El monopolio de la violencia

LA ATRIBUCION al Estado, como uno de sus rasgos definitorios, del ?monopolio leg¨ªtimo de la violencia? posee un contenido conceptual m¨¢s riguroso que los aparatosos t¨¦rminos que lo expresan. Significa, por un lado, que el poder p¨²blico, al recabar para s¨ª en exclusiva el ejercicio de la fuerza, proh¨ªbe a los diversos grupos que compiten dentro de la sociedad civil la utilizaci¨®n de las armas y de los medios coercitivos. Pero tambi¨¦n quiere decir, por otro lado, que ese monopolio de la violencia el Estado lo recibe de la sociedad y debe ejercitarlo de acuerdo con las eyes y respetando los derechos inalienables del ser hu mano y las libertades pol¨ªticas de los ciudadanos. De lo que se deriva, obviamente, que los funcionarios del Esta do que portan las armas no pueden actuar, en condici¨®n de tales, m¨¢s que dentro del campo de competencias que las leyes les asignan y cumpliendo las ¨®rdenes de sus superiores jer¨¢rquicos. Durante una larga etapa, el Estado aplic¨® en nuestro pais ese monopolio de forma sesgada. A los grupos de la extrema izquierda (o simplemente de la izquierda durante los a?os cuarenta) se les impidi¨® que arrebataran al Estado ese atributo de la soberan¨ªa que es el uso exclusivo de la fuerza. Y si los terroristas o grupos violentos de la izquierda no han sido siempre desarmados, la raz¨®n no hay que buscarla en las dudas de los ¨®rganos del Estado para hacerlo, sino en las dificultades pr¨¢cticas que han encontrado los servicios de seguridad para conseguirlo.

Es evidente que no cabe formular cr¨ªticas contra el Estado por su actitud frente a la violencia de la izquierda. Pero s¨ª, en cambio, por la injustificable tolerancia que, durante una prolongada etapa, han disfrutado en Espa?a los instrumentadores de la violencia de derecha. Las criminales haza?as de la Internacional Negra en Montejurra y la calle de Atocha, las brutales razzias de las bandas de ?incontrolados? en el Pa¨ªs Vasco y las agresiones cotidianas en pleno centro de Madrid a pac¨ªficos viandantes demuestran que, desgraciadamente, las nocivas pr¨¢cticas del franquismo cuando grupos paramilitares de la ultraderecha se yuxtapon¨ªan a las fuerzas de orden p¨²blico para disolver manifestaciones o desalojar conventos, no terminaron con el fallecimiento del dictador.

En esa perspectiva, las promesas del ministro del Interior de prohibir los atav¨ªos paramilitares, impedir la utilizaci¨®n de los colores de la bandera nacional con fines partidistas, desarmar a los inatones de los grupos fascistas y poner coto a los desafueros de los b¨¢rbaros que siembran el terror en el barrio de Salamanca no pueden sino ser recibidas con esperanza. Al igual, por lo dem¨¢s, que su compromiso de acabar con las bandas de ?incontrolados?, de las que forman parte, adem¨¢s de otros elementos de localizaci¨®n no siempre segura, individuos ampliamente conocidos por sus conspicuas simpat¨ªas involucionistas.

Pero el Estado no posee un monopolio de la violencia simplemente f¨¢ctico. En tal caso, ser¨ªa indistinguible de una organizaci¨®n institucionalizada de gangsters o bandoleros. Ese monopolio debe ser leg¨ªtimo, esto es, constituye una delegaci¨®n de la sociedad y debe ser ejercido de acuerdo con las leyes. El anteproyecto de la Constituci¨®n permite, a este respecto, ser ampliamente optimistas. La regulaci¨®n de los derechos de los ciudadanos y de los deberes de la Administraci¨®n para su garant¨ªa configuran, hacia el futuro, un verdadero Estado de Derecho.

Ahora bien, para que ese disfrute exclusivo de la fuerza sea realmente leg¨ªtimo es condici¨®n sine qua non que el Estado no tolere, en ninguna circunstancia y, bajo ning¨²n pretexto, que los funcionarios a quienes se confla el uso de las armas las utilicen al servicio de sus propios intereses, sean personales o de grupo. En ese sentido, el expediente disciplinario incoado a miembros de las fuerzas de orden p¨²blico por haber dado su apoyo a quienes, desde la extrema derecha, tratan de arrebatar al Estado ese temible atributo de dictar la ley y hacer justicia y aplicarla, establecen un encomiable precedente, cuyo pleno y consecuente desarrollo es una imperiosa necesidad para la consolidaci¨®n de la democracia en Espa?a.

En un plano distinto, pero no menos grave, la inveros¨ªmil informaci¨®n de que una bandera de la Legi¨®n ha realizado, por su cuenta y riesgo, una parada militar en el Valle de los Ca¨ªdos ante miembros de la familia del anterior Jefe del Estado, en un homenaje que por su escenario, por su significaci¨®n y por, sus actores no puede recibir el calificativo de particular e ¨ªntimo, constituyen serio motivo de preocupaci¨®n y de alarma. Porque la sociedad espa?ola, que demostr¨® en el pasado D¨ªa de las Fuerzas Armadas su respeto al Ej¨¦rcito, no puede aceptar que los s¨ªmbolos y los efectivos en que el monopolio leg¨ªtimo de la violencia m¨¢s claramente se expresa sean utilizados seg¨²n los criterios personales, las creencias ideol¨®gicas o las simpat¨ªas pol¨ªticas de quienes los reciben s¨®lo por delegaci¨®n y sometidos a disciplina.