Cuatrocientos vecinos de Aluche se querellan contra la constructora de sus viviendas

M¨¢s de cuatrocientos vecinos residentes en la calle Quero, en Aluche -a¨²n no se conoce el n¨²mero exacto de afectados-, interpusieron el d¨ªa 24 de este mes una querella criminal contra tres de los directivos de Maor, SA, empresa constructora de sus viviendas, acus¨¢ndoles de una supuesta estafa por valor de 110 millones de pesetas. Seg¨²n la querella, Javier Castarlenas y Antonio Coca, como administradores, y Angel Luis Encinas, como representante de la empresa en la firma de las escrituras de propiedad, ocultaron a los compradores la existencia de una hipoteca contra¨ªda con la caja de ahorros por el valor indicado anteriormente, en pesetas de 1970, fecha en la que se efectu¨® la operaci¨®n.

La empresa pag¨® las cuotas semestrales hasta el a?o 76. La hipoteca concluye en 1980, por le que restan de pagar unos cincuenta millones. La caja de ahorros avis¨® entonces a los propietarios de los pisos -muchos de ellos hab¨ªan terminado totalmente de pagarlos- de la deuda pendiente, y les inst¨® por v¨ªa de apremio a hacerse cargo de la misma. La ley permite a la caja sacar las viviendas a subasta en un plazo muy r¨¢pido, apenas de dos meses, aunque, por ahora, ha paralizado las actuaciones.En una rueda de prensa convocada el viernes por los afectados, se explicaron los principales aspectos de la situaci¨®n. El delito de mayor trascendencia de que se acusa a los directivos de la empresa es de falsedad de documento p¨²blico, ya que tanto en el contrato de compra-venta como en la escritura p¨²blica de propiedad, las viviendas figuran como libres de cargas. Se da lacircunstancia de que uno de los acusados, Francisco Javier Castarlenas, estuvo ya procesado hace varios a?os por motivos similares.

El fundador y principal accionista de Maor fue Florentino Mart¨ªnez, persona conocida como uno de los mayores propietarios de suelo de toda la zona sur de Madrid. Actualmente se desconoce si contin¨²a ligado a la sociedad. En 1968 entr¨® como administrador Antonio Coca, apoderado al mismo tiempo de Coca Construcciones, SA. En 1970 se contrajeron las hipotecas, y en 1972 se comenzaron a otorgar las escrituras p¨²blicas, firmando en nombre de la empresa el tercer encausado, Angel Luis Encinas.

Seg¨²n explic¨® el abogado de los denunciantes, apoyados por la Asociaci¨®n de Vecinos de Aluche, al interponer la querella se pidi¨® la detenci¨®n de todos ellos, por dos razones. Primero, porqueno todas las operaciones de la empresa figuran en el registro mercantil, por lo que su declaraci¨®n podr¨ªa alumbrar nuevas responsabilidades. Segundo, porque si estas personas, en caso de ser consideradas como culpables, hubieran tenido tiempo antes de desembarazarse de sus bienes personales, no podr¨ªan responder al pago de la deuda, y es muy posible que a¨²n as¨ª tuvieran que ser los vecinos quienes pagaran los casi cincuenta millones que quedan pendientes.

En la rueda de prensa se puso de manifiesto el deficiente marco legal que permite realizar este tipo de acciones irregulares, ante las que los compradores se encuentran casi desarmados. Se record¨® que el famoso caso de Nueva Esperanza ocurri¨® en 1967, por lo que la Administraci¨®n ha tenido tiempo suficiente de adoptar medidas legales que evitaran ulteriores repeticiones.

Se hizo hincapi¨¦ asimismo en que ni la caja de ahorros se preocup¨® de constatar si los vecinos conoc¨ªan la solicitud de la hipoteca, antes de otorgarla, ni el funcionario del registro avis¨® de la contradicci¨®n de que unos pisos que ¨¦l anot¨® como libres de cargas, estuvieran hipotecados. Aunque la ley no les obliga espec¨ªficamente a hacerlo, una intervenci¨®n de buena voluntad en este sentido hubiera evitado el suceso.