Los partidos vascos reivindican los conciertos econ¨®micos

Toda la izquierda vasca, a excepci¨®n del PSOE y PCE, acudir¨¢ hoy junto con el PNV a la manifestaci¨®n convocada para las siete de la tarde en Bilbao con el objeto de reivindicar la restauraci¨®n de los conciertos econ¨®micos en Vizcaya y Guip¨²zcoa, as¨ª como el mantenimiento de los reg¨ªmenes vigentes en Alava y Navarra.

Aunque la movilizaci¨®n no va a ser todo lo unitaria que pretend¨ªan los nacionalistas, ya que la mayor¨ªa de la izquierda ha decidido aprovechar la oportunidad para pedir tambi¨¦n el reconocimiento del derecho de autodeterminaci¨®n y unas inmediatas elecciones municipales, lo cierto es que la exigencia de los conciertos va a agrupar de hecho a casi toda la oposici¨®n vasca.

Incluso los partidos que han decidido abstenerse de la manifestaci¨®n aseguran estar de acuerdo en principio con tal petici¨®n, aunque entienden que todav¨ªa hay medios suficientes, sobre todo a trav¨¦s del Consejo General, para conseguirla sin necesidad de echarse a la calle. Incluso la UCD se ha manifestado en este sentido.

A la vista de todo esto podr¨ªa decirse que al menos en este tema est¨¢n unidas todas las fuerzas pol¨ªticas de Euskadi, incluidos los grandes partidos de ¨¢mbito estatal. En buena l¨®gica no deber¨ªa haber, por tanto, problema alguno para el reconocimiento de los conciertos econ¨®micos, incluso con rango constitucional.

La realidad es muy otra. Los conciertos no son un concepto un¨ªvoco y cada partido los entiende de una determinada manera. La interpretaci¨®n dada por los dos partidos mayoritarios puede resultar esclarecedora a este respecto.

Entre la soberan¨ªa y la unidad fiscal

La posici¨®n del PNV, expresada a trav¨¦s de su presidente, Carlos Garaicoechea, podr¨ªa resumirse en estas palabras: ?Los conciertos econ¨®micos constituyen para nosotros el reconocimiento de una hacienda propia, con capacidad normativa, de recaudaci¨®n y gesti¨®n. Ahora bien, no buscamos privilegios y, por tanto, admitimos las siguientes limitaciones: armonizaci¨®n de nuestro sistema impositivo con el general, contribuci¨®n negociada a las cargas generales del Estado y aportaci¨®n a los fondos de solidaridad.?El se?or Garaicoechea entiende que este planteamiento no queda satisfecho por la f¨®rmula prevista en el anteproyecto constitucional, que contempla la posible cesi¨®n, total o parcial, de determinados impuestos generales a un territorio aut¨®nomo. ?No nos satisface, porque el Estado se reserva de forma exclusiva la soberan¨ªa fiscal. ?

Los socialistas entienden, por su parte, que los conciertos econ¨®micos, no pueden crear en ning¨²n caso situaciones de privilegio y deben ser, por consiguiente, homologables a los reg¨ªmenes fiscales que se establezcan para los restantes territorios aut¨®nomos. No cuestionan la f¨®rmula t¨¦cnica -aceptan el sistema de cupos negociados con la Administraci¨®n central-, pero en ning¨²n caso quieren entrar a discut¨ªr principios de soberan¨ªa fiscal, tema este que resulta b¨¢sico para los nacionalistas.

El PNV habla de armonizar los impuestos b¨¢sicos con los generales del Estado, mientras que los socialistas exigen que el sistema fiscal com¨²n no pueda en ning¨²n caso reducirse en los territorios aut¨®nomos, aunque se reconoce a ¨¦stos la posibilidad de crear figuras impositivas de nueva planta.

Una vez determinado que los impuestos generales deben aplicarse con car¨¢cter unitario, los socialistas entienden que la negociaci¨®n con el Estado debe servir para evaluar el coste de las competencias que se reserve el Estado y las que se atribuyan a los territorios aut¨®nomos. Las competencias que en cada caso se transfieran a ¨¦stos ir¨¢n acompa?adas de su correspondiente dotaci¨®n presupuestaria.

Resulta evidente que mientras los nacionalistas reivindican el principio de soberan¨ªa fiscal a trav¨¦s de los conciertos econ¨®micos, los socialistas limitan el tema a una simple cuesti¨®n de descentralizaci¨®n administrativa. Pese a esta sensible diferencia de origen ambos partidos llegaron a un acuerdo gen¨¦rico para apoyar en com¨²n la petici¨®n de unos conciertos econ¨®micos con el compromiso de que en ning¨²n caso la presi¨®n fiscal en las provincias vascas por todos los conceptos pueda ser inferior a la del resto del Estado.

Un siglo de conciertos

Hace justamente un siglo -en febrero de 1878- fue suscrito el primer concierto econ¨®mico entre el Gobierno de Alfonso XII, presidido por C¨¢novas y las diputaciones de Alava, Guip¨²zcoa y Vizcaya. Era el ¨²ltimo residuo de unos fueros abolidos dos a?os antes. La falta de unos datos estad¨ªsticos que permitieran la aplicaci¨®n de los impuestos generales a las provincias citadas fue uno de los motivos que condujeron al r¨¦gimen concertado.Este primer concierto fue fijado unilateralmente por Madrid, que exigi¨® unos cupos por cada uno de los impuestos que reg¨ªan a escala general. Aplic¨® para ello una evaluaci¨®n global, de forma que las tres provincias vascas ingresaran en el tesoro p¨²blico unas contribuciones similares a las aportadas por otras regiones de caracter¨ªsticas similares.

El Estado limitaba as¨ª su intervenci¨®n en materia fiscal a que las tres diputaciones le pagaran las cantidades fijadas, sin establecer ni la forma de recaudaci¨®n ni el destino que pudiera darse a los restantes ingresos.

Una administraci¨®n eficaz, el mantenimiento de cupos fijos, a pesar de la devaluaci¨®n monetaria, y el creciente proceso de industrializaci¨®n hicieron que las diputaciones vascas pudieran disponer de una hacienda muy saneada. Frente a un Estado miserable, incapaz de atender las exigencias m¨¢s elementales, estas diputaciones se hicieron cargo de importantes aspectos de la ense?anza, obras p¨²blicas, sanidad, etc¨¦tera. A falta de una descentralizaci¨®n administrativa jur¨ªdicamente reconocida, los conciertos econ¨®micos ofrecieron de hecho los medios necesarios para que las diputaciones se hicieran cargo, de forma muy satisfactoria, de determinados servicios que en otras provincias atend¨ªa el Estado con muchas deficiencias.

Este mecanismo fue abolido por Franco el 23 de junio de 1937 en las provincias de Vizcaya y Guip¨²zcoa, mientras la misma f¨®rmula se manten¨ªa en Alava por haberse sumado a la insurrecci¨®n desde el primer momento. Este decreto de guerra ser¨ªa abolido por el primer Gobierno del rey Juan Carlos I, pero esta amnist¨ªa no sirvi¨® para que de forma autom¨¢tica pudiera volverse a la situaci¨®n anterior. En cierto modo cabr¨ªa decir que la condena sigue vigente, a pesar de haberse reconocido la inexistencia de delito.

Al margen de que los conciertos econ¨®micos que puedan implantarse en el futuro se ajusten o no a lo exigido por nacionalistas o socialistas, lo que resulta evidente para las fuerzas pol¨ªticas vascas es que no se puede mantener este castigo cuando la causa que lo origin¨® ha sido ya amnistiada.