Desmilitarizar la marina mercante

Hace unas semanas sali¨® de la prisi¨®n Modelo de Barcelona, un marinero procesado por la jurisdicci¨®n militar, y al que se le acusa de uno de los delitos tipificados en la vigente ley Penal y Disciplinaria de la Marina Mercante (LPDMM). No se sabe de qu¨¦ delito concreto se le acusa, pero se ha pasado ya nueve meses en la c¨¢rcel. De los hechos que se conocen podemos deducir que el ?delito? del marinero Ramiro Lago Mato fue discutir, con toda la violencia acumulada en un pesquero que lleva m¨¢s de un mes alejado de su patria y donde el trabajo est¨¢ organizado por, un implacable destajo, con el patr¨®n de pesca del barco. Simplemente una discusi¨®n en horas de trabajo entre obrero y capataz. Por orden de la Comandancia de Marina de Barcelona, el marinero ingres¨® en prisi¨®n el 28 de julio de 1977. Ni ¨¦l ni su abogado saben todav¨ªa por qu¨¦ le procesa la jurisdicci¨®n militar...No se trata de una excepci¨®n, como en el c¨¦lebre caso de Albert Boadella y Els Joglars. Aqu¨ª estamos ante la aplicaci¨®n de una norma mediante la cual un trabajador de la mar, cualquiera que sea su puesto de trabajo a bordo, puede ser juzgado en consejo de guerra por supuestos delitos que nada, absolutamente nada, tienen que ver con lo militar.

La LPDMM, promulgada en 1955 e inspirada en el c¨®digo fascista italiano de navegaci¨®n, est¨¢ basada sobre una serie de valores que se consideran superiores y a los que se subordina la vida a bordo: disciplina a ultranza hacia los superiores -incluso, aunque el capit¨¢n o el patr¨®n del buque se haya equivocado. el art¨ªculo 92 de la ley recomienda a las autoridades de marina sostener sus decisiones-, elitismo de un sector de la tripulaci¨®n, la oficialidad, frente al resto de los trabajadores (insultar o maltratar a un contramaestre, en vez de a un piloto, constituye circunstancia atenuante, el insulto a superior se castiga con pena de prisi¨®n menor, hasta seis a?os, mientras el insulto a inferior recibe s¨®lo la de arresto hasta seis meses).

La ley, concebida con criterios corporativistas y totalitarios, considera el trabajo a bordo como un deber y un servicio, no como un derecho y una fuente de ingresos. Toda la problem¨¢tica sociolaboral es reducida pr¨¢cticamente a una simple cuesti¨®n disciplinaria. Su utilidad ha sido clara para el beneficio sin tasa de los armadores: la marina mercante ha callado hasta muy recientemente sus grav¨ªsimos problemas laborales por el temor a la ley y a un consejo de guerra.

Por si esto fuera poco, todos los servicios civiles de la marina mercante en relaci¨®n con los trabajadores est¨¢n a cargo de las Comandancias de Marina y del personal militar que las ocupa.

La situaci¨®n de permanente militarizaci¨®n de la marina mercante es grave y resulta lastimoso contemplar la importancia que se concede a ciertos casos individuales mientras se olvida -o no se pone el suficiente inter¨¦s- en cambi¨¢r una situaci¨®n que afecta a decenas de miles de trabajadores. Cierto es que la mayor responsabilidad en la lucha por acabar con el militarismo en el sector nos corresponde a nosotros, los trabajadores de la mar, y es por ello que en la ¨²ltima coordinadora del Sindicato Libre de la Marina Mercante -que agrupa al 80 % de los trabajadores del sector- se decidi¨® la preparaci¨®n de una huelga general si la Administraci¨®n (?se cumplen o no se! cumplen los pactos de la Moncloa?) no satisface con urgencia nuestras exigencias.

La LPDMM debe ser abolida de inmediato y sustituida por un c¨®digo de conducta a bordo que penalice tan s¨®lo aquellas conductas que pongan en peligro la seguridad de la navegaci¨®n y de los tripulantes, y que contemple las facultades disciplinarias de los capitanes desde una nueva ¨®ptica democr¨¢tica. La jurisdicci¨®n militar ha de ser borrada del mundo laboral mar¨ªtimo: como cualesquiera otros ciudadanos. En cuanto a las Comandancias de Marina, el actual Ministerio de Transportes debiera iniciar los estudios pertinentes para, en plazo m¨¢ximo de un a?o, sustituirlas por ¨®rganos civiles no militares, revisando, naturalmente, las excesivas facultades, sobre todo de tipo sancionador, que tienen hoy las Comandancias.

La nueva situaci¨®n de marcha hacia la democracia exige que estas reformas se acometan de inmediato.. Y que nuestra voz, sea escuchada y tenida en cuenta.