Acuerdo un¨¢nime sobre la regulaci¨®n del derecho de reuni¨®n y manifestaci¨®n

La Constituci¨®n reconocer¨¢ el derecho de reuni¨®n pac¨ªfica y sin armas, que no necesitar¨¢ autorizaci¨®n previa, y para las manifestaciones establecer¨¢ la comunicaci¨®n previa a la autoridad, que s¨®lo podr¨¢ prohibirlas cuando existan ?fundadas razones de alteraci¨®n del orden p¨²blico, con peligro para personas o cosas?. As¨ª fue aprobado ayer, al final de la sesi¨®n de la Comisi¨®n Constitucional, por unanimidad, regresando al consenso puesto en peligro la jornada anterior, reanudado en la ma?ana de ayer y de nuevo roto en el tema del control parlamentario de los Medios de Comunicaci¨®n Social del Estado.

El primer tema planteado a prop¨®sito del apartado primero del art¨ªculo veinte del anteproyecto, fue defendido por Rodolfo Guerra, del Grupo Socialistes de Catalunya. Propuso suprimir la reducci¨®n del derecho de reuni¨®n a los ?espa?oles?. Para el se?or Guerra, los 36 millones de turistas que, seg¨²n ¨¦l, nos visitan cada a?o no deben quedar excluidos de un derecho como el de reuni¨®n.Por Alianza Popular, Antonio Carro advirti¨® que tal pretensi¨®n era incongruente con lo que establecen otros preceptos ya aprobados de la Constituci¨®n, como el art¨ªculo doce, en el que se dice que ?solamente los espa?oles ser¨¢n titulares de derechos pol¨ªticos?.

Sin embargo, una pausa en el debate dio ocasi¨®n a la presentaci¨®n de una enmienda conjunta, en la que colaboraron UCD y el proponente de la enmienda, y que mereci¨® la aprobaci¨®n un¨¢nime.

En el debate del apartado segundo, Gregorio Peces-Barba defendi¨® el voto particular socialista, por el que se intentaba una regulaci¨®n detallada del derecho de reuni¨®n y manifestaci¨®n. El argumento esgrimido por el se?or Peces-Barba fue que este derecho debe tener como ¨²nica fuente la Constituci¨®n y no remitirse a la ley, como pretend¨ªa el texto del anteproyecto. Se?al¨® la conveniencia de tasar con precisi¨®n el procedimiento a seguir para el ejercicio del derecho, sin dejar a la autoridad gubernativa posibilidades de decidir discrecionalmente. Reconoci¨® que en el fondo de la propuesta subyac¨ªa una desconfianza hacia el modo como hab¨ªa ejercido la autoridad franquista sus atribuciones, pero a?adi¨® que las garant¨ªas que se quer¨ªan constitucionalizar no lo ser¨ªan s¨®lo para los socialistas, sino para todos.

El debate se convirti¨® en una pol¨¦mica entre Jos¨¦ Luis Meil¨¢n (UCD) y Gregorio Peces-Barba (PSOE), en la que se utilizaron argumentos de derecho comparado, de car¨¢cter doctrinal y de exhibici¨®n mutua de erudici¨®n sobre la materia. La propuesta de Jordi Sol¨¦ Tur¨¢, en nombre de su compa?ero del Grupo Comunista, Fernando Soto, encaminada a sustituir el t¨¦rmino autorizaci¨®n por el de comunicaci¨®n, dio origen a lo que el propio se?or Sol¨¦ calific¨® de ?di¨¢logo de sordos? con el se?or Meil¨¢n.

El tema se zanj¨® como en tantas ocasiones, mediante la negociaci¨®n entre los grupos durante una pausa, fruto de la cual se hall¨® una f¨®rmula que obtuvo la unanimidad final de la jornada.

Sin tema legislativo sobre el que discutir, los miembros de la Comisi¨®n se enzarzaron entonces en una larga discusi¨®n sobre el programa de trabajo de la pr¨®xima semana, sobre el que fue imposible lograr el consenso.