"Es prematuro hablar de derogaci¨®n total de la ley de Peligrosidad Social"

?Es prematuro hablar de la derogaci¨®n total de la ley de Peligrosidad Social?, ha dicho el subsecretario del Ministerio de Justicia, Juan Antonio Ortega D¨ªaz-Ambrona, en estas declaraciones a EL PA?S. Lo que UCD piensa hacer es tratar de traspasar a las ¨¢reas asistenciales supuestos delictivos que ahora quedan bajo el marco de aquella ley. Por otro lado, el subsecretario de Justicia afirma que la reciente decisi¨®n parlamentaria sobre la petici¨®n de indulto general podr¨ªa suponer una clarificaci¨®n del tema de cara a los reclusos. En la conversaci¨®n que ha mantenido con Juan Cruz Ruiz, el se?or Ortega D¨ªaz-Ambrona reconoce tambi¨¦n que la situaci¨®n financiera del Ministerio al que pertenece ha impedido una mejora de la situaci¨®n carcelaria y, en general, de la normal administraci¨®n de la justicia.

El subsecretario de Justicia, Juan Antonio Ortega D¨ªaz-Ambrona, no sabe ?c¨®mo van a recibir los presos la decisi¨®n parlamentaria de desestimar la proposici¨®n de ley de indulto general. Al haber sido rechazada por una mayor¨ªa tan aplastante, tendr¨¢n conciencia de que el tema est¨¢ zanjado y clarificado por el momento?.La situaci¨®n en las c¨¢rceles se va a resolver, dice el subsecretario, que reconoce las dificultades que tiene el Ministerio al que pertenece para aplicar medidas amplias y consideradas a largo plazo mientras se suceden los motines en las prisiones.

?En todo caso, van a adoptarse las medidas adecuadas. Nos enfrentamos a tesis contrapuestas. Hay sectores que ante los motines nos han acusado de seguir una pol¨ªtica blanda y piden medidas dr¨¢sticas para conseguir una aparente pacificaci¨®n inmediata, que dejar¨ªan intacto el problema. Enfrente est¨¢n los que propugnan el indulto total, que tampoco remediar¨ªa el problema, sino que lo trasladar¨ªa.?

Ante esas posturas, ?el Ministerio ha preparado una serie de medidas legislativas y prelegislativas. Las inmediatas son los proyectos de revisi¨®n de las cuant¨ªas, en avanzado tr¨¢mite en las Cortes, que acabar¨ªan posibilitando indultos parciales y aquellas de tipo estrictamente penitenciario como la reclasificaci¨®n de la poblaci¨®n reclusa, con posible impacto en las libertades condicionales?.

En la nueva ley general penitenciaria, cuya ¨²ltima fase de estudios se est¨¢ elaborando ahora y cuyo texto podr¨ªa estar listo el 15 de mayo pr¨®ximo, participan, ?adem¨¢s de las autoridades del Ministerio de Justicia, todos los sectores implicados en el problema: expertos en leyes penales, ex presos, familiares de presos, etc¨¦tera. Se van a estudiar los edificios, los distintos cuerpos penitenciarios, la administraci¨®n penitenciaria, el proceso que se sigue desde la prevenci¨®n del delito hasta el tratamiento del delincuente y el tema poscarcelario?.

Los grupos de trabajo que estudian esta nueva ley buscan aplicar un nuevo concepto de lo que es la pena, ?que ser¨¢ vista no s¨®lo como la expiaci¨®n de la conducta delictiva, sino tambi¨¦n como la reinserci¨®n del recluso en la sociedad?.

La decisi¨®n parlamentaria de paralizar todas las esperanzas de indulto general le parecen razonables al subsecretario de Justicia. ?La pol¨ªtica sistem¨¢tica de indultos generales es mala porque eso significar¨ªa que las leyes penales no son las adecuadas.?

La amnist¨ªa pol¨ªtica

Uno de los casos m¨¢s controvertidos de amnist¨ªa pol¨ªtica de estos ¨²ltimos meses ha sido el que tuvo como beneficiarios a los presuntos asesinos del empresario Bult¨®. ?La amnist¨ªa pol¨ªtica -comenta el subsecretario de Justicia- no era medida de justicia, sino de car¨¢cter pol¨ªtico. Como tal era necesaria. En el proyecto que elabor¨® el Ministerio de Justicia se exclu¨ªan de la amnist¨ªa los responsables de delitos de sangre. La que se aprob¨® al final fue resultado de las proposiciones de los distintos grupos parlamentarios.?

