La guerra del campo

EL CAMPO no ha estallado. Las jornadas de protesta campesina que han conocido recientemente las provincias andaluzas no han supuesto un conflicto radical, pero no por eso han dejado de constituir un s¨ªntoma inquietante, una primera voz de alarma sobre la situaci¨®n social en la agricultura espa?ola. No ha habido ocupa ciones de tierras, o al menos no han pasado de ser operaciones aisladas, simb¨®licas y no excesivamente radicales. Pero el malestar existe, los problemas contin¨²an y se agravan cada d¨ªa que pasa. El campo no ha estallado pero la posibilidad de un estallido sigue en pie.Resulta verdaderamente irrisorio escuchar a estas alturas de boca de algunas autoridades que hay que hacer la reforma agraria. M¨¢s de siglo y medio despu¨¦s de que Colmeiro la reclamara en las Cortes de C¨¢diz de 1812 estas dos palabras constituyen el eslogan pol¨ªtico m¨¢s vac¨ªo de sentido, a lo largo de todas las ¨¦pocas y todos los reg¨ªmenes, y al mismo tiempo una flagrante acusaci¨®n. La situaci¨®n del campo en Espa?a es angustiosa, su problem¨¢tica social verdaderamente dram¨¢tica, y las ¨²nicas variaciones que se han registrado a lo largo de este siglo y medio han surgido por fen¨®menos exteriores al sector agrario: las transformaciones sociol¨®gicas del pa¨ªs, con la emigraci¨®n del campo a la ciudad y la emigraci¨®n al extranjero de los lustros pasados, el boom del turismo y la industrializaci¨®n de Espa?a. Estos tres factores, ajenos en principio a la problem¨¢tica campesina, son, los que han reformado, en tanto en cuanto ha habido reforma, que ¨¦se es otro cantar, la agricultura espa?ola.

La cl¨¢sica imagen de la contrata diaria de jornaleros en el verano andaluz ya no representa la realidad espa?ola, desde luego. Espa?a, ya no es eso: pero todav¨ªa esa imagen t¨®pica forma cruelmente parte de nuestra realidad. Cien mil jornaleros en paro en las ocho provincias andaluzas constituyen un fen¨®meno dram¨¢tico y explosivo, y que muestra a las claras que la crisis econ¨®mica que atraviesa el pa¨ªs entero- donde ya rozamos el mill¨®n de-parados, superando la media europea- se ha agudizado precisamente en el sector m¨¢s olvidado de nuestra econom¨ªa. Y hay que tener en cuenta que este centenar de miles de parados carece de seguro de desempleo,dada la especial regulaci¨®n de su seguridad social. Todav¨ªa no est¨¢n en pie de guerra, pero est¨¢ latente el riesgo de que se llegue a una explosi¨®n. Pues a los problemas econ¨®micos y de subsistencia se suman los sociol¨®gicos, el tradicional abandono de la vida campesina por parte del Estado y los de coyuntura: los sectores que tradicionalmente absorb¨ªan la mano de obra excedente -como han sido la construcci¨®n y la hosteler¨ªa- tambi¨¦n se hallan en dif¨ªcil situaci¨®n y resultan incapaces de recibir m¨¢s trabajadores.

Los 6.000 millones de pesetas dedicados por el Gobierno para el llamado empleo comunitario no constituyen una aut¨¦ntica soluci¨®n. En muchos casos son subvenciones a t¨ªtulo personal y casi a fondo perdido, d¨¢divas otorgadas sin la m¨¢s m¨ªnima rentabilidad, que no repercuten sobre la econom¨ªa de las regiones en las que se aplica y que en el fondo no son m¨¢s que una manera de acallar las protestas y evitar el planteamiento de graves problemas de orden p¨²blico. Se trata de una medida, pues, ineficaz y cara, que financia el mantenimiento del orden p¨²blico. Lo peores que al margen de esta medida la imaginaci¨®n gubernamental parece haberse secado.

La agricultura espa?ola s¨®lo sobrevivir¨¢ con una aut¨¦ntica reforma en profundidad, con una verdadera pol¨ªtica agraria, que es algo que ha brillado por su ausencia a lo largo de la historia espa?ola. Hay que industrializar las regiones, reordenar los cultivos, establecer un sistema de formaci¨®n de precios agrarios justo y realista y buscar nuevos mercados para los productos del campo. Y al mismo tiempo proteger la cultura campesina, facilitar el acceso de las regiones y comarcas m¨¢s retrasadas a los servicios normales de la sociedad espa?ola, a los bienes de la sociedad de consumo. Y, desde luego, reglamentar de una vez la seguridad social agraria, extender y controlar el seguro de desempleo, dentro del r¨¦gimen general de la Seguridad Social espa?ola al cual los campesinos, los jornaleros, ciudadanos como los dem¨¢s, tienen leg¨ªtimo derecho. Los partidos de izquierda y los sindicatos democr¨¢ticos, por el momento, parecen controlar en gran medida la situaci¨®n; pero, al mismo tiempo, y ello es perfectamente natural, la capitalizan en provecho propio, sobre todo con fines electoralistas cara a las municipales. Tal vez un gran sobresalto municipal sea necesario para que el Gobierno y la Espa?a democr¨¢tica se decidan de una vez a plantearse la urgencia de una pol¨ªtica agraria global y eficaz.