?V¨ªsperas del Apocalipsis?

EL PROYECTO de ley de representaci¨®n de trabajadores en la empresa puede convertirse en la manzana de la discordia del jard¨ªn del consenso. La ofensiva de la Confederaci¨®n Espa?ola de Organizaciones Empresariales, instrumentada mediante comunicados que utilizan un lenguaje alarmista y hasta amenazador, ha sido contestada por las centrales sindicales en t¨¦rminos de significado opuesto, pero de parecido tono.No resulta f¨¢cil de entender que UCD haya colocado en plena recta final de los debates constitucionales un proyecto de ley tan conflictivo como el que comentamos. Se aplaz¨® la convocatoria de los comicios municipales contra viento y marea, incumpliendo sus propios compromisos y creando una grav¨ªsima crisis con el PSOE, con el argumento de que la campa?a electoral podr¨ªa excitar los ¨¢nimos y crear fricciones perjudiciales al consenso. Ahora, sin embargo, ha dejado que salte al ruedo uno de los temas de m¨¢s dif¨ªcil lidia de la etapa constituyente, ya que los conflictos de los intereses no resultan de tan c¨®moda negociaci¨®n y de tan equitativa resoluci¨®n como los enfrentamientos ideol¨®gicos.

La estrategia del Gobierno resulta todav¨ªa m¨¢s incomprensible si se tiene en cuenta que el Estado todav¨ªa no ha negociado con las centrales sindicales el destino del patrimonio del sindicalismo vertical y que carecemos de una ley ordenadora de los sindicatos y un marco legal nuevo y necesario de las relaciones colectivas de trabajo. Si se tiene en cuenta que sobre todo ello se suma una reforma fiscal que ha asustado seriamente al empresariado, la del sistema financiero y la propia realidad de la crisis econ¨®mica, los incentivos a la inversi¨®n se plantean desde luego dif¨ªciles.

La reacci¨®n de las centrales empresariales se caracteriza, no obstante, por su virulencia y despliegue de medios. Tambi¨¦n por su alarmismo. Una cosa es discrepar del proyecto de ley, tal y como ha salido de la ponencia, y otra, anunciar el advenimiento del juicio final. Sirvan como bot¨®n de muestra algunas predicciones de las asociaciones patronales sobre las consecuencias de la ley: ?Desaparici¨®n de la empresa y de la econom¨ªa libre de mercado?, ?la ruina econ¨®mica y social del pa¨ªs entero?, ?no habr¨¢ puestos de trabajo, no habr¨¢ salarios, ni inversi¨®n alguna?. Esas ominosas profec¨ªas esconden, sin duda, veladas amenazas. A ellas han contestado los l¨ªderes sindicales y la izquierda con parecidos argumentos: ?Provocaremos un mayo franc¨¦s? -lo que, sin duda, demuestra el desconocimiento que sobre dicho mayo tienen algunos sindicalistas espa?oles-, y con otras frases por el estilo han denunciado la posible movilizaci¨®n callejera en favor del proyecto.

Por lo dem¨¢s, la p¨¦rdida de los nervios por parte de los responsables de la CEOE se ha magnificado en las declaraciones de su presidente, Carlos Ferrer, en Estados Unidos, donde ha pronosticado el fin de la nonnata econom¨ªa de mercado en Espa?a. Lo que un l¨ªder puede y debe decir en misiones oficiales por el extranjero es un tema delicado. Vaticinar el caos en Espa?a puede suponer una actitud reservada por parte del mundo americano de los negocios respecto a las inversiones en nuestro pa¨ªs. Esto no interesa a los empresarios que all¨ª buscan financiaci¨®n internacional, ni al Estado, que hace otro tanto y que lo necesita para combatir el paro.

?Cu¨¢les van a ser las actitudes de los grupos parlamentarios ante la presi¨®n de empresarios y trabajadores, que comienza a te?irse de tintes tan demag¨®gicos en ambos casos? Alianza Popular parece dispuesta a poner a sus diputados al servicio de la CEOE. En cuanto a UCD, el car¨¢cter interclasista de su electorado y la coexistencia de corrientes ideol¨®gicas contrapuestas le sit¨²an en una posici¨®n dif¨ªcil. Es una inc¨®gnita la actitud que adoptar¨¢n socialistas y comunistas -principales inspiradores del proyecto en su ¨²ltima redacci¨®n-, enfrentados con un dilema que les puede obligar a elegir entre el consenso? pol¨ªtico y la presi¨®n de sus bases. Y estas cosas, sin duda, deb¨ªan haberse pensado a la hora de redactar el informe de la ponencia.

Por lo que respecta al contenido del proyecto de ley en discusi¨®n, la primera impresi¨®n es que se trata de una normativa que da forma jur¨ªdica a relaciones industriales correspondientes a sociedades avanzadas y con fuerte tradici¨®n sindical, tanto en lo que se refiere al n¨²mero de trabajadores afiliados como a la eficiencia de las propias centrales y a la responsabilidad y disciplina de sus cuadros y bases. El proyecto puede calificarse de ?puntero? respecto a la ley francesa de 27 de diciembre de 1968 y de la ley italiana de 20 de mayo de 1970, resultado todo ello de largas luchas y arduas negociaciones, en lo que a las atribuciones otorgadas al comit¨¦ de empresa se refiere. La ley, alemana de 1 de julio de 1976 que instaura la cogesti¨®n lo hace en empresas de gran volumen y con una experiencia que proviene de 1952.

Ahora bien, no es seguro que una normativa sindical que recoge las conquistas logradas en Europa por un movimiento obrero organizado, encuadrado disciplinadamente en centrales eficientes y poderosas, sea aplicable de inmediato a un pa¨ªs como el nuestro, carente todav¨ªa de instituciones y pr¨¢cticas propias de un sistema moderno de relaciones industriales y reci¨¦n salido de cuarenta a?os de corporativismo fascista, durante los cuales la demagogia y los despilfarros del verticalismo han creado vicios y pasividades dif¨ªciles de extirpar de la noche a la ma?ana. En nuestra opini¨®n, el Gobierno, los grupos parlamentarios, las asociaciones patronales y los sindicatos de trabajadores tendr¨ªan que hacer un resuelto esfuerzo por encontrar f¨®rmulas consensuales que, sin menoscabar lo que el proyecto tiene de positivo, adecuen su contenido, sobre todo en lo que se refiere a las atribuciones del comit¨¦ de empresa y de las asambleas, a nuestra situaci¨®n econ¨®mica y social y al nivel de nuestro incipiente desarrollo sindical, inst¨¢ndolo, adem¨¢s, en la perspectiva de las cuestiones m¨¢s generales que s¨®lo la negociaci¨®n del destino del patrimonio sindical, la consolidaci¨®n de las centrales y una ley de m¨¢s amplio ¨¢mbito sobre la regulaci¨®n del mundo sindical pueden aclarar. El actual momento pol¨ªtico no es, desde luego, el m¨¢s oportuno para esa labor. La sugerencia de que se retire el proyecto de ley del Parlamento, a fin de elaborar un nuevo texto en cuya negociaci¨®n intervengan tambi¨¦n las asociaciones empresariales y las centrales sindicales, merecer¨ªa m¨¢s atenci¨®n de lo que presumiblemente el estado de ¨¢nimo general va a permitir prestarle.