?En nuestro proyecto -declara el se?or Ortega D¨ªaz-Ambrona- se dec¨ªa claramente que en los delitos en los que se apreciara ¨¢nimo de lucro no deb¨ªa advertirse intencionalidad pol¨ªtica. Pero se aprob¨® otra redacci¨®n que los tribunales han interpretado ligeramente.?

Las medidas que la Direcci¨®n General de Instituciones Penitenciarias ha adoptado a ra¨ªz de los recientes conflictos carcelarios ?se han tomado por razones de orden p¨²blico y han consistido en primer lugar en el traslado de una serie de reclusos al penal de El Dueso. Asimismo, se han dictado unas circulares en las que se explican medidas de excepci¨®n contempladas en el reglamento vigente. Tales medidas se las explicar¨ªa mejor que yo el director general de Instituciones Penitenciarias, que es quien las administra?.

La penuria del Ministerio

El tema de las c¨¢rceles es el m¨¢s urgente, pero no el m¨¢s grave, del Ministerio de Justicia, seg¨²n el subsecretario. La organizaci¨®n de la justicia, con creaci¨®n de nuevos juzgados, as¨ª como una nueva ley org¨¢nica del poder judicial, son las cuestiones de fondo que estudia ahora este departamento ministerial. Para llevar a cabo esta reforma, dice el subsecretario de Justicia, ?es preciso multiplicar los medios de que se dispone?.

?Con respecto a los presupuestos generales del Estado, en los ¨²ltimos cuarenta a?os no se ha pasado por encima del 3,6 %. Al rev¨¦s: se ha ido en sentido decreciente, hasta 1977, en que se pas¨® del 1,8 % al 2,1 % de los presupuestos globales. Si la sociedad no toma conciencia de que necesita hacer un sacrificio mejor para dotar a la administraci¨®n de justicia con los medios precisos, va a ser muy dif¨ªcil poner en pr¨¢ctica la citada reforma. Sorprenden los calificativos laudatorios que merece la funci¨®n judicial cuando se ve la falta de consecuencia remunerativa que tales calificativos tienen?.

La penuria econ¨®mica del Ministerio ha impedido una renovaci¨®n de las condiciones carcelarias, dice el subsecretario de Justicia. ?En el ¨²ltimo plan de desarrollo hab¨ªa menos de cien millones de pesetas para invertir en las c¨¢rceles. En el plan del actual ministro se contemplan m¨¢s de 10.000 millones.?

El poder judicial, tal como lo ve el Gobierno actual, se basar¨ªa en la idea de que se trata de un poder del Estado. Se potenciar¨ªa la funci¨®n del juez como garante de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos. El ministerio fiscal tambi¨¦n tendr¨ªa funciones hasta ahora no ejercidas y la Administraci¨®n dejar¨¢ de ser reguladora de tales derechos. Seg¨²n el proyecto de Constituci¨®n, ?s¨®lo habr¨¢ una jurisdicci¨®n, si se except¨²a la jurisdicci¨®n militar para tratar supuestos estrictamente castrenses?.

Con respecto a una de las leyes cuya abolici¨®n se pide desde distintos sectores, el subsecretario del Ministerio de Justicia anuncia que el grupo parlamentario de UCD introducir¨¢ las enmiendas correspondientes a un proyecto de revisi¨®n de parte del articulado de la ley de Peligrosidad Social elaborado por el PSOE. De momento, el se?or Ortega D¨ªaz-Ambrona no considera oportuna la derogaci¨®n total de esta ley. ?Hasta que no se apruebe la Constituci¨®n parecer¨ªa prematuro elaborar otra ley. Por otro lado, existe un clima de inquietud p¨²blica acerca de cuestiones de orden que desaconsejan ahora como medida oportuna la revisi¨®n de la citada legislaci¨®n. Lo que quiere hacer el Ministerio es trasladar temas de toxicoman¨ªa, locura, etc¨¦tera, hacia el ¨¢rea asistencial y despojarlos del contenido penal que tienen ahora. Tambi¨¦n se trata de suprimir medidas predelictuales, que eran una especie de profec¨ªa sobre los individuos a los que se les cre¨ªa posibles delincuentes.?

En el marco de la revisi¨®n del articulado del C¨®digo Penal se contemplar¨ªa la cuesti¨®n de las drogas blandas y de todo tipo de drogas, aunque el subsecretario de Justicia no especifica c¨®mo el Gobierno de UCD va a contemplar la revisi¨®n penal en ese amplio sector.

En cuanto a la psicosis sobre orden p¨²blico, el se?or Ortega D¨ªaz-Ambrona se?ala que ?hay sectores interesados en alimentar tal psicosis, sobre todo si al hacerla p¨²blica se reitera que la culpa es de la democracia?.