Las medidas antiterroristas, aceptadas con "reservas" por los partidos italianos

Las medidas extraordinarias contra el terrorismo adoptadas el martes por el Gobierno italiano fueron recibidas ayer, en general, con reservas y reticencias por los partidos pol¨ªticos italianos. Mientras que los grupos que apoyan al Gobierno Andreotti las han aceptado dada la gravedad del momento, aunque a rega?adientes, los socialistas y comunistas advirtieron que existen riesgos en dichas medidas, aunque tampoco creen suficiente movilizar a las masas. Por su parte, los radicales consideran dichas medidas como excepcionales y contrarias a la Constituci¨®n. El l¨ªder republicano, Ugo Malfa, se lamenta, por el contrario, de que no se haya decretado el toque de queda, y acusa de debilidad a quienes han criticado su propuesta de restablecimiento de la pena de muerte.

El Gobierno italiano dio, con estas medidas, los primeros pasos de lucha concreta contra el terrorismo, tratando de respetar el esp¨ªritu de su Constituci¨®n democr¨¢tica. Con el decreto-ley de medidas urgentes ha introducido, entre otras, las siguientes novedades: 1. Aumento de las penas (treinta a?os y en caso de muerte del secuestrado, cadena perpetua) a los secuestradores de persona y a quienes ?reciclan dinero sucio?; 2. En el plazo de 48 horas, quien alquile un piso tendr¨¢ que comunicarlo a la polic¨ªa; 3. La polic¨ªa ser¨¢ m¨¢s ?aut¨®noma? en cuanto al secreto de sumario, interrogatorios, interceptaciones telef¨®nicas y detenci¨®n de quien se niegue a declarar su identidad.Las normas vigentes hasta ahora, imped¨ªan toda comunicaci¨®n de noticias entre los jueces y entre ¨¦stos y la polic¨ªa (Ministerio del Interior). La polic¨ªa podr¨¢ interrogar ahora al detenido en ausencia de su abogado defensor. Se trata de ?informaciones sumarias?, seg¨²n precis¨® el ministro de la Justicia, Bonifado, que no podr¨¢n figurar en sumario, pero que ser¨¢n comunicadas al fiscal de la Rep¨²blica. El ministro del interior podr¨¢ pedir incluso oralmente a la Magistratura permiso por quince d¨ªas para interceptar los tel¨¦fonos, y la polic¨ªa podr¨¢ utilizar la informaci¨®n recogida.

Escasos efectos para el caso Moro

Casi todos los constitucionalistas est¨¢n de acuerdo en que ni la pena de muerte, ni el ?estado de peligro?, en que los gobernadores civiles podr¨ªan detener a cualquiera, ni el tribunal especial para delitos pol¨ªticos, con la exclusi¨®n de los jueces de carrera y los populares, acelerar¨ªan una soluci¨®n positiva del caso Moro. Tampoco el secuestro de Moro constituye un peligro de hundimiento de la Rep¨²blica, como no lo fueron en el pasado la matanza en Mil¨¢n de la plaza Fontana, ni la de Brescia. Pese a ello, en todo el pa¨ªs se mantiene viva la conciencia civil de lucha contra el terrorismo, agudizada por el secuestro de Moro. Los periodistas discuten sobre el deber profesional de informar con todos los detalles o callar. Los jueces del proceso de Tur¨ªn, contra Renato Curcio y sus catorce compa?eros, discuten sobre si va contra la Constituci¨®n el que la ley imponga un defensor de oficio al acusado. Se discute tambi¨¦n sobre el ?empe?o? de los intelectuales. El l¨ªder comunista Giorgio Amendola ha denunciado las ?excesivamente simplistas justificaciones sociol¨®gicas, excesivos cedimientos injustificados, excesivas coberturas culturales que han creado en torno al partido del extremismo armado un cintur¨®n protector?. Los grupos extraparlamentarios de Lucha Continua, de Democracia Proletaria y el movimiento estudiantil No Armado declaran no estar ?ni con el Estado ni con las Brigadas Rejas?.De la extraordinaria movilizaci¨®n de la polic¨ªa de estos d¨ªas esperan que vuelvan a sus casas los familiares de cuatro rehenes romanos todav¨ªa en manos de sus secuestradores. Son el pr¨ªncipe Massimiliano Grazioli, terrateniente; Giovanna Amati, hija de un propietario de cines; Michela Marconi, hija de un constructor, y Angelo Apolloni, empresario de viviendas.