L¨ªmites a la libertad de informaci¨®n en el Reino Unido

El veredicto de Desacato al juez y la multa impuesta a dos publicaciones radicales -The Leveller y Peace News-, y al peri¨®dico portavoz del sindicato de los periodistas brit¨¢nicos por revelar la identidad del ?Coronel B?, testigo en un caso de secreto oficial, han multiplicado el clamor informativo a favor de una reforma profunda de la ley de Secretos Oficiales que vive en Gran Breta?a, el principal artificio, pero no el ¨²nico, de un complejo y sutil mecanismo de control informativo.Descrita por Anthony Sampson (en su libro Nueva anatom¨ªa de GB), como el entramado que preserva al Gobierno de las miradas indiscretas en los asuntos serios, la influencia y consecuencias de esta ley no son analizadas nunca en los medios de difusi¨®n masivos, ni el tema, por su misma naturaleza, inquieta al gran p¨²blico del Reino Unido, pero s¨ª es objeto de una creciente atenci¨®n parlamentaria.

Porque lo cierto es que el flujo de la informaci¨®n oficial est¨¢ en Inglaterra rigurosamente controlado por la letra de una ley de 1911, aprobada por el Parlamento en treinta minutos y en medio de una aut¨¦ntica fiebre por impedir a toda costa el espionaje alem¨¢n. Sesenta y siete a?os despu¨¦s, un gran aparato estatal regula y filtra la corriente informativa de los diversos departamentos ministeriales. Y los funcionarios brit¨¢nicos, sus v¨ªctimas principales, y los periodistas se enfrentan a la permanente espada de Damocles (expulsi¨®n o persecuci¨®n judicial) de un texto cuyas ambiguas previsiones pueden convertir en secreto oficial casi cualquier tema, y en delito, que puede llevar a la c¨¢rcel, su divulgaci¨®n.

En su manifiesto electoral de febrero de 1974, el Partido Laborista prometi¨® la abrogaci¨®n de la ley y su sustituci¨®n por unas regulaciones abiertas, al estilo de las existentes en Suecia o en Estados Unidos. En el curso de los cuatro a?os transcurridos, los ministros del Interior -primero el se?or Jenkins, m¨¢s tarde Merlyn Rees- han explicado en el Parlamento que estaba en marcha una reforma sustancial de su temida secci¨®n 2, la m¨¢s generalizadora y ambigua.

Pero en medios informativos ya se da por seguro que, aunque la promesa se cumpla, se dejar¨¢ intacta la secci¨®n 1 del texto, que contempla el espionaje con la ¨®ptica de 1911 y bajo cuya letra fueron actividades de los servicios secretos norteamericano y brit¨¢nico, los periodistas Mark Hosenball y Philip Agee, ¨¦ste ¨²ltimo ex funcionario de la CIA. Al amparo de la secci¨®n 1 fueron detenidos hace un a?o los periodistas brit¨¢nicos Duncan Campbell y Crispin Aubrey, que siguen privados de pasaporte y cuyo proceso por revelar detalles sobre experiencias en el ej¨¦rcito, relatadas por un ex cabo, se ver¨¢ en septiembre.

Para numerosos periodistas brit¨¢nicos lo m¨¢s peligroso de la ley es su espec¨ªfica vaguedad, es decir, su capacidad para abarcarlo todo, como el art¨ªculo segundo de la ley de Prensa que el se?or Fraga Iribarne patrocin¨® en Espa?a. La secci¨®n 2 de la ley vigente en Inglaterra califica de delito cualquier revelaci¨®n no autorizada de cualquier informaci¨®n oficial hecha por un funcionarlo de la Corona, o su recepci¨®n y posterior comunicaci¨®n. Esta percepci¨®n del delito potencial, m¨¢s que la vulneraci¨®n en alg¨²n punto concreto, es la que pesa sobre los funcionarios y la mejor autocensura para los responsables de los medios informativos, contra los que, por otra parte, la ley se aplica en contadas ocasiones.

El Gobierno, sin embargo, se reserva m¨¢s sutiles canales de presi¨®n y su resultado es la sistem¨¢tica ausencia de determinados temas o informaciones (sobre todo los que rozan las ¨¢reas militares, estrat¨¦gicas o los relacionados con las fuerzas de seguridad) de las p¨¢ginas de los m¨¢s respetados peri¨®dico nacionales o de las emisiones de radio y televisi¨®n.

Un viaje silenciado

Ejemplo nimio: ni uno s¨®lo de los grandes matutinos londinenses dio la noticia de la secreta reuni¨®n de tres d¨ªas que sobre el tema de Espa?a y la OTAN se mantuvo en abril en una finca cercana a Oxford, a pesar de que fue necesaria una operaci¨®n de seguridad para que el helic¨®ptero del general Alexander Haigh, jefe supremo de la OTAN en Europa, aterrizara en la misma puerta de Ditchley Park. S¨®lo el semanario Time Out, una gu¨ªa de espect¨¢culos, contestataria con claras connotaciones pol¨ªticas, public¨® un ir¨®nico pie de foto del helic¨®ptero del general Haigh, dando noticia del motivo de su viaje.La OTAN y la situaci¨®n en el Ulster son, probablemente, los dos temas de actualidad cotidiana sobre los que m¨¢s se hace sentir el peso de las restricciones informativas oficiales. Del se?or Steel es urgente acabar de una vez con la amenaza de persecuci¨®n judicial que corre todo aquel que revela informaci¨®n que s¨®lo a la luz de una ley evidentemente obsoleta podr¨ªa poner en peligro la seguridad nacional. Se sabe ya que el Libro Blanco del Gobierno, que en s¨ªntesis intentar¨ªa atribuir a los ministros, en vez de a los funcionarios, el control del tono y el volumen de la informaci¨®n oficial, se enfrenta a todo tipo de objeciones por parte de diferentes departamentos ministeriales.

Hace un mes, el director del diario comunista Morning Star, recibi¨® una nota gubernamental en la que se le comunicaba que los responsables de los dos cuerpos de espionaje brit¨¢nico, el MI 5 y el MI 6, iban a ser reemplazados. Al portavoz del PC le falt¨® tiempo para publicar la noticia que por error le hab¨ªa suministrado Downing Street, aunque no cit¨® la identidad de los nuevos jefes, que el Gobierno prefiere mantener secreta por razones de seguridad personal. La an¨¦cdota ilustra el segundo precedimiento mediante el cual el Gobierno se previene contra la difusi¨®n de informaciones que considera secretas: el llamado D Notice Committee, que ahora dirige un contraalmirante y cuya existencia no fue p¨²blicamente conocida hasta 1962.

El comit¨¦, pendiente del Ministerio de Defensa, reun¨ªa regularmente a los responsables de una lista de medios informativos. Previamente aquilataba comuniciones sobre la conveniencia de no publicar determinadas noticias. En la pr¨¢ctica totalidad de los casos, y pese a no estar obligados a ello, los periodistas cumplen las recomendaciones, sin ninguna verificaci¨®n o discusi¨®n sobre su naturaleza y/o necesidad.

Los mecanismos descritos, m¨¢s los casi 1.500 funcionarios dedicados a canalizar y seleccionar la informaci¨®n de los departamentos ministeriales, am¨¦n de un centro, la Oficina Central de Informaci¨®n, en el que otras mil personas trabajan en la difusi¨®n de material oficial, proveen al Gobierno brit¨¢nico de un cintur¨®n de seguridad informativo poco visible desde el exterior y cuyo rigor y oficiosidad por excesivos y desfasados, est¨¢n ahora sometidos a asedio.