMUNDO ANDRES, Ingeniero de Caminos, ANGEL CALONGE, EconomistaSeg¨²n un informe oficial del Ministerio de Obras P¨²blicas y Urbanismo del mes pasado existen en Espa?a un total de 1.745 viviendas ocupadas ilegalmente. En este informe se reconocen las causas de las ocupaciones de viviendas: el fuerte d¨¦ficit de las mismas y la existencia de viviendas oficiales vac¨ªas o adjudicadas indebidamente. Respecto al d¨¦ficit, la pol¨ªtica del Ministerio est¨¢ empeorando la situaci¨®n, pues el Plan de Viviendas Sociales queda fuera de las posibilidades de las familias modestas y, por otro lado, los promotores se han desinteresado por el mismo. En cuanto a la existencia de viviendas oficiales vac¨ªas, ya desde el verano del 76 se hablaba en las altas esferas oficiales de expedientes expropiatorios urgentes, de los que no se sabe nada a¨²n.

Hay que decir que si el Ministerio ha hecho r¨¢pidamente un censo de las viviendas ocupadas, no ha hecho gran cosa, en cambio, por conocer la situaci¨®n de las viviendas vac¨ªas o mal adjudicadas. Las ocupaciones de viviendas son una reclamaci¨®n urgente de capas marginadas de un desarrollo en el que el desequilibrio y la injusticia social han sido la norma. Asombra, en esta situaci¨®n, la postura de la Obra Sindical del Hogar, cuando dice en El Correo de la Construcci¨®n del 28 de octubre cosas como esta: ?Es posible que alg¨²n responsable de otorgarlas haya cometido alguna injusticia, considerando que alguna persona que conoc¨ªa pudiera estar m¨¢s necesitada que otra.?

Antes de entrar en el tema de las ocupaciones vamos a tratar las causas m¨¢s significativas del problema del alojamiento, principalmente en las grandes ¨¢reas metropolitanas.

Los movimientos migratorios han convulsionado todo el pa¨ªs, emigrando -s¨®lo en la d¨¦cada 60/70- a las ciudades cuatro millones de personas. La remodelaci¨®n continua en las grandes ciudades da lugar a una disputa de cada palmo del -espacio por los grupos de capital, lo que supone operaciones de derribo de la edificaci¨®n y la expulsi¨®n de los habitantes de estas ¨¢reas, que se puedan, a cambio, sin vivienda. El abandono progresivo de los cascos antiguos convertidos en lugares insalubres o en estado de ruina, cuando no son rentables para el capital privado. La quiebra del modelo de consumo. Despu¨¦s de un per¨ªodo de desarrollo basado en el consumo popular, la aparici¨®n de la crisis econ¨®mica, en la actualidad, cierra la posibilidad del acceso a la propiedad a muchas familias trabajadoras. El precio de una vivienda social de 76 metros cuadrados en Madrid es de 1.854.445 pesetas (BOE; 5 de noviembre). La pol¨ªtica del Gobierno actual. Se trata de dejar el problema en manos de los promotores privados, facilitando el Estado la liberalizaci¨®n y comercializaci¨®n del ?producto?. Como declaraba al Diario 16 el economista Joan Rafols, del Ministerio de Obras P¨²blicas y Urbanismo: ?Nos encontramos en octubre de 1977 sin que exista una sola vivienda social, ni siquiera una en contrucci¨®n.? Pero es que, adem¨¢s, un plan de viviendas sociales que son peque?as, caras y de dudosa calidad ha sido rechazado en los barrios en que ha sido ofrecido, como Orcasur, Vallecas, barrio Bilbao, etc¨¦tera, por calificarlo de viviendas anti-pueblo.

Si tenemos en cuenta que el Ministerio parece haber renunciado expresamente a la promoci¨®n directa, es evidente que el d¨¦ficit est¨¢ aumentando cada d¨ªa.

El pacto de la Moncloa es un intento de crear un clima de confianza para facilitar las inversiones del capital en el sector vivienda, confirmando la pol¨ªtica de la UCD. Si nos referimos a las contrapartidas o ventajas de que habla la izquierda parlamentaria, como que ?el plusvalor pertenece a la colectividad? o que ?el sector p¨²blico debe asumir un papel principal?, recordamos aqu¨ª que ya en 1956, cuando se aprob¨® la ley del Suelo, se indicaba que ?el suelo necesario para la expansi¨®n de las poblaciones fuera de propiedad p¨²blica?.

Lo que s¨ª se concreta en el pacto son las desventajas. Si tenemos en cuenta la congelaci¨®n salarial establecida (22%), por debajo del incremento del coste de la vida (30%) y la subida trimestral del precio de las viviendas, unido a las medidas liberalizadoras de producci¨®n y comercializaci¨®n, podemos decir que las viviendas sociales van a ir a parar a las capas sociales en ascenso y a la crema de la clase obrera, en un intento de recomponer la base social de apoyo a los nuevos grupos del poder pol¨ªtico, quedando fuera del alcance de la mayor¨ªa de los trabajadores y poblaci¨®n pasiva.

En cuanto a las viviendas oficiales vac¨ªas, se habla de adopci¨®n de medidas eficaces o la investigaci¨®n urgente del tema. Pero ?qu¨¦ ocurre de la iniciaci¨®n de expedientes urgentes de expropiaci¨®n de las viviendas mal adjudicadas de que hablaba el director general en el verano del 76? ?Y de la ley de Expropiaci¨®n del 1 de abril de este a?o, saludada calurosamente en las Cortes? Nada se sabe por ahora.

Los cupos de reserva establecidos en la Obra Sindical del Hogar se repart¨ªan de la siguiente forma: 30 % para afiliados a entidades de la CNS, 20% para funcionarios sindicales del Ministerio, 10% para ex combatientes y vieja guardia. Asimismo, tanto el director general de la Vivienda como el propio ministro ten¨ªan sus propios cupos de reserva en las promociones del INV, un 10%.

La existencia de viviendas privadas vac¨ªa es consecuencia de una demanda de vivienda, en continuo ascenso en las grandes ciudades; las inversiones en el sector han contado con una alta rentabilidad asegurada, lo que ha hecho que propietarios y promotores retengan suelo o vivienda para obtener unos beneficios especulativos. En general, ha ocurrido que, a mayor grado de concentraci¨®n de poblaci¨®n, mayor n¨²mero de viviendas vac¨ªas.

Los antecedentes de la ocupaci¨®n de viviendas se encuentran en los asentamientos de las familias provenientes del campo en busca de empleo que tuvieron que resolver por s¨ª mismas su problema de alojamiento mediante la ocupaci¨®n ilegal del suelo, construyendo sus viviendas en funci¨®n de los recursos de que dispon¨ªan: chabolas suburbios autoconstruidos.

Aunque en los comienzos se tomaron una serie de medidas para impedir la emigraci¨®n a las ciudades, lleg¨¢ndose a prohibir en 1957, la necesidad de mano de obra abundante y barata hizo que la administraci¨®n adoptara una actitud tolerante, si bien reforz¨® el control policial sobre estos n¨²cleos, cercados y marginados de la ciudad. A sus reiteradas peticiones de realojamiento en nuevas viviendas de promoci¨®n p¨²blica, se ha hecho o¨ªdos sordos.