Comparecer ante el pueblo

RESULTA PEREGRINO que una interpretaci¨®n restrictiva del Reglamento provisional del Congreso pueda ser alegada para incumplir un acuerdo de una de sus comisiones. Nos referimos a la resoluci¨®n aprobada por la de Relaciones Exteriores que ha dispuesto la comparecencia de un ex presidente del Gobierno, varios ex ministros y altos funcionarios para informar sobre el tema del proceso de descolonizaci¨®n del Sahara occidental. Pues ahora se alega, en fuentes m¨¢s o menos oficiosas, que el Reglamento provisional no contiene precepto legal alguno que establezca la obligatoriedad de comparecer a estos requerimientos del Congreso.Este argumento se basa en la inexistencia de precepto que obligue a comparecer a las personas actualmente convocada: los se?ores Arias Navarro, Carro Mart¨ªnez, Sol¨ªs Ruiz, Cortin Mauri y Areilza un ex presidente del Gobierno y el resto ex ministros, as¨ª como otros altos funcionarios civiles y militares que, por los puestos que ocuparon a finales de 1975 y comienzos de 1976, tuvieron conocimiento pr¨®ximo y responsabilidad del proceso descolonizador del Sahara. Resulta irrisoria la argumentaci¨®n, ya que el art¨ªculo 34 de dicho Reglamento provisional, en su p¨¢rrafo segundo, establece que la ?Comisi¨®n podr¨¢ requerir la presencia de autoridades y funcionarios p¨²blicos que sean competentes por raz¨®n d¨¦ la materia objeto de debate, al solo efecto de informar sobre los extremos que les fueran consultados?. ?ste requerimiento, eso s¨ª, deber¨¢ hacerse a trav¨¦s del presidente del Congreso, del que cabe esperar la pronta asunci¨®n de este deber.

Si, por tanto, la Comisi¨®n puede convocar a ?autoridades y altos funcionarios?, cabe deducir por extensi¨®n que con mayor motivo podr¨¢ hacerlo con aquellos que lo han sido, y, en definitiva, con cualquier ciudadano. M¨¢s a¨²n, hay que tener en cuenta que varios de los convocados son en la actualidad altos funcionarios. Y que en resumidas cuentas no se trata de una comisi¨®n de investigaci¨®n parlamentaria que vaya a investigar un tema concreto, sino de una comisi¨®n normal, establecida y de funcionamiento habitual dentro de las tareal del Parlamento,

El tema del Sahara occidental, no est¨¢ terminado, como ha se?alado el propio ministro de Asuntos Exteriores, se?or Oreja. No lo estar¨¢ hasta que la poblaci¨®n saharaui haya ejercido su derecho elemental de pronunciarse sobre su futuro pol¨ªtico. Consulta que ha sido reconocida Por las Naciones Unidas y por la propia Espa?a antes de abandonar el territorio a la Administraci¨®n conjunta de Marruecos y Mauritania. Es evidente que este abandono y la firma de los llamados ?acuerdos de Madrid? provocan cierto malestar en la clase pol¨ªtica espa?ola, pues se produjo en una etapa crucial de nuestra historia. La firma de los acuerdos se efectu¨® seis d¨ªas antes de la muerte del general Franco, que ya llevaba largas semanas en agon¨ªa, y la retirada espa?ola se consum¨® poco m¨¢s de tres meses despu¨¦s. Los altos dignatarios convocados pertenecen al ¨²ltimo Gobierno del general Franco y al primero de la Monarqu¨ªa, y estuvieron en pleno centro de un problema del cual el pueblo espa?ol todav¨ªa no parece haber sido informado en su totalidad.

S¨®lo una informaci¨®n completa y p¨²blica puede establecer las bases para un perfecto conocimiento del problema, fundamental para la adopci¨®n de una pol¨ªtica exterior que coopere en la pacificaci¨®n de uno de los conflictos m¨¢s graves existentes hoy en el mundo.

La convocatoria de la comisi¨®n es, por tanto, la del pueblo. Y las personalidades requeridas ni deben ni pueden hurtarse a ella, han de responder a la demanda de los representantes del pueblo que quieren conocer con exactitud un problema acuciante. Tanta es esa necesidad que hasta se ha quebrado por primera vez la disciplina del partido gubernamental, y las exigencias morales de cuatro de sus miembros les han llevado a votar con la Oposici¨®n.

Ya sabemos que muchos temer¨¢n que las declaraciones de Carlos Arias, por ejemplo, puedan convertirse en el inicio de una televisi¨®n de responsabilidades pol¨ªticas. No creemos que ese sea el ¨¢nimo de los diputados que requieren su presencia. Tambi¨¦n el se?or Arias ha sido amnistiado. Pero el perd¨®n de sus errores y torpezas no le exime de la obligaci¨®n de informar debidamente a los representantes del pueblo espa?ol de unos hechos que hoy y ahora amenazan con poner en peligro la seguridad nacional. Ocultarse en el actual Reglamento de Cortes, que le favorece, para no declarar ser¨ªa toda una mezquindad